En las últimas semanas se discutió ampliamente el proyecto de ley presentado por el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, doctor Julio Cobos, creando una suerte de servicio educativo voluntario para jóvenes en condición de pobreza, utilizando a las Fuerzas Armadas como agencia principal. Las críticas a este proyecto han sido generales y no hace falta repetir aquí sus argumentos. Mi objetivo es invertir la lógica que pudo haber llevado a concebir ese proyecto, tan desatinado desde el punto de vista educativo, social, económico y cultural.

En el nuevo capitalismo hay dos tipos distintos de excluidos. Por un lado, están los excluidos de abajo, que más bien deberían ser considerados como expulsados por el sistema. Pero en el otro extremo están los excluidos de arriba, que se autoexcluyen y se desresponsabilizan de sus compromisos con el resto de la sociedad.

Las discusiones de políticas sociales se suelen concentrar en la situación de los expulsados. Sin embargo, ya sabemos que las estrategias de inclusión sólo serán efectivas si forman parte de un proyecto destinado a construir una sociedad más justa. Y para construir una sociedad más justa es fundamental que se modifique el comportamiento de los de “arriba”, de aquellos que concentran la riqueza y el poder.

Desde este punto de vista, me parece fundamental que comencemos a pensar en políticas que permitan el desarrollo de una mayor conciencia social, solidaridad reflexiva, adhesión a la justicia, responsabilidad social o como quiera llamarse al objetivo de promover mayores niveles de compromiso con el bien público y la cohesión social por parte de los sectores más favorecidos de la sociedad.

Las universidades, tanto públicas como privadas, son hoy uno de los lugares donde se forman las elites dirigentes que concentran el acceso al conocimiento, factor fundamental en la distribución del poder en esta sociedad. El uso del conocimiento es determinante para definir si el rumbo de una sociedad se orienta hacia mayores o menores niveles de justicia. Por esa razón me parece que llegó el momento de discutir la necesidad de incluir en las carreras universitarias, en forma obligatoria, la realización de experiencias de aprendizaje que garanticen la formación de altos niveles de responsabilidad social en sus egresados. Esto vale para las carreras así llamadas “duras”, como para las “blandas”. Decisiones acerca de hacia dónde dirigir y cómo utilizar las investigaciones sobre salud, manipulación genética, cuidado del medio ambiente y producción de alimentos, por ejemplo, son tan importantes como las investigaciones sobre creación de empleo, enseñanza de las ciencias, construcción de viviendas o procesos migratorios.

Hace algunas décadas, a esto se lo llamaba “extensión universitaria”. Hoy no alcanza con ese enfoque. Sabemos que existen importantes iniciativas en algunas universidades argentinas, destinadas a promover este tipo de experiencias de aprendizaje que garanticen la formación de la conciencia social que exige el contexto actual, donde el conocimiento y la información son los factores clave de la competitividad económica y del desempeño ciudadano. Es necesario recoger esas experiencias, sistematizarlas y convertirlas en la base de un proyecto destinado a la creación de un servicio social obligatorio para todos aquellos que acceden a la cúpula del sistema educativo y que serán responsables en el futuro de poner el conocimiento al servicio de la solución de los problemas sociales más significativos.

* Ex ministro de Educación y titular de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación.