EL PAIS › EL GOBIERNO DE LOS GRUPOS ECONOMICOS

Fin de régimen

A la licuación de deudas, el gobierno de los grupos económicos sumará un seguro de cambio para las Obligaciones Negociables con el exterior. Los pagos atrasados a los exportadores agropecuarios se liquidarán al dólar libre. Quedará sin efecto el impuesto a las exportaciones de hidrocarburos, por presiones de las que se jactó el asesor norteamericano de Eduardo Amadeo. Las empresas privatizadas piden la pesificación de sus insumos importados, es decir otro subsidio, y el incumplimiento de sus compromisos de inversión. Duhalde y Alfonsín han consumado la más brutal transferencia de ingresos de toda la historia argentina, del conjunto de la sociedad a los grupos económicos del capital más concentrado. Próximo acto, con otros intérpretes: la dolarización.

 Por Horacio Verbitsky

La reunión de gabinete del domingo 3 en Olivos, con Raúl Alfonsín sentado a la diestra del presidente provisional Eduardo Duhalde en una mesa atiborrada de justicialistas, radicales y frepasistas es propia de un fin de régimen. De los mayores paradigmas de la vieja política que se resiste a morir sólo faltaron José Luis Manzano y Enrique Nosiglia, porque ni sus jefes se animan a presentarlos en público; Carlos Menem, porque no lo invitaron, y César Jaroslavsky, porque tenía una cita más trascendente. Al cabo de esa reunión se anunció la más brutal transferencia de ingresos, del conjunto de la sociedad hacia los grupos de capital más concentrado, con la pesificación 1 a 1 de todas sus deudas bancarias. Hay que remontarse a 1981/2, en los estertores de la dictadura militar, con la estatización de la deuda externa privada por Lorenzo Sigaut y Domingo Cavallo, o a 1992, con el desguace del Estado, para encontrar un golpe de acumulación más descomunal. Y ni siquiera es todo: ya se han iniciado las negociaciones para que también sean endosadas a la sociedad las obligaciones negociables colocadas entre inversores extranjeros por los mismos grupos económicos locales y empresas trasnacionales. Esto se hará por medio de un seguro de cambio, denominación tan engañosa como su sustancia: los seguros se contratan antes del incendio, no después. Sólo en 2002, estos vencimientos se acercan a los 7000 millones de dólares. Mientras, el presupuesto enviado al Congreso apenas contempla una partida mínima de 1300 millones de pesos para “ayuda social”, focalizada en los más desprotegidos, que a fin de año serán unos dos millones más que ahora. Más de la mitad de la población ya estará entonces por debajo de la línea estadística de la pobreza.
El gran salto
No basta con que Duhalde invoque la calidad de la democracia (como hizo en su mensaje del viernes, de forma y contenido patéticos) para que el proyecto de reducción de costos se convierta en una reforma política. Su ignorancia sobre lo que decía se hizo inocultable cuando propuso bajar el gasto político al 2 por ciento pero no dijo al 2 por ciento de qué. Hasta él debe haberlo advertido, porque se miró la mano con la que hacía el gesto de pedir un café, a ver si allí encontraba el dato faltante, que en su cabeza no estaba. La retórica participativa tampoco se compadece con la reducción de representantes de los distritos y de los partidos pequeños proyectada. Menos aún con la propuesta de que el pueblo sólo moleste cada cuatro años con su opinión a quienes han llevado al país a la actual crisis de la representación política. La mayor falacia fue, sin embargo, que había quedado atrás lo que denominó la “Argentina financiera”. Por el contrario, en toda la historia argentina ninguna decisión administrativa produjo un salto más pronunciado de valorización financiera del capital que el que se derivará de las medidas recién adoptadas por su gobierno. La “Patria Financiera” no se reduce a los bancos. Constituye un modo de funcionamiento de toda la economía, y uno de sus ejemplos transparentes es el Ministro de la Producción, José Mendiguren, que vendió su principal empresa y con ese dinero realizó colocaciones financieras en el exterior. La devaluación duplicará ahora su poder adquisitivo. Duhalde englobó entre los beneficiarios de su política al poder económico más concentrado junto con “los talleristas, los trabajadores y las pymes”. Nada más alejado de la realidad: sólo quienes exporten y tengan inversiones en dólares en el exterior se beneficiarán con la devaluación y la pesificación de deudas. Para aquellos que dependen de ingresos fijos en pesos o de ventas en el mercado interno los efectos serán tan devastadores como los de la inolvidable circular 1050 de José Martínez de Hoz. Poco más de mil deudores representan la mitad de las deudas licuadas y los primeros cincuenta, cuya nómina ya se publicó aquí, el 10 por ciento del total. El costo se dividirá entre los ahorristas cuyos depósitos se pesifican a 1,40 y el Estado, que emitirá un bono para compensar a los bancos por el descalce entre deudores y acreedores. Vale la pena cuantificar cada rubro:
u Antes de la devaluación el total de los ahorros era de 75.000 millones de dólares.
u Una vez pesificados a $ 1,40 pasan a ser 105.000 millones de pesos.
u Si la cotización del dólar libre fuera de 2 pesos equivaldrían a 52.500 millones de dólares.
u La diferencia entre sus 75.000 millones iniciales y los 52.500 millones post devaluación será la pérdida inicial para los depositantes: 22.500 millones de dólares. Entre ellos están los ahorristas forzados en las AFJP, cuyos haberes previsionales también se licuaron.
u El bono que el Estado entregará a los bancos para compensar el descalce insumirá unos 18.000 millones de dólares.
u Un segundo bono compensará a los depósitos de menos de 30.000, dólares, cuyos titulares se rehúsen a la pesificación compulsiva. Es imposible cuantificarlo mientras no se sepa qué cantidad de ahorristas aceptarán un papel emitido por un Estado que se ha declarado en bancarrota.
Elogio de las presiones
El vocero del reclamo del seguro de cambio para las Obligaciones Negociables con las que el poder económico más concentrado se financió en el exterior fue el ex presidente del Banco Central, Pedro Pou. En una declaración firmada esta semana se quejó de que no todos los deudores se han beneficiado. “Quienes tomaron deuda directamente del exterior están, por ahora, penalizados”, dice. Por ahora.
Pou, quien elaboró para Menem un plan de dolarización, agrega que la transferencia a los trabajadores del 40 por ciento de las deudas privadas podría ser mayor, de acuerdo con el ritmo inflacionario y adelanta un vaticinio sombrío: “Si los endeudados necesitan la hiperinflación para licuar sus deudas, ¿qué es lo que, en este fluido contexto jurídico, puede darnos seguridad de que eso no ocurrirá?”. Por lo pronto, los exportadores de cereales ya han conseguido una excepción a la pesificación 1 a 1 de las deudas. Ellos le cobrarán al Estado la devolución atrasada del IVA al precio del mercado libre. Eso sí, aceptan un plan de cuotas de un año y medio, un año más corto que el de los ahorristas acorralados. Este acuerdo arrasa con la intención de un grupo interno de la Unión Industrial, que a espaldas de Mendiguren la semana pasada propuso a Alberto Abad, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la imposición de retenciones móviles a todo tipo de exportaciones, de modo que cualquiera fuera la cotización del dólar los exportadores hidrocarburíferos sólo percibieran 1,20 pesos por dólar y los agropecuarios e industriales 1,40 pesos.
También ha pasado al recuerdo el impuesto a las exportaciones de hidrocarburos, que el Congreso votó pero que el gobierno no aplica. Durante un seminario realizado en Washington se supo por qué. El economista Alan Meltzer, de Carnegie Mellon University, quien influye sobre el presidente provisional a través de Eduardo Amadeo, explicó que “al principio Duhalde puso en marcha medidas proteccionistas y populistas como el anunciado impuesto a las petroleras y el tipo de cambio doble, pero por las presiones corrigió el rumbo”.
Falta todavía un cuadro en este acto de la tragedia, que se escribirá en la mesa de negociaciones con las empresas privatizadas. A cambio de la desdolarización de sus tarifas, reclaman la pesificación de sus insumos importados (es decir que el Estado les subsidie parte de sus compras externas) y el incumplimiento de sus compromisos de inversión. La suma de todas estas transferencias duplica y tal vez triplica el monto que el gobierno está implorando al Fondo Monetario Internacional. Esto permite apreciar la funcionalidad de la deuda externa. El financiamiento internacional no ha ido a la inversión productiva en el país, sino a la fuga de capitales. Por eso la crisis del último experimento unioncívicoradical se desencadenó en setiembre de 2000 al cortarse el flujo de endeudamiento, tal como le había ocurrido a Alfonsín una década antes. Esto indica que la Argentina podría prescindir de los recursos de los organismos financieros internacionales, y de las condiciones espantosas que imponen para entregarlos en cuentagotas. Bastaría para ello que dejara de subsidiar al capital más concentrado. Como la dictadura militar, Alfonsín y Menem, Duhalde ha elegido la dirección opuesta y Amadeo acompañará a Jorge Remes Lenicov a Washington, para controlar que no se aparte del libreto.
Con el gobierno de los grupos económicos reaparecen personajes que tuvieron actuación en períodos anteriores y se repiten las viejas prácticas que llevaron al desprestigio de la clase política. En la Sindicatura General de la Nación, a cargo del control interno del Poder Ejecutivo, Duhalde designó al capitán de fragata Julio Comadira, quien fue auditor del ex dictador Emilio Massera, jefe de gabinete de Raúl Granillo Ocampo en Justicia y representante de Menem en el Consejo de la Magistratura. En agosto de 1983, cuando el juez federal José Nicasio Dibur investigaba los secuestros y asesinatos cometidos en la ESMA, Comadira firmó un escrito donde negó la existencia en la Armada del almirante Chamorro y del Tigre Acosta, director de la ESMA y de su grupo de tareas. Comadira pasó a retiro en 1989 y el mismo día fue designado por Roberto Dromi y Rodolfo Barra como director de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Allí fue uno de los responsables del marco jurídico para el remate de las empresas públicas, del que aprovecharon los grandes grupos económicos. Desde la SIGEN su firma autorizará los pagos de deudas consolidadas del Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados y las empresas y sociedades del Estado. Otra cabina de peaje se instalará en el Congreso, si se aprueba el proyecto de José Luis Manzano, firmado por sus operadores Miguel Toma y Jorge Matzkin, que crea una Comisión de Recuperación del Sector Productivo. Su propósito: “Resolver las situaciones que se generen en los procesos concursales y quiebras, ya iniciados o a iniciarse, de empresas del sector productivo nacionales”. Se anticipan de este modo al veto a uno de los artículos de la ley de quiebras reclamado por el Fondo Monetario Internacional.
Un poco de historia
La apertura financiera de 1977 aniquiló la economía basada en la producción y el mercado interno. Los grupos económicos locales tomaron créditos en el exterior y lo represtaron a tasas más elevadas a aquellos actores económicos que no tenían la envergadura ni los contactos como para fondearse en el mercado internacional. Mientras, su capital de trabajo era provisto por el Estado a través de una amplia gama de subsidios: compras de bienes y servicios con sobreprecios, regímenes de promoción industrial, reembolsos a las exportaciones. Hace dos décadas, con el mismo argumento actual de salvar a las “empresas nacionales” de la quiebra y defender así los puestos de trabajo, esa deuda privada fue asumida por el Estado. Al concluir la dictadura militar, la deuda externa era equivalente a los depósitos en el exterior de residentes en la Argentina. Esa paridad 1 a 1 entre deuda y fuga de capitales ya viene durando el doble de lo que alcanzó a mantenerse la convertibilidad con el dólar.
Durante el gobierno de Alfonsín el Estado siguió pagando esos subsidios y, para financiarlos, recurrió a lo que se conoció como el festival de bonos: la colocación de títulos oficiales a tasas de interésextravagantes, que eran tomados por los mismos grupos económicos. Esto llevó a la bancarrota del Estado que no pudo seguir afrontando al mismo tiempo estos subsidios y el pago a los acreedores externos. El conflicto se zanjó con la hiperinflación, cuya salida fue el plan elaborado por Henry Kissinger, de trueque de los desvalorizados títulos de la deuda externa por acciones de las más apetecidas empresas estatales. El desguace del Estado asumido por Menem implicó así una tregua entre los dos sectores del capital más concentrado que se disputaban la hegemonía. Un rasgo central de las privatizaciones fue que se formaron para ello asociaciones entre grupos económicos locales (encargados de abrir puertas e indicar en qué bolsillos había que depositar el pago correspondiente), bancos acreedores (que suministraban los títulos de la deuda) y operadores internacionales (con el know how para hacer funcionar un teléfono o una usina). En ese proceso todos obtuvieron ganancias extraordinarias, imposibles de conseguir en otros lugares del país y en otras actividades dentro de la misma economía argentina. Luego de la reelección de Menem, en 1995, esas asociaciones comenzaron a deshacerse. Los socios extranjeros exigían que los locales aportaran el capital necesario para cumplir sus compromisos de inversión o que garantizaran con sus patrimonios personales los créditos correspondientes. Los aborígenes rechazaron indignados esa afrenta al ser nacional y comenzaron a vender sus participaciones. Con el dinero que recibieron efectuaron nuevas colocaciones financieras e inversiones directas en el exterior y compraron tierras o agroindustrias de exportación. La devaluación dispuesta por el gobierno del Pacto vuelve a valorizar esos activos financieros y las inversiones en producciones exportables. La concentración de la economía se incrementará aún más, porque podrán comprar por dos pesos todo lo que les interese.
En contra de las afirmaciones oficiales, todas las medidas adoptadas hasta ahora refuerzan la posición del dólar como reserva y referencia de valor, lo cual permite temer que una vez terminada la licuación de todas las deudas y consumada la transferencia de ingresos y la modificación de los precios relativos de la economía, reaparezca la presión dolarizadora, esta vez encarnada en el cordobés José de la Sota. Los diputados que le responden, encabezados por su ex ministro Oscar Félix González, ya han presentado un proyecto de ley que derogaría el decreto de pesificación y le colocaría como límite las deudas de hasta un millón de dólares. No tiene posibilidad de pasar, pero recuerda que De la Sota no ha desistido de su reclamo de elecciones anticipadas, lo mismo que el sureño Néstor Kirchner. Ambos piensan en setiembre de este año y no del próximo. Tampoco ellos parecen haber entendido que el fin de régimen que la movilización popular ha provocado sólo se saldará con una verdadera renovación democrática o de otro modo dará lugar a una regresión autoritaria.

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Alfonsín a la diestra de Duhalde, en una mesa de justicialistas, radicales y frepasistas.
Un fin de régimen del que sólo se saldrá con una renovación democrática profunda. La alternativa es una regresión autoritaria.
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