[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El primer paso está dado para la ampliación del campo de batalla en Colombia. El Congreso norteamericano terminó de aprobar anoche la conversión de la ayuda antinarcóticos del Plan Colombia de 1300 millones de dólares para ayuda antiguerrillera directa. La nueva reglamentación es un triunfo para el presidente electo de línea dura Alvaro Uribe, y fue aprobada la noche del martes por la Cámara de Representantes y anoche por el Senado con mayorías abrumadoras de 397 contra 32 y 97 contra 7 respectivamente. La legislación anula disposiciones anteriores que limitaban el uso de la ayuda militar estadounidense a proteger a la policía en operaciones antidrogas, y autoriza el empleo de los helicópteros y otros equipos bélicos donados por EE.UU. a las organizaciones caratuladas como terroristas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de extrema derecha).
Fue un desenlace curiosamente congruente con las novedades del día sobre el terreno. El estado de alerta máximo que imperó ayer en Colombia pudo tratarse de la ecuación información+paranoia post 11 de setiembre: la policía secreta (DAS) adelantó que los rebeldes de las FARC planeaban robar un avión para lanzarlo contra el Palacio presidencial o la sede del Congreso en Bogotá el próximo 7 de agosto, fecha en que Uribe asumirá como nuevo presidente. La DAS arrestó el martes al supuesto encargado de robar el avión, Javier Carvajalino, hermano de uno de los cabecillas de las FARC. Mientras tanto se reavivaba el tema de los secuestrados por la guerrilla a raíz de la difusión de un video en el que aparece la secuestrada ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt –prueba de que sigue viva– donde acusó de indolente al gobierno del conservador presidente saliente Andrés Pastrana. Además un coche bomba estalló en un pueblo del interior de Colombia, matando a dos policías; las FARC –el principal grupo rebelde– se adjudicaron el hecho.
El director de la policía secreta (DAS), el coronel Germán Jaramillo señaló ayer que “las FARC planeaban contratar a un piloto suicida para llevar a cabo el atentado en esa zona del centro de Bogotá”, en referencia a la casa presidencial o la sede del Congreso. Asimismo, dijo que Javier Carvajalino, hermano de Andrés París, uno de los principales cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue capturado el martes en la capital colombiana y que era el encargado de robar la aeronave en un aeropuerto de Bogotá o en la ciudad de Barranquilla, “a través de las milicias ‘Antonio Nariño’ y el frente 42 de las FARC”. Y fue más lejos, señalando que “se contrataría un piloto que había sido formado en la época (de vigencia) del cartel narcotraficante de Medellín, y con el pago anticipado de 2 millones de dólares que le iba a hacer las FARC, se suicidaría en esa zona del centro de Bogotá”.
Carvajalino, por su parte, afirmó que no tenía nada que ver con las denuncias del coronel Jaramillo y que el asunto se aclarará “tarde o temprano”. El vicepresidente de la República y ministro de Defensa, Gustavo Bell, dijo que “los organismos de seguridad permanentemente están haciendo labores de inteligencia para repeler los ataques”, aunque calificó de “especulaciones que son magnificadas” la aseveración de que las FARC planeaban atacar la sede de la Presidencia.
En este marco de alerta, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Héctor Velasco, había denunciado recientemente que se investigaba la posibilidad de que las FARC tuvieran en su poder una o varias aeronaves con el propósito de lanzar ataques en diversas regiones del país y que se había reforzado la vigilancia aérea, con la ayuda de Estados Unidos.