EL MUNDO › OPINION

Un intento de “fujimorazo blanco”

 Por Claudio Uriarte

En 1992, 20 meses después de asumir su primer mandato, Alberto Fujimori sorprendió al Perú con un autogolpe que disolvió el Congreso y el Poder Judicial y que puso al país bajo una oscura trinidad integrada por él, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. Comparar el “fujimorazo” con lo intentado ayer por Alvaro Uribe en Colombia es bastante injusto, además de inexacto –Uribe no usó los tanques sino las urnas–, pero hay paralelos sugestivos.
Fujimori, cuando ganó las elecciones al frente de su flamante partido Cambio 90, era un total outsider del sistema político. Llegó como reacción a un gobierno catastrófico del socialdemócrata Alan García –que incluyó una corrupción generalizada, un país caotizado, un campo en manos del terrorismo de Sendero Luminoso y una hiperinflación desatada– y en repudio hacia una clase política y una burguesía tradicionales que entonces se expresaron tras la candidatura de Mario Vargas Llosa.
Uribe, por su parte, ganó las elecciones de 2002 en condiciones parecidas. Hasta cinco o seis meses antes del comicio, era un disidente marginal de derecha y de línea dura dentro del tradicional Partido Liberal. Un disidente con una sola consigna: la lucha contra la guerrilla. Como Sendero a Fujimori, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia le hicieron a Uribe gran parte de su campaña electoral. Después de cuatro años de gobierno del conservador Andrés Pastrana, en que el presidente puso a disposición de las FARC una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, y en que las negociaciones no avanzaron un ápice mientras se multiplicaba la violencia de los grupos armados, la sociedad colombiana giró a la derecha y reclamó orden. Los ataques de las FARC contra la infraestructura civil –torres de alta tensión, instalaciones petroleras, caminos, etc.– se parecían mucho a los de los senderistas. El rol del narcotráfico en ambas guerrillas, también, así como un nivel de disolución del poder del Estado, que dejaba amplias franjas del territorio nacional como tierras de nadie (recientemente, el gobierno de Uribe habló de un 50 por ciento del territorio nacional fuera del control del Estado). Y la clase política tradicional parecía en un limbo. Entonces, y en sólo cuatro o cinco meses, el candidato marginal de línea dura pasó de alrededor de un 10 por ciento de aprobación a arrasar en la primera vuelta con más de un 50 por ciento de los votos. Hoy, a 10 meses de asumir el mando, el presidente detenta un formidable 70 por ciento de la aprobación popular.
El referéndum de ayer podría compararse con un “fujimorazo blanco”, sin violencia, sin militares ni tanques en las calles, sin servicios de inteligencia, pero con el mismo objetivo de rediseñar las instituciones –especialmente, el Congreso– a la medida del programa del presidente. En Perú, la reacción popular al autogolpe fue favorable, porque el Congreso y la Corte Suprema eran pozos de corrupción, clientelismo y prácticas de camarilla. (Por cierto, y cuando Fujimori presentó su propia versión de nuevas instituciones, no tardó en dotarlas tampoco de su propia versión de esos males.) En Colombia, mientras tanto, la consigna de lucha de Uribe en el referéndum de ayer fue: “Contra la corrupción y la politiquería”. Los métodos cambian, pero la dirección de las consignas convocantes es parecida.
Uribe se propuso terminar con la clase política establecida, lo que lo define como un líder de la derecha revolucionaria. Y su guerra contra las FARC y el Ejército de Liberación Nacional requiere de un fuerte ajuste fiscal si no quiere depender de los vaivenes de atención de una administración norteamericana singularmente avara, en un Washington inusualmente deficitario que además está de cara a unas elecciones especialmente reñidas. Sobre todo, Uribe necesita rehacer sus Fuerzas Armadas –tan penetradas por la corrupción y por la ineficiencia como el resto de las instituciones–. Y todo esto demanda dinero. También necesitapagar la deuda externa y subir el nivel de Colombia –la quinta economía de América latina– en el nivel de calificación de crédito internacional.
La respuesta popular a la convocatoria de Uribe parece haber estado en línea con su popularidad, pero anoche no era claro hasta qué punto. En todo caso, fue tanto un referéndum sobre el presidente como contra el viejo modo de hacer política y negocios en Colombia. El resultado nace de la guerra, en la medida en que nada podría haber jugado tanto a favor del ascenso a los extremos. Pero todo no está dicho aún.

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