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Un informe confidencial del Pentágono sostuvo el año pasado que el presidente George W. Bush no estaba sujeto a las leyes que prohíben la tortura, informó ayer el diario estadounidense Wall Street Journal. El informe preparado en el 2003 por juristas del Departamento de Defensa dictaminó además que los militares que torturasen a prisioneros bajo órdenes del presidente de Estados Unidos no podrían ser sometidos a juicio penal. El Pentágono respondió ayer a las acusaciones y aclaró que la tortura no ha sido autorizada contra prisioneros en la base naval estadounidense de Guantánamo en la isla de Cuba. “Los procedimientos son lo que hay. Los hemos informado en todo detalle y no incluyen la tortura”, declaró el portavoz del Pentágono Larry DiRita.
“La idea de que existe algún subterfugio que permite torturar en estos procedimientos es realmente falsa, y es demostrable que es falsa”, agregó, negándose a hacer comentarios sobre el artículo del Wall Street Journal. DiRita afirmó que finalmente se logró un consenso entre la administración y los abogados militares “legalmente sustentable y concordante con (las convenciones de) Ginebra”, agregó. “No hay procedimiento aprobado por Guantánamo que permita el uso de la tortura. Punto”, señaló. Según el diario, no está claro si Bush llegó alguna vez a ver el documento. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, solicitó este dictamen después de que jefes de la prisión militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, se quejaron porque con los métodos de interrogatorio convencionales, según ellos, no sacaban suficiente información a los detenidos. El informe de los juristas del Pentágono argumentó que las leyes estadounidenses y los tratados internacionales que prohíben la tortura podían ser eludidos por motivos de seguridad nacional, informó el mismo periódico. En el texto, realizado por un grupo de trabajo de juristas, se enumeran los métodos permitidos según leyes internacionales y se indica cómo se pueden eludir restricciones acudiendo a exigencias de seguridad nacional.
Nada es más importante que “conseguir informaciones de servicios secretos que son de importancia vital para un sinnúmero de ciudadanos”, esgrimió el informe preparado para Rumsfeld. Según los juristas de Defensa, el presidente de Estados Unidos tiene autoridad, como comandante en jefe del Ejército, para aprobar todo tipo de acciones físicas o psicológicas durante los interrogatorios, incluida la tortura. El Journal aclaró que accedió a un borrador de marzo del 2003, pero que fuentes del Pentágono le confirmaron que la versión final del informe, de abril de ese año, mantuvo las mismas conclusiones.
Hace pocas semanas se supo que están en marcha decenas de investigaciones contra soldados estadounidenses en Irak y Afganistán. El mes pasado el mundo se horrorizó ante las fotos de los abusos y las humillaciones sexuales a prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib. El escándalo hizo temblar a Washington y Rumsfeld fue fuertemente cuestionado, aunque luego respaldado plenamente por el presidente.
Se está estudiando el rol del general Geoffrey Miller, anteriormente un celador en Guantánamo, que se hizo cargo de Abu Ghraib el año pasado con planes de convertirlo en un centro de interrogación. Los soldados que cometieron los abusos declararon que habían recibido órdenes de sus superiores para “ablandar” a los prisioneros antes de ser interrogados. Un soldado estadounidense ha sido ya condenado a un año de prisión en un proceso militar. Pero la evidencia sugiere que lejos de ser un episodio aislado como sostuvo la administración, el abuso era parte de un enfoque sistemático y despiadado en el manejo de sospechosos “terroristas” en el mundo post 9/11.