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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebró la decisión del juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, quien –tal como adelantó ayer Página/12– declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en la causa por la Masacre de Margarita Belén. “El CELS reafirma que las decisiones por justicia, verdad y memoria son un puntal ético para el futuro del país, en un presente en el que debemos ser celosos de lo que hemos ganado e intransigentes con lo que nos resta por hacer”, remarcó el organismo que inició la querella a la que responde la resolución de Skidelsky. En esta causa está imputado el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien era secretario de la intervención provincial en diciembre de 1976, cuando se llevó a cabo la matanza de 22 prisioneros políticos. Por ahora, el juez supeditó las citaciones de los acusados a una respuesta de la Cámara Federal de Rosario, que debe ratificar su competencia. En declaraciones radiales, el magistrado aseguró que “cualquier persona que haya pasado por la Facultad de Derecho” debe considerar que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son nulas. Y sugirió que los legisladores que votaron las normas en el Congreso deben considerarse “infames traidores a la Patria”, ya que las leyes violaron el artículo 19 de la Constitución Nacional. El magistrado ratificó que ahora espera que la Cámara Federal de Rosario le envíe el expediente para poder continuar con la causa.