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El antiguerrillero presidente electo colombiano Alvaro Uribe aún no asumió, pero las FARC ya están escalando la guerra contra él desde un nuevo flanco: el debilitamiento de las autoridades locales. Alrededor de 100 alcaldes, concejales, diputados y congresistas del departamento oriental (y petrolero) de Arauca, en la frontera con Venezuela, decidieron renunciar en masa ante las amenazas de la guerrilla, que los había declarado objetivo militar. La decisión se tomó en la noche del jueves, a poco de que expirara el plazo que las FARC concedieran hasta el sábado para concretar las renuncias. “Era un plazo perentorio –dijo Jorge Cedeño, alcalde de Arauca, capital departamental–. Es una situación de amenaza contra la vida y las condiciones actuales no garantizan la gobernabilidad. Todo esto se colocó en la balanza y se optó por renunciar de manera colectiva.”
Las amenazas extorsivas distan de ser nuevas en el arsenal de las FARC, pero ahora reciben un nuevo énfasis que parece sugerir la presencia de una nueva estrategia rebelde que apuesta a la ingobernabilidad para obligar a una nueva negociación política con el presidente electo Alvaro Uribe. En efecto, la campaña de intimidación emprendida por los insurgentes en diversas regiones del país amenaza con “desarticular” el poder municipal, ante el vacío que dejan alcaldes, concejales, fiscales y jueces obligados a abandonar su cargo. Las advertencias, acompañadas en muchos casos con el asesinato de funcionarios, ha obligado a varios de los servidores públicos a ejercer sus funciones a distancia, o a dimitir de forma irrevocable. El ultimátum más reciente lanzado por los guerrilleros se conoció el mismo jueves de las renuncias en masa, cuando dieron un plazo de 72 horas para que los alcaldes y demás empleados públicos de los departamentos de Santander y Norte de Santander presentaran su renuncia. Otros delegados gubernamentales de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, César, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Risaralda y Sucre han denunciado que son víctima de presiones. Incluso unos ediles de una comunidad de Bogotá dijeron que fueron citados por las FARC para “rendir cuentas”.
El experto militar Alfredo Rangel sostiene en un análisis aparecido en el diario bogotano El Tiempo que aunque la presión sobre el poder local “es de vieja data”, en esta ocasión el problema significa un “reto inmenso” para el Estado, ante la posibilidad de que se vea afectada la gobernabilidad. Rangel explica que desde que se inició el proceso de descentralización de las regiones, la guerrilla de vio favorecida por el autonomía política y el robustecimiento de los fiscos municipales, al ejercer en muchos casos una veedeuría armada sobre la administración local, en unos casos, y un cogobierno, en otros. Sin embargo, Rangel alerta sobre un aparente rompimiento del esquema seguido en los últimos años por la guerrilla, pues las FARC “parecen estar dispuestas a sacrificar un cómodo cogobierno de los municipios para apostarle a la ingobernabilidad del país”.
Según Rangel, este cambio sólo obedece a razones políticas, pues la mayor guerrilla colombiana parece estar dispuesta a demostrar “que una cosa es la legitimidad de las instituciones derivadas de elecciones y otra cosa es el ejercicio real de la soberanía sobre el territorio. Mediante el uso de la fuerza se puede alcanzar la legitimidad y el reconocimiento de la contraparte para desarrollar una negociación política, con la agenda más amplia posible”, afirma. Además, consideró que las FARC tal vez calculan que la amplitud de la agenda y el tamaño de la zona que el gobierno desmilitarizará para iniciar unas conversaciones, “van a depender del número de municipios donde a la fuerza destierren a los alcaldes como agentes del Estado Nacional”. En ese contexto, recomienda al nuevo gobierno que su “única opción” es saturar a los municipios con la presencia de agentes de Policía y Ejército para proteger a los empleados públicos, lo cual supone el necesario incremento del pie de fuerza.Advierte, sin embargo, que intentar atacar la situación con el número actual de efectivos pondría en peligro la vida de los amenazados.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) estuvieron hasta hace cuatro meses en un estéril esquema de negociación con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, que decidió romper los contactos después de que los rebeldes desviaran un avión comercial para secuestrar a un senador. Esa fue la gota que desbordó el vaso, después que quedara claro que la guerrilla había usado el proceso de paz sólo para rearmarse, y nunca había tenido intenciones de llegar a un cese del fuego.
Por ahora, Uribe se ha mostrado dispuesto a dialogar con los alzados en armas, pero exige como condición indispensable el cese de hostilidades. También ha propuesto la mediación de las Naciones Unidas en un nuevo proceso de paz. Las FARC, por su parte, han exigido la desmilitarización de dos departamentos colombianos, cuya extensión superaría la antigua zona de distensión de 43.000 kilómetros cuadrados, para dialogar. Lo que están haciendo es una desmilitarización de facto.