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Después de haber hecho públicas sus diferencias durante el fin de semana, tras el archivo del juicio político en su contra, los ministros de la Corte Suprema volverán a sentarse frente a frente en una reunión plenaria que tendrán mañana. Más allá de que las discusiones pudieran profundizarse, los supremos tendrían previsto avanzar en el análisis de las demandas sobre la pesificación y el corralito. Después de haber amagado –cuando aún su futuro estaba en suspenso– con ordenar la redolarización lisa y llana de los depósitos, se dispondrían ahora a avanzar con una salida intermedia, que apuntaría a la devolución de los dólares pero con bonos, avalando así el plan Canje II del Gobierno. Ayer el ministro Gustavo Bossert reconoció su preocupación por el desprestigio del alto tribunal.
Las acusaciones cruzadas después del viernes enfrentaron a jueces de la histórica mayoría automática, proclive a votar a favor de los intereses de Carlos Menem, y a algunos que suelen votar en disidencia. Los primeros son los que más cargos en su contra tuvieron en la Comisión de Juicio Político. Entre ellos, Vázquez salió a cuestionar sin rodeos, especialmente a Enrique Petracchi y Bossert. Dijo que sus colegas trabajan poco y se excusan en algunas causas, como las del corralito, para no comprometerse. Ambos han explicado que lo hicieron por estar afectados por las restricciones bancarias. De todos modos, Petracchi le contestó públicamente a su colega. Dijo que hay grandes diferencias, incluso filosóficas, entre ellos y recordó que Vázquez no se excusó en las causas que involucraban a Menem, de quien es amigo.
A Bossert ayer a la noche se lo oyó decir en el programa televisivo “Desde el Llano”, de Joaquín Morales Solá, que está preocupado por la pésima imagen de la Corte Suprema, reforzada en los últimos días. “He visto una encuesta terrible que habla como de un 80 por ciento de descrédito”, dijo el ministro, que en realidad es uno de los que quedó mejor posicionado. A su vez, sostuvo que “la gente cree” erróneamente “que el mejoramiento de la Justicia depende de la Corte”. “Lo que hay que decir es que a la Corte le llega un paquete armado (cuando recibe una causa). No puede salirse de las sentencias y apelaciones”, argumentó. En relación a la apertura del enjuiciamiento, Bossert señaló: “Sentí una gran desilusión porque entre quienes suscribieron la acusación había gente de grupos ideológicos que a lo largo de nueve años trataron mis votos de manera favorable (...) Después vino la larga espera que nos rompió los nervios a mi familia y a mí”.
El clima de malestar hacia el Congreso y también hacia el Poder Ejecutivo en realidad es general en la Corte. “Sus desaciertos económicos ahora los tenemos que remendar nosotros. Lo que ahora tenemos claro es que la prioridad es la gente”, dijeron allegados a la mayoría automática, que señalaron que hay expedientes vinculados con el corralito y la pesificación que serían retomados esta semana. Entre los temas en que los supremos podrían pronunciarse, figuran el decreto que suspendió la ejecución de las medidas cautelares contra el corralito, las medidas de reprogramación de los depósitos, y la pesificación de los depósitos y de las deudas.
La realidad es que a esta altura hay muchísimos fallos de primera y segunda instancia en todo el país cuestionando la pesificación. “Es muy difícil contradecir una opinión tan generalizada. Y el tema debería ser resuelto antes de fin de año”, señalaron en una vocalía clave de la Corte. Los ministros, de hecho, vienen analizando –y lo han utilizado como herramienta de presión– desde hace más de dos meses un expediente de un ahorrista chubutense que reclama la redolarización de un millón de dólares. Las posiciones al respecto estaban empatadas y el plan era convocar a conjueces, algo que podría concretarse en estos días. También existe la posibilidad –si los ánimos no juegan en contra– de que avance un proyecto impulsado por Guillermo López, que propondría como salida, sin declarar la inconstitucionalidad de la pesificación, que los bancos y elEstado devuelvan a largo plazo los depósitos en bonos que respeten la moneda de origen. Esto sería una forma de convalidar el Canje II, pero implicaría un enorme endeudamiento estatal.