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Desde que fue señalada como protagonista del supuesto video que habría registrado el pedido de coima en el nuevo escándalo que envuelve al Senado, la tucumana Malvina Seguí no descansó. En su afán de despegarse del asunto se obsesionó con descubrir la verdad del asunto. Por eso quiere que el Congreso contrate a una consultora privada para que realice una “investigación independiente” de la que está llevando adelante la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y que le aporte sus resultados a la Justicia, a la que considera “lenta”. Página/12 pudo saber que con ese fin contactó a los abogados del estudio Moreno Ocampo, y que si ellos no aceptan el caso llevaría la propuesta a la agencia Kroll.
“No le puedo dar precisiones”, se excusó la senadora al ser consultada por Página/12. Sin embargo, confirmó que está buscando investigadores privados para que develen el misterio de los nuevos sobornos en el Senado, destapado por el corresponsal del diario británico Financial Times. Esa publicación detalló que banqueros extranjeros se quejaron ante los embajadores británico y norteamericano por las leyes que el Congreso está tratando, que perjudican sus intereses, y denunciaron que recibieron un pedido de coima para frenar una de ellas. La norma impulsada por el senador Luis Barrionuevo crearía un fondo de desempleo para el sector bancario con el reestablecimiento del 2 por ciento en las comisiones a las transacciones financieras. Seguí sostiene que no lo hace a título personal sino a partir de un acuerdo logrado en la comisión que investiga a los bancos, que ella preside y que ya emitió un documento crítico respecto de la actuación de las entidades y del Banco Central. De hecho, la justicialista culpa a ambos sectores de haberla marcado en este nuevo affaire que conmueve otra vez los pasillos del Senado. Seguí pidió ayer a sus colegas que se presenten “espontáneamente” ante el juez para declarar lo que sepan.
A través de un abogado tucumano, la senadora se puso en contacto con Hugo Wortman Jofré, socio de Moreno Ocampo y representante del periodista que originó el caso. Al estudio no le resultó extraña la idea porque conocen la labor de los “inspectores generales” en EE.UU., que son una suerte de fiscales “ad hoc” que colaboran con la Justicia. Algunos son ex fiscales o ex integrantes del FBI y por ejemplo participaron en el monitoreo de la remoción de escombros de las Torres Gemelas. Más cerca, durante el primer escándalo de sobornos en el Senado los hombres de Moreno Ocampo asesoraron como técnicos al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.
Tras escuchar la propuesta, Wortman Jofré respondió que Moreno Ocampo estaba en Londres y no podía dar una contestación hasta que conversara con su socio. El estudio advierte que existe incompatibilidad porque son representantes del medio que destapó el tema. La senadora comentó durante el diálogo que ella sabe de la existencia de pruebas en el Senado que nadie ha tocado aún. Quedaron en volver a conversar más en concreto. Pero antes de finalizar la charla, Seguí agregó que si Moreno Ocampo no aceptaba propondría el caso a la agencia Kroll.
A fines de 1998 desembarcó en Argentina Kroll-O’Gara, bautizados internacionalmente como los “cazacorruptos” que descubrieron las riquezas de dictadores y presidentes corruptos. A sus filas emigraron algunos cuadros de Moreno Ocampo. Hace un año emitió un estudio confidencial para empresarios según el cual la Argentina tenía “un alto peligro de ataque terrorista”. Sus servicios también fueron contratados por el banquero menemista Raúl Moneta para desacreditar las acusaciones de fraude en su contra. Los honorarios de Kroll oscilan entre los 5 mil y los 300 mil dólares. ¿Cuánto vale la investigación del nuevo escándalo del Senado, cuya gravedad institucional es tal que llevó al juez Claudio Bonadío aavasallar las garantías constitucionales del derecho a la reserva de las fuentes del periodista que lo originó? ¿Y quién pagaría la eventual contratación de Moreno Ocampo o Kroll? El Senado, por supuesto.