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Quién sabe si la NASA conseguirá alguna vez diseñar un dispositivo capaz de leer los “pensamientos sospechosos”. De tener éxito, el trabajo de las autoridades de inmigración estadounidenses se volvería muy fácil. Mientras tanto, los extranjeros que necesitan visa para entrar a Estados Unidos deberán seguir desplegando todos sus poderes de persuasión para convencer a sus entrevistadores de que no tienen la menor intención de quedarse a vivir allá. Desde que el año pasado nuestro país fue eliminado del Programa de Exención de Visas (VWP), los argentinos que quieren viajar a Estados Unidos también deben pasar por esta entrevista en la embajada estadounidense. La eficacia del actual sistema sólo depende de la interpretación, totalmente subjetiva, del funcionario que los interroga. “Hasta que no tengamos un sistema para leer mentes, tenemos que investigar a las personas”, decía el año pasado Gregory Frost, cónsul general norteamericano en Buenos Aires. “Queremos evitar la entrada de aquellos que puedan hacernos daño”, agregaba en una nota de Página/12.
Pero el trámite no termina ahí. A partir del 1° de enero de 2004, los extranjeros que viajen a Estados Unidos deberán sacarse una foto y registrar sus huellas digitales. De lo contrario, no podrán entrar a ese país. Estos datos se usarán para determinar si la persona tiene “conexiones terroristas, delitos criminales o si permaneció más tiempo de lo que su visa permitía”, dice Asa Hutchinson, subsecretario de Seguridad Interior norteamericano. Pero incluso los pasajeros que apenas se queden unas horas en un aeropuerto estadounidense, deberán contar con su visa. Hace unos días, el Departamento de Estado norteamericano suspendió dos programas que permitían a los extranjeros que no participan del VWP hacer escalas en tránsito territorio estadounidense sin tener visa. O sea, que si un argentino viaja a Japón con una aerolínea que hace escala en Los Angeles, deberá pagar sin chistar los 100 dólares que sale la visa. Las agencias de turismo advirtieron que si la suspensión se convierte en ley, las personas que se vean forzadas a comprar la visa elegirán aerolíneas que no sean norteamericanas. United Airlines dice que esto no impactará demasiado en sus finanzas. Pero los operadores de viajes asiáticos y latinoamericanos ya se están agarrando la cabeza porque como no hay vuelos directos entre esos dos continentes y se calcula que las pérdidas serán millonarias.
Pensándolo bien, quizás a muchos les convenga quedarse en casa. Los extranjeros que logren pasar todas estas pruebas podrán toparse todavía con la USA Patriot Act, o Ley Patriota, que elimina los derechos de habeas corpus para los no ciudadanos. Y que autoriza al secretario de Justicia John Ashcroft a detener por tiempo indefinido a cualquier extranjero que él considere una amenaza para la seguridad nacional.
Alguien te está vigilando
Lo de leer las mentes no es el delirio de un diplomático varado en el Tercer Mundo que sueña con un destino más glamoroso. Según el Centro de Información Privada Electrónica (EPIC), la NASA planea implantar “sensores neuroeléctricos no invasivos” o escaneos cerebrales en los aeropuertos para detectar patrones de comportamientos sospechosos. Además, se ha propuesto implementar una tarjeta de “viajero confiable” cargada con información biométrica como la voz, las huellas digitales o la palma de la mano para identificar a una persona. Pero algunos funcionarios advierten que sería lo primero que un terrorista trataría de conseguir. Según EPIC, la Agencia de Seguridad de Transporte distribuyó una lista entre las aerolíneas que viajan a Estados Unidos con los nombres de cientos de personas a las que no se les debería permitir abordar ningún vuelo. Si, por ejemplo, un pasajero acumula demasiadas millas entre Medio Oriente y Estados Unidos o es un habitual comprador de sospechosos artículos de ferretería, esto sería razón suficiente para incorporarlo a la lista. Algunas organizaciones de derechos humanos han advertido sobre este asalto a la privacidad. Pero es poco lo que pueden hacer. Ni siquiera la prensa se atrevió a cuestionarla. Cuando hace casi dos años el Senado norteamericano aprobó la Ley Patriota por 98 a 1, los medios de ese país ni se inmutaron. Algunos periodistas de Washington dicen que “no hubo tiempo” para que la prensa se ocupara del proyecto de ley. “Tuvieron cinco semanas para estudiarlo”, desmiente Mark Hertsgaard, escritor y periodista de la National Public Radio. “Para gente que todos los días enfrenta plazos de entregas en su trabajo, era tiempo más que suficiente”, indica.
La Ley Patriota echó por tierra varios artículos de la Constitución norteamericana. En uno de los puntos más polémicos de esta ley, los actos “peligrosos” para las personas pueden considerarse terrorismo si “parecen tener el fin de influir en la política gubernamental mediante intimidación”. Un activista contra la reciente guerra en Irak o un militante de Greenpeace, por ejemplo, entrarían en esta definición. Además, con esta ley los agentes de inteligencia pueden allanar la casa de un ciudadano sin avisarle, pinchar su teléfono, espiarlo mientras navega por Internet o vigilar lo que lee en una biblioteca pública (pueden confiscar los registros bibliotecarios). Por si esto fuera poco, un decreto de George W. Bush ordena que cualquier extranjero que él considere sospechoso de terrorismo puede ser juzgado por la justicia militar. Y en mayo, el Senado aprobó una ley que busca eliminar el vacío legal que, según sus autores, impidió que antes del 11 de septiembre el FBI consiguiera una autorización para incautar la computadora del marroquí Zacarías Moussaoui, el único acusado por los atentados. Con esta ley, el FBI podrá detener a extranjeros y pinchar sus teléfonos sin verse obligado a probar que pertenecen a grupos terroristas.
Además, el gobierno tiene carta blanca para usar información de inteligencia contra los inmigrantes, lo cual se ha convertido en un verdadero negocio. En abril, la empresa ChoicePoint admitió que comercializa los datos personales de más de cien millones de latinoamericanos a la Oficina de Servicios de Inmigración y Domicilio (BCIS) estadounidense. Esta empresa le vende al Estado desde la fecha de nacimiento y dirección hasta información sobre cuentas bancarias, títulos de propiedad, juicios y deudas de los ciudadanos de nueve países latinoamericanos, entre los cuales figura Argentina. ChoicePoint asegura que esta información jamás va a ir a parar a las agencias de inteligencia. Sin embargo, Chris Hoofnagle, asesor de EPIC, afirma que hay documentos que demuestran que las bases de datos de ChoicePoint pueden ser utilizadas por los servicios secretos para investigaciones sobre terrorismo o espionaje. “Sería estúpido que las usaran sólo para una investigación migratoria”, dice.
La peor recesión en años
De modo que no parece el mejor momento para ir en busca del sueño americano. Encima, desde que Bush asumió la presidencia, el sector privado perdió más de 2,5 millones de puestos de trabajo, el desempleo subió al 6,4 por ciento –la tasa más alta en nueve años–, más de dos millones de estadounidenses quedaron sin cobertura médica. Los estados que en los ‘90 nadaban en la abundancia ahora tienen que hacerse cargo de un déficit record de 300.000 millones de dólares. Y la salud y la educación son las primeras en sufrir la poda presupuestaria. En Missouri, por ejemplo, los maestros de escuela trabajan como porteros por el mismo sueldo. Connecticut echó a varios fiscales para ahorrar plata y Kentucky está liberando a sus convictos antes de tiempo porque no puede mantenerlos. El panorama no mejora en California, el estado más poderoso del país. Tiene el peor déficit de su historia y su gobernador acaba de aprobar un recorte de 200 millones de dólares que afectará a la educación superior y los sectores con menos recursos.
Pese a todo, los argentinos que el año pasado solicitaron una visa aumentaron un 800 por ciento con respecto al promedio histórico. Mientras, unos 150.000 viven en Estados Unidos ilegalmente. Los indocumentados que pueden pagar un abogado intentan solucionar su problema mediante el viejo truco de pedir asilo político. La ola de secuestros, asaltos y asesinatos que suceden a diario en nuestro país es el principal argumento de varios compatriotas que buscan tener suerte con esta maniobra legal. La primera en conseguirlo fue una mujer violada en Argentina, que el año pasado pudo probar que sus agresores quedaron libres. Desde entonces trabaja en un shopping de Miami con los papeles en regla. Paradójicamente, dos argentinos que buscaban una mejor vida en el Hemisferio Norte fueron asesinados hace un par de meses en Miami por un vecino ofuscado porque escuchaban música a todo volumen.
Según la Dirección Nacional de Migraciones, entre enero y marzo de este año 38.300 argentinos viajaron a Estados Unidos. Pero sólo 3305 decidieron quedarse. Es que las noticias de argentinos detenidos por trabajar sin papeles asustaron a muchos: el año pasado, el FBI detuvo a siete argentinos por trabajar con documentos falsos. Y hace un par de meses, el cordobés Julio Romano fue detenido en Georgia mientras manejaba el camión de la vidriería que lo había contratado ilegalmente.
De todos modos, la situación de nuestros compatriotas todavía dista de la de los balseros cubanos o los “espaldas mojadas” mexicanos, que llegan a cualquier extremo con tal de ingresar en territorio norteamericano. En mayo, la policía de Texas encontró los cuerpos de 17 mexicanos que murieron hacinados en un camión que los traía escondidos desde México. Pero para un mexicano, no hay peor peligro que toparse con la American Border Patrol (ABP), una especie de Ku Klux Klan que detecta y arresta a inmigrantes mexicanos en la frontera de Arizona. Su fundador, Glen Spencer, rechaza cualquier cuestionamiento sobre la ilegalidad de su grupo. “No infrigimos la ley, ¿cuál es el problema?”, dice este ex empresario devenido en cazador de inmigrantes ilegales. Su mayor anhelo es llevar un conteo de los indocumentados detectados por los voluntarios de su grupo para compararlo con las bases de datos de la Patrulla Fronteriza, la fuerza estatal que vigila las fronteras de Estados Unidos. “Nuestros informes dirán: esta mañana, 48.000 mexicanos cruzaron la frontera. La Patrulla Fronteriza arrestó a 2700. El resto está yendo a sus ciudades para robar sus trabajos”, amenaza Spencer. Tiene tres aviones espías no tripulados con cámaras de video para detectar indocumentados y asegura que ni él ni sus voluntarios portan armas. Pero el año pasado, dos mexicanos que caminaban por el desierto, en Arizona, fueron interceptados por dos hombres de la ABP. Sus cuerpos fueron encontrados poco después. Pero esta banda parapolicial también opera en las ciudades. Hace unos días, una familia mexicana fue arrestada por activistas del grupo cuando caminaba hacia el consulado de México, en pleno centro de San Diego. La Patrulla Fronteriza no está de acuerdo con que los ciudadanos tomen la justicia en sus propias manos, dice el vocero de esta fuerza, Dionisio Delgado. Pero la policía de Arizona ha estado aceptando a los mexicanos cazados por la ABP para devolverlos a su país.
Para muchos latinoamericanos, la única vía legal de conseguir la residencia es entrar al Ejército de Estados Unidos. Hace un mes, el diario mexicano Milenio denunció que militares estadounidenses vestidos de civil están reclutando mexicanos en la frontera norte del país a cambio de becas de estudio, dinero y el permiso de residencia en territorio norteamericano. La otra opción, ilegal pero mucho más popular, es conseguir una visa trucha. Según el diario Washington Post, a diez minutos de la Casa Blanca se consiguen permisos de residencia, carnets deconductor y de Seguridad Social por unos pocos dólares. Los funcionarios de inmigración jamás se acercan a este barrio del sudeste de Washington. Ni siquiera los policías, que aceleran cuando pasan por la zona, una suerte de Fuerte Apache frecuentado por drogadictos y violadores.