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El gobierno de línea dura de Alvaro Uribe enfrenta el desafío de poner en marcha un paquete de reformas político-económicas con el objetivo solitario de acabar con la insurgencia. Como desde el comienzo, Uribe arremetió con una propuesta polémica: dar carácter permanente a los decretos legislativos que se pronuncien bajo el estado de conmoción interior, que rige desde el 12 de agosto. Con este amparo, Uribe planea un ajuste fiscal que contemplaría la reforma tributaria –ampliación de la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la eliminación de exenciones y descuentos tributarios–; la eliminación de miles de puestos de trabajo, la fusión o supresión de entidades públicas y el congelamiento de la inversión social, frente a lo cual los sindicatos anticiparon una huelga nacional. El gobierno asume que las medidas son necesarias para cumplir compromisos asumidos con el FMI y levantar la economía, que registra un desempleo de 16 por ciento y una devaluación del peso del 17,9 por ciento en lo que va del año; ayer la moneda registró su mínimo histórico (2,7) frente al dólar. A todo esto, los pobladores indígenas de Jambaló se declararon en resistencia civil permanente contra los rebeldes de las FARC.
“No quiero alarmar a nadie, pero sí quiero decir que la situación fiscal de Colombia es muy complicada para el 2002 y el 2003”, fue el alerta de boca del ministro de Hacienda, Roberto Junguito, al revelar que el país incumplió por primera vez en tres años la meta pactada con el FMI para el primer semestre. Junguito precisó que el déficit fiscal podría llegar en diciembre a 4,1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), muy por encima de la meta de 2,3 por ciento pactada con el organismo internacional. La semana pasada, el gobierno dio a conocer un proyecto de reforma laboral y de pensiones, que pretende que el Congreso tramite con carácter de urgencia, y que incluye la reducción de las horas extra a cambio de más vacaciones para los trabajadores y aumento en la edad de jubilación. Pero el flamante gobierno se propone dar carácter permanente a los decretos legislativos del Estado de Conmoción Interior, y la parte más polémica es la impositiva. Uribe anunció la creación de un impuesto de 1,2 por ciento que gravará a los patrimonios mayores de más de 150 millones de pesos (58.000 dólares). En este marco, el gobierno completó la renovación emprendida en el seno de la policía al anunciar el ingreso de cuatro nuevos generales, lo que para algunos constituye un primer intento de depurar esa institución, recientemente envuelta en escándalos de corrupción. El “remezón” en la policía, como ha definido la prensa la designación de los mandos, implicó el retiro “por voluntad propia” de siete altos oficiales, entre ellos el hasta ahora subdirector de esa institución, general Jorge Linares. Uribe sostiene que todas las medidas son necesarias para captar recursos que contribuyan a fortalecer a los militares, con más presupuesto y pie de fuerza, a fin de combatir con mayor rigor a las guerrillas y los paramilitares.
En pleno contexto de conflicto armado, los 13.000 indígenas de la región de Jambaló (600 km al suroeste de Bogotá) se declararon en resistencia civil permanente, y la población fue cerrada para evitar el ingreso de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según las autoridades civiles. Osnoraldo Martínez, coordinador del proyecto global de resistencia civil de Jambaló, dijo que si con el movimiento no consiguen devolver la tranquilidad y la gobernabilidad al municipio, los indígenas “tomarán medidas más drásticas contra las FARC”.