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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

“La posibilidad de una renuncia irrevocable estuvo muy presente en mi mente para el caso de que no lograra las condiciones que hemos conseguido hoy, con este respaldo que no es a Carlos Mesa, sino a la democracia boliviana y al cumplimiento de nuestras obligaciones”, sentenciaba anoche un repotenciado presidente boliviana ante un Congreso que rechazó unánimemente y a mano alzada la renuncia presentada el domingo, y mientras Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, abandonaba el recinto para evitar oír al primer mandatario. En medio de una fuerte incertidumbre política y social, Bolivia se encaminaba a última hora de ayer a una resolución provisoria de la crisis institucional desencadenada por la dimisión presidencial.
Después de una ardua discusión, algo de humo blanco salió del edificio del Banco Central de Bolivia cuando los representantes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria –a excepción del Movimiento al Socialismo (MAS), la segunda fuerza parlamentaria del país– firmaron un “pacto de gobernabilidad” con el presidente Mesa. Esta era la condición planteada por el primer mandatario para continuar en el cargo. “Si no se llega a un acuerdo social y político, en dos semanas podemos estar otra vez al filo de la navaja, por eso si no hay acuerdo el Presidente presentará su renuncia irrevocable”, había resumido el ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, en conferencia de prensa en la mañana de ayer. “Tocamos piso en esta situación de intransigencia y beligerancia, necesitamos visiones de país compartido al menos en el mediano plazo”, le dijo el diputado oficialista Hugo San Martín a Página/12 pocos minutos antes de concluir las negociaciones.
El documento incluye la aprobación de la ley de hidrocarburos, la elección de prefectos departamentales (gobernadores) como paso previo a la convocatoria a un referéndum autonómico, la convocatoria a la asamblea constituyente, programada para agosto de este año, el impulso de un acuerdo nacional “por la producción, el empleo y la inclusión social” con los diferentes sectores y la exhortación a los movimientos sociales para que levanten las medidas de presión que, desde hace varias semanas, han bloqueado las principales ciudades del país.
La ley de hidrocarburos constituye la manzana de la discordia: la palabra incluida originalmente en el texto de acuerdo –supuestamente retirada luego– hablaba de “revisar” los artículos ya aprobados en Diputados, lo que provocó una fuerte crítica del partido de Evo Morales.
Mientras los representantes partidarios deliberaban a dos cuadras del Parlamento, en la plaza Murillo algunos centenares de manifestantes expresaban su apoyo al primer mandatario, y cuestionaban duramente al líder cocalero, Evo Morales. “Evo, cabrón, te espera el paredón”, coreaban los mesistas en medio de consignas que reclamaban el “cierre del Parlamento” y advertían que “si Mesa se va viene la guerra civil”. Los “ciudadanos espontáneos” (de clase media alta), militantes de juntas vecinales paceñas y comerciantes informales presentes en la plaza no parecían advertir contradicciones entre esas consignas y sus pancartas que rezaban “Apoyo a la democracia”. En la misma línea de “mano dura”, el dirigente de los poderosos empresarios cruceños, Branko Marincovic, reclamó un acuerdo nacional que “asegure el libre tránsito (frente a los bloqueos) y restituya la seguridad jurídica a las inversiones”; para ello –continuó– “es preciso poner orden y fuerza donde hay que hacerlo”.
En su discurso ante el congreso, donde llamó a realizar concentraciones en todo el país contra los bloqueos, Mesa se despegó abiertamente del líder del MAS, su antiguo aliado, lo que hace prever que el gobierno, a partir de ahora, se sostendrá en los partidos tradicionales y los sectores de poder, incluyendo los empresarios cruceños. Pero el rechazo del MAS y de Evo Morales al acuerdo, con influencia en amplios sectores sociales del país, principalmente en Cochabamba, echa sombras sobre la capacidad de éstos para estabilizar al país. Mientras el presidente cruzaba hasta el Congreso para emitir su discurso, Morales y su bancada abandonaron la sesión junto con la del Movimiento Indígena Pachakutik, en línea con su posición de “rechazar la renuncia sin leerla” y su decisión de no escuchar al mandatario. Lo que pronostica un difícil comienzo para la “nueva” administración Mesa. “Mesa quiere eliminar al Evo y al MAS”, denunció Evo Morales mientras continuaba la sesión parlamentaria.
La “agenda de octubre” –que incluye una ley de hidrocarburos nacionalizante– articula a un conjunto de movimientos sociales que ven legitimadas sus demandas en el referéndum del 18 de julio pasado y no parecen ceder en sus reclamos. A ello se suma que la actual composición congresal no refleja la actual relación de fuerzas sociales que predomina en el país, ya que los parlamentarios fueron elegidos antes de la “guerra del gas” de 2003, que inauguró un nuevo escenario político de cuestionamientos al modelo económico y social neoliberal aplicado desde mediados de los años ochenta. “Si se renovara el Parlamento, partidos como el MIR y el MNR no tendrían prácticamente representación, nosotros aunque somos minoría en el Parlamento somos mayoría en la sociedad”, le dijo a la prensa el diputado cocalero Dionisio Núñez, del MAS, anunciando nuevos nubarrones. En alguna medida este pacto recuerda la “megacoalición” de Gonzalo Sánchez de Lozada, poco antes de ser corrido del poder.
El oxígeno del actual Ejecutivo ha sido renovado. La gran pregunta es cuánto le durará.