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Mediante un decreto de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo decidió sacar del ámbito de las renegociaciones contractuales la facultad de aumentar las tarifas de los servicios públicos. Para ello debió eliminar el artículo 9 de la Ley de Emergencia Económica que establecía dicho mecanismo. Aunque el decreto no habla de aumentos específicos, ni de cuándo serán aplicados, otorga la facultad de instrumentarlos al Ejecutivo. Fuentes gubernamentales dijeron a Página/12 que a partir de febrero se aplicarán ajustes de entre el 7 y 9 por ciento empezando por la luz y el gas, subas similares a las frenadas por la Justicia en diciembre pasado. Las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores insistieron en que la vía del decreto es inconstitucional e ilegal, por lo que volverán a buscar que la Justicia trabe los aumentos.
Como fuera largamente preanunciado, el Poder Ejecutivo encontró un artilugio legal para saltar las limitaciones autoimpuestas mediante la Ley de Emergencia Económica. El camino elegido fue evitar hablar explícitamente de aumentos tarifarios y recurrir al eufemismo de “garantizar a los usuarios la calidad y continuidad de los servicios”. Pero en el actual contexto “calidad y continuidad” deben leerse como “mejorar la rentabilidad” de las privatizadas, es decir, como mayores pagos para los usuarios.
El decreto, que se publica hoy en el Boletín Oficial, elimina el artículo 9 de la Ley de Emergencia Económica que establecía el mecanismo de las audiencias públicas para la renegociación de contratos como ámbito del que surgirían los ajustes. En su reemplazo, según informaron fuentes de la Jefatura de Gabinete, se “faculta al Poder Ejecutivo para eventualmente producir correcciones que permitan sostener” las citadas “calidad y continuidad” de los servicios.
Una vez que el decreto quede firme, es decir, que pase el filtro de no ser frenado por el Poder Judicial como sucedió con los anteriores intentos de ajuste, el objetivo gubernamental es efectivizar los aumentos. Las subas estarían en los valores manejados desde diciembre pasado: 7,2 por ciento para el gas y 9 por ciento para la luz. Según la óptica del Ejecutivo, los servicios con valores más “retrasados”. Luego de estos primeros reajustes vendrá el turno de los restantes servicios. En los primeros lugares de la lista esperan teléfonos y agua.
El presidente Eduardo Duhalde justificó los inminentes aumentos argumentando que no tendrán mayor incidencia sobre las facturas que recibirán los usuarios. Serán “solamente de 1,5 a 2,2 pesos por mes” por factura. “Una suba de dos pesos para el usuario no es nada que se pueda calificar de tarifazo”, consideró. Como la iniciativa ya tuvo dificultades judiciales, Duhalde explicó que “ahora estamos viendo cómo atender el argumento legal, porque si no se hace algo con las tarifas será como dejar al próximo gobierno un campo minado en esta cuestión”.
Cabe recordar que la Justicia –haciendo lugar a un reclamo formulado por entidades de consumidores y también por las defensorías del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación– suspendió en diciembre pasado la aplicación de ajustes en electricidad y gas.
El otro caballito de batalla del Gobierno es la tarifa social. En principio, alrededor del 40 por ciento de la población con consumos mínimos no sería alcanzada por el ajuste. Se trata de aquellos cuyo gasto es menor a los 300 kilovatios mensuales, en el caso de la electricidad, e inferior a los 500 metros cúbicos de gas anuales.
Desde el Ministerio de Economía, en tanto, negaron que los efectos inflacionarios de los ajustes sean significativos. El cálculo considera que el impacto sobre el índice de precios al consumidor será por única vez y con un valor cercano al 1 por ciento. Por su parte, la consultora Ecolatina, destacó en un informe reciente que un ajuste promedio del 10 por ciento determinaría una suba de precios minoristas del 1,2 por ciento y mayoristas por debajo del 1 por ciento. Los organizaciones defensoras de los usuarios adelantaron ayer que esperaban la publicación del decreto en el Boletín Oficial para presentar batalla judicial y criticaron la legalidad del camino elegido por el Gobierno. Por su parte, el representante de los usuarios en la Comisión Renegociadora de los Contratos de Servicios Públicos, Ariel Caplán, aseguró que recurrir a un decreto “es ilegal, inconstitucional e inconveniente” para el proceso de renegociación.
A favor del Gobierno podría decirse que aumentos de entre el 7 y el 9 por ciento están muy por debajo de los ajustes de hasta el 70 por ciento demandados por algunas privatizadas que pretendían ignorar la existencia de la devaluación y de más del 30 inicialmente pedido por el Fondo Monetario Internacional.