Gilberto José “Pepe” Vargas es ministro secretario de Derechos Humanos de Brasil pero además revista como dirigente del Partido de los Trabajadores, al que llegó en 1983. Recibió a Página/12 en la embajada de su país en la Argentina y no rehusó contestar sobre ningún tema.

–Sí. La Secretaría de Relaciones Institucionales pasó a depender de él.

–No. El fenómeno es más amplio. Nosotros tenemos, políticamente, un presidencialismo de coalición.

–Bien. El presidencialismo de coalición funciona bien si el gobierno tiene fuerza y apoyo popular. Entonces tiende a conseguir mayor aprobación en el Congreso. Y a lograrla. Uno de los problemas hoy es que el gobierno tiene bajo apoyo popular. La primera razón de la baja de apoyo son las denuncias por corrupción. Aunque en los últimos años hicimos modificaciones legales que dan mayor autonomía en el combate a la corrupción y la eficiencia en este sentido se incrementó, la percepción es que aumentó la corrupción. Y aumentó el descubrimiento de casos. En el pasado la propia Policía Federal no tenía la autonomía que tiene hoy, con Dilma y antes con Lula. Los dos siempre pusieron de jefe al oficial de mayor apoyo en la institución, para asegurar un grado mayor de autonomía. Antes no era así. Se favorecía al propio. También promulgamos la ley de acceso a la información. Hay más capacidad de investigar. Se descubren casos.

–Está bajo investigación, en buena medida siguiendo el principio de delación premiada que beneficia a personas que estuvieron involucradas en la corrupción. Como usted sabe, el principal delator premiado es un operador del submundo del sistema financiero. Los involucrados entraron en la empresa en su momento por mecanismos de selección pública. En algunos casos estaban en Petrobras desde la década del ’70. En 1996 ya hubo un caso conocido de coima desde una empresa de exploración offshore con base en Holanda. Hasta ahora no hay pruebas materiales sobre el compromiso del universo político, tanto congresistas como personas ligadas al sistema partidario. Vemos, sí, mucha exposición mediática. En un país democrático hay medios de oposición y entonces ellos instrumentan mucho los procesos judiciales.

–Viene de nuestra situación fiscal. No tenemos una crisis estructural de las finanzas públicas. La deuda líquida pública está en un 36 por ciento del PBI. Antes era del 60 por ciento. Hoy las reservas llegan casi a 400 mil dólares. Los servicios de la deuda no nos abruman. Tampoco hay problemas con las jubilaciones porque Brasil nunca salió del régimen público para adoptar el privado. La crisis fiscal es de corto plazo. Existe, pero en buena medida se debe a que, por ejemplo, preservar empleo durante la crisis internacional que comenzó en 2008 tuvo un costo fiscal fuerte. Tenemos la menor tasa de desempleo de la serie histórica, con el 4 por ciento. Para asegurar empleo dimos exenciones impositivas a muchos sectores. Tal vez de más. Y cayó la recaudación. A eso se agregan los problemas derivados de la situación económica internacional. Aunque también quiero decirle que siempre continuamos con los instrumentos anticíclicos.

–El ajuste no es estructural, como si se tratara de un fin en sí mismo.

–Este año será difícil, no nos engañemos. Sobre todo si añadimos datos como la inflación más alta y la sequía que nos obligó a tarifas energéticas nuevas. Pero no abandonamos la idea del desarrollo con inclusión y con generación de empleo. Si no alcanzamos esas metas por esa vía haremos una reevaluación. El ajuste fiscal es un medio, no un objetivo. En cuanto a Petrobras, tenemos que aguardar el fin de las investigaciones a ver quién cometió actos ilegales. Si fuera alguien vinculado a nuestro partido, el directorio nacional lo expulsará.

–¿Por qué un juicio político? No hay un solo elemento que vincule a la presidenta Dilma con un hecho ilícito. Dilma, al revés de otros presidentes, no alejó procuradores ni jefes de policía porque le resultaban molestos. Una parte de la oposición intenta venezuelanizar el debate con el impeachment. Sería un golpe contra la Constitución.

–No concuerdo con el término genocidio, pero sí tenemos un aumento de la violencia y la letalidad. Y no es un fenómeno limitado a Brasil. Cuando analizamos los homicidios y vemos quiénes son las víctimas nos encontramos con que la mayoría de las víctimas son los jóvenes, y los jóvenes negros. La chance de que un joven negro sea asesinado es dos veces y media mayor que la de un joven blanco. También hay un corte de clase social. La población negra es más pobre. Y obviamente un corte de raza. El mayor problema es que en la última Constituyente, en 1987, cuando se trató la seguridad pública tuvimos menos avances jurídicos e institucionales. Apareció el gran lobby corporativo de las policías. Hubo un gran debate sobre la idea de crear una policía única. Había sectores que defendieron la formación de una policía única en sus dos variantes: una de uniforme y la segunda haciendo el trabajo de policía judicial. No conseguimos vencer en ese debate y siguieron existiendo las policías militares, con el agregado de que gran parte de esas policías pertenecen a los Estados.

–Sí, la presidenta Dilma defendió que hiciésemos cambios dando mayores responsabilidades a la Unión federal respecto de la seguridad pública e impulsando la mediación de conflictos. Hace poco tuvimos un caso grave en el Estado de Paraná, donde profesores en huelga fueron violentamente reprimidos. Hay que reconocer el derecho de huelga, de expresión, de protesta, sin caer en la idea de criminalización de los conflictos. Nosotros recibimos denuncias en derechos humanos y las dirigimos a los órganos competentes de Paraná pero también al ministerio público. Debe haber una investigación. Las imágenes revelan violación de libertad de expresión y el uso excesivo de fuerza policial.

–La mayor letalidad depende de la política hacia las drogas. Hay muchas falencias y buena parte está vinculada al crimen organizado. Recientemente el ministro Barbosa, de la Corte Suprema, liberó una persona presa por llevar 69 gramos de marihuana. Era un simple usuario. La criminalización del usuario, además de superpoblar las prisiones, predispone a la gente a ser reclutada por el crimen organizado. Para salir de estos problemas hoy el Ministerio de Justicia está discutiendo el proyecto para dar mayor importancia a la Unión en la seguridad pública y garantizar que la seguridad no acabe con la ciudadanía. Necesitamos un sistema que trabaje no sólo la represión al delito sino desde una visión sistémica. Si la necesidad es el abordaje pluridimensional, el abordaje solamente represivo no logrará ningún éxito. Sobre todo en un país de las dimensiones de Brasil y con estructura de república federativa. También, claro, hay que trabajar específicamente sobre la cuestión de niños y adolescentes. Estas ideas son contrarias a la tendencia de agravar las penas como si eso pudiera traer soluciones mágicas.

–El objetivo debe ser la reducción de la violencia como una cuestión fundamental para la propia democracia. Si no, se agravará el problema. En los últimos 15 o 20 años el Congreso alteró el Código Penal agravando las penas. Atendieron a la presión social. Resultado: hoy el Brasil está tercero en el mundo en población carcelaria, después de Estados Unidos y China. O sea que la criminalidad aumentó. Sólo reprimir, y sólo castigar o agravar penas, no resuelve nada.

–Una comisión del Congreso aprobó la admisibilidad de la tramitación de baja de mayoría penal. Una vez admitida va a una comisión especial. Luego deberá ser aprobada en esa comisión especial y después iría a plenario. El gobierno está en contra.

–Entendemos que el lugar del adolescente y el niño es la escuela y no la celda. Si se lo coloca en una prisión de adultos va a reincidir, sobre todo si cometió un crimen de bajo poder ofensivo. Hay la idea de que un adolescente será siempre impune. No es así. Un adolescente de 12 puede ser privado de su libertad. Pero trabajamos otro lenguaje. En vez de pena hablamos de medida socioeducativa. Será proporcional a la infracción que cometió. Si es simplemente un hurto no necesariamente será privado de su libertad. Prestará servicios a la comunidad o actuará en asistencia. Hay un ministerio público especializado. El que determina es el juez. Lo que suceda varía de acuerdo con el daño y la necesidad de su reparación. Y en cualquier medida, abierta o cerrada, está en el sistema educacional. No hay duda: el chico que estudia comete menos delitos. Cualquier proceso que busque la reinserción social precisa una fuerte dimensión educativa. Por eso se habla de medidas socioeducativas y no de prisión. Y al mismo tiempo hay lagunas. No existe el hábeas corpus para un adolescente. ¿Cómo puede ser? Los adultos tienen hábeas corpus y reducción de pena por buen comportamiento o por trabajo. Volviendo a su pregunta original, la reducción de la mayoría penal es inconstitucional. Si fuera aprobada habrá un recurso interpuesto en la Justicia. El problema, también, es qué abarca en Brasil el concepto de crimen hediondo.

–El tráfico de drogas.

–Lo que está mal es que el adolescente no esté protegido contra el crimen organizado. Sólo es pasible de penalización.

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