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Como expertos jugadores de truco, o técnicos de fútbol afectos al video y la estadística, el duhaldismo y el menemismo se preparan para recurrir al “último recurso”, la ley de lemas, una iniciativa polémica que producirá fuertes debates en el Parlamento y la Justicia. Mientras uno de los ideólogos de la propuesta, el titular de la cámara de Diputados, Eduardo Camaño, empieza a hacer números y a tejer contactos para asegurar su aprobación, los negociadores de Eduardo Duhalde y Carlos Menem analizan jugadas alternativas, como la posibilidad –cada vez más tenida en cuenta- de que el proyecto no sea aprobado en las sesiones del 22 y 23 de enero, lo que pondría al PJ ante la obligación de realizar la interna partidaria en apenas un mes. Para muchos dirigentes ese escenario, de imposible resolución, es el verdadero anhelo del duhaldismo.
Para que sea tratado en el Congreso, el proyecto de ley de lemas deberá hacer un recorrido complicado. Lo más probable es que en los próximos días el Gobierno impulse en el Parlamento la propuesta del diputado Miguel Saredi, que fue presentada en la mesa de Entradas el 31 de diciembre. Así lo adelantaba ayer uno de los asesores de Camaño, quien también aseguró que su jefe “está laburando para sacar la ley”. “Al proyecto lo van a mandar desde el Ejecutivo, una vez que se habiliten las extraordinarias. A partir de allí, Diputados tiene hasta el 5 de febrero para tratarlo”, aseguró el allegado de Camaño en diálogo con Página/12.
De todas formas, el tratamiento de la iniciativa comenzará en el Senado, donde serán necesarios 37 votos positivos para que se la apruebe y pase a Diputados. En ambas cámaras, el peronismo necesitará de las otras bancadas para que el proyecto sea promulgado. La cuestión se complica aún más si los diputados encolumnados con Adolfo Rodríguez Saá deciden votar en contra, como lo vienen anunciando. En ese caso, el PJ sumaría aproximadamente 110 votos afirmativos, y quedaría bastante lejos de los 129 que se necesitan –como mayoría especial– para aprobar una medida tan controvertida. Ante esa eventualidad, el justicialismo volvería a necesitar –como sucedió varias veces en la historia reciente– de una ayudita de sus amigos radicales.
“Si se van los adolfistas, nos quedamos con 110. Entonces necesitaremos por lo menos 40 votos. Y esa cantidad sólo la tienen los radicales”, analizaba ayer ante Página/12 un influyente diputado del PJ, enrolado en el duhaldismo y con bastante peso en la bancada. Tanto ese legislador como los allegados a Camaño –el encargado de entablar las negociaciones y conseguir el quórum– no descartan que los radicales, o un sector de ellos, terminen apoyando la controvertida ley de lemas. Asimismo, desde otro sector del peronismo, los allegados a Rodríguez Saá repetían el mismo argumento. “La crisis que vive el radicalismo los va a llevar a acordar -discurría ayer Enrique Rodríguez, legislador porteño y apoderado del movimiento que apoya a Rodríguez Saá–. La ley de lemas les resuelve el tema a ellos también.”
En oposición a la intriga de los peronistas, los radicales aseguran que en su partido la ley de lemas “es una discusión cerrada”. “Es una posición acordada desde que la convención constituyente decidió que bajo ningún aspecto se trataría la ley de lemas”, aseguró ayer a este diario un operador legislativo que trabaja junto al senador misionero Mario Losada. En la misma línea se habían manifestado, el viernes, los dos candidatos presidenciales de la UCR, Leopoldo Moreau y Rodolfo Terragno. Los radicales son conscientes de las necesidades del PJ, porque ni los partidos provinciales (encolumnados con Ricardo López Murphy) ni la centroizquierda votarán a favor del “sistema electoral de doble vuelta simultánea”, el nombre técnico de la ley de lemas.
Pero a pesar de las urgencias del PJ, el radicalismo se muestra –sólo en este tema, claro– como un bloque bastante homogéneo. Y a la hora de elucubrar análisis y repasar números, los correligionarios aseguran que a pesar de la desprolija interna que aún no pudieron concluir, la ley delemas no los favorece para nada. “En este momento, esa propuesta es la peor de todas –argumentaba el asesor de Losada, especialista en diagnosticar con ironía los problemas de la UCR–. Porque si tuviéramos 10 candidatos más o menos potables, tal vez vendría bien. Pero tenemos dos candidatos que todavía no resolvieron la interna.”
Si en la superficie lo que se ve es el repaso de números y las gestiones para conseguir votos, en lo profundo sobran las sospechas y las conjeturas sobre conspiraciones y planes maquiavélicos. Así, tanto en el radicalismo como en los sectores del PJ que están ajenos a la disputa Duhalde-Menem, se escuchan repetidas advertencias sobre cuáles serían los verdaderos planes del Presidente: “En realidad no va a haber elección interna. Y tampoco va a haber comicios en abril. Todo esto es sólo un recurso para patear todo hacia adelante. Ponen la ley de lemas como zanahoria, y en marzo nos daremos cuenta que no hubo internas y que hay que postergar las generales”, prevenía anoche un operador de la UCR que vive en los despachos del Congreso.
La misma observación, con algunos matices, se escuchaba por el lado de Rodríguez Saá: “Si la ley se aprueba, va a ser cuestionada por la Justicia, y eso puede postergar las elecciones. Ese, justamente, es el objetivo de Duhalde.” Hasta ahí podría pensarse que las advertencias son fruto de la competencia política, porque parten de sectores enfrentados al duhaldismo. Sin embargo, ayer, una alta fuente del duhaldismo apuntalaba las sospechas con un análisis elocuente: “A nosotros no nos preocupa cuál es la solución, si podemos sacar la ley de lemas mejor, pero si no lo logramos, la única salida sería hacer otro congreso del PJ.” Sin aclarar demasiado, pero confiado en que “Duhalde se guarda una carta, tiene un proyecto de poder”, el delegado duhaldista demostraba que el juego presidencial es un juego por etapas. Que consiste en obstruir a su rival, y guardar una carta para jugar después. Y mientras tanto, toda la sociedad queda atrapada en una pelea exclusiva de los dos enemigos íntimos.