[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Robert Verkaik *

El inmediato destino de Saddam Hussein se ha convertido en un atolladero legal mientras las naciones compiten entre sí sobre los términos de su juicio. Mientras los iraquíes insisten en que debe ser juzgado por una corte en Bagdad por su propio pueblo, crece un deseo de un tribunal internacional donde el depuesto dictador no enfrentaría la pena de muerte. Ayer se informó que el Poder Judicial iraní le había escrito al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, pidiendo que Saddam fuera juzgado en Irán. El gobierno iraní ya está preparando una acusación para presentarla en cualquier juzgado internacional que pueda juzgar a Saddam por la guerra de 1980-88 entre Irán e Irak.
La negativa de Estados Unidos de dar un curso de acción alimenta la confusión mientras sus aliados y aquellos países que se opusieron a la guerra intentan adivinar lo que piensa el Pentágono. No obstante, parece haber un acuerdo internacional sobre el propósito de cualquier juicio, que no es establecer la cuestión de la culpabilidad o inocencia de Saddam sino encontrar la mejor manera de castigarlo. De acuerdo con el tribunal de crímenes de guerra iraquí establecido la semana pasada para procesar a Saddam y sus secuaces, la ejecución sigue siendo una opción real. El presidente del Consejo de Gobierno, Abdelaziz al-Hakim, dijo ayer que creía que Saddam se enfrentaría a la ejecución cuando fuera juzgado. La pena de muerte fue abolida en Irak, pero un nuevo gobierno iraquí tendría la libertad de restablecerla. Esta enojosa cuestión del castigo de Saddam sigue dividiendo a la comunidad internacional.
Gran Bretaña se opone a la pena capital, pero ayer el gobierno aceptó que si ésta era la voluntad del pueblo iraquí, no pondría objeciones. El vocero de Blair dijo: “Si ése fuera el resultado (la pena capital), sería algo que deberíamos aceptar”. Esta declaración parecía estar en conflicto con un alto representante de Gran Bretaña en Irak, Sir Jeremy Greenstock. Dijo ayer a la mañana: “El Reino Unido está en contra de la pena capital. De manera que no seremos parte de un tribunal o un proceso que tiene la pena de muerte como uno de sus castigos”. A muchos abogados les parece extraño que Blair está preparado para despachar a su fiscal general a Estados Unidos para obtener una garantía de ese país de que ninguno de los detenidos en Guantánamo se enfrentará a la pena de muerte mientras al mismo tiempo permite que un dictador extranjero se someta a tal castigo. El gobierno australiano adoptó una posición similar. El canciller australiano, Alexander Downer, dijo que su país no estaba en favor de la pena de muerte, pero que no se opondría si fuera impuesto por Irak. “No estamos a favor de la pena de muerte”, dijo. “Pero, por otro lado, creo que es justo decir que dejaríamos la decisión en manos de los mismos iraquíes.”
El asunto podría solucionarse si Estados Unidos entregara a Saddam a la clase de tribunal internacional que se estableció en La Haya para juzgar al ex líder yugoslavo, Slobodan Milosevic. El líder de los demócratas liberales de la Cámara de los Lores, la Baronesa Shirley Williams, ayer pidió que el juicio tuviera lugar bajo los auspicios de las Naciones Unidas. “El verdadero peligro es que un tribunal que no esté avalado por la ONU y no esté fortalecido por jueces de afuera del mismo país, no estaría llevando a cabo la legitimidad internacional”, dijo. También dijo que esos jueces deben provenir de países no involucrados con la guerra. “En el fondo se trata de saber si Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar la idea de una amplia autoridad de la ONU, porque es difícil creer que el Consejo de Gobierno de Irak pueda actuar sin una relación cercana con la autoridad provisional de la coalición.” Agregó que Gran Bretaña debería estar sosteniendo un “tribunal internacionalizado” que tan bien había funcionado en Timor Oriental y en Sierra Leona.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.