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El falso anuncio de la llegada del ántrax a la Argentina no fue un hecho delictivo. Así lo consideró el juez federal Jorge Ballestero y dictó el sobreseimiento del ex ministro de Salud del gobierno delarruista Héctor Lombardo, quien había convocado a una conferencia de prensa para dar el alerta sanitario por la presunta presencia de la bacteria en el país. Setenta y dos horas después del anuncio, especialistas del Hospital Muñiz determinaron que el supuesto ántrax llegado por carta a Parque Patricios desde Miami no era patógeno. Más tarde, definitivamente, se confirmó que la enfermedad nunca desembarcó en estas playas. Pero el hombre de confianza de De la Rúa no volvió sobre sus pasos y por eso fue denunciado por presunta intimidación pública. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado anunciaron que apelarán la decisión del juez.
“Que no panda el cúnico”, fue la frase que el ex funcionario se permitió pronunciar pocos días antes de la conferencia de prensa, cuando el pánico cundía en otras latitudes, especialmente en los Estados Unidos. El punto de partida fue precisamente esa convocatoria que Lombardo hizo el 19 de octubre de 2001, en la que anunció la existencia de una carta recibida por una mujer de Parque Patricios que contenía la bacteria del ántrax. La noticia fue “potenciada y sobreactuada por las autoridades nacionales”, señaló el dictamen con el que los fiscales impulsaron la denuncia del defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Brailovsky. Y enumeraron el dispendio de recursos utilizado para infundir “temor público”. La explicación oficial de entonces adujo que se trató de una cepa de ántrax que no provoca la enfermedad, y que el resultado del primer análisis efectuado en el Hospital Muñiz tenía la entidad como para viabilizar un alerta sanitario. Sin embargo, Freiler y Delgado indicaron que “se apresuraron los tiempos y que al momento del anuncio no estaban dadas las condiciones científicas necesarias” como para hacerlo.
Así lo manifestaron en el expediente seis testigos, entre los cuales se encuentra Marta Rivas, jefa del Servicio de Fisiopatología del Instituto Malbrán, quien afirmó que “el aislamiento bacteriano (resultante de las pruebas del Hospital Muñiz) debía ser clasificado provisoriamente como perteneciente al grupo Bacillus cereus, en el cual está comprendido el Bacillus anthrasis, y por lo tanto mantenerse el alerta sanitario pero no afirmar que correspondía con un cien por ciento de certeza a ántrax”.
Los fiscales sospecharon que el gobierno de De la Rúa intentó dar un golpe mediático y concluyeron que “lo sucedido no fue solamente una acción unilateral del ex ministro de Salud Héctor Lombardo, sino que podríamos enfrentarnos a una burda maniobra de distracción de la opinión pública para desviar su atención de objetivos aún no esclarecidos”. Basaron su presunción en dos hechos: la presencia en el Instituto Malbrán de agentes de la SIDE y funcionarios de la jefatura de Gabinete y del ministerio del Interior, y el apuro oficial en dar a conocer a la opinión pública el resultado del análisis. Esto último se desprende de los dichos de la testigo Rivas.
Sin embargo, el juez Ballestero consideró que “no resulta lógico el intento (de la fiscalía) por establecer que su conducta (la de Lombardo) tuvo en miras crear una situación de peligro ficticio para así ocultar ciertos problemas sociales”. No obstante, el magistrado admitió que “la sospecha de la población” respecto de la existencia de ántrax provocó “palpables trastornos en los disímiles organismos estatales y privados”, pero sostuvo que esa “escalada” y los “miedos generados” ya se encontraban “instalados en la sociedad”.