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Por Laura Ginsberg*

Hace dos meses que el Gobierno puso en marcha una campaña sucia con la excusa de conocer “toda la verdad” y poner punto final a la causa AMIA. Decretos que impiden a los jueces citar como testigos a los espías públicos, cartas secretas de espías que públicamente se desdicen de sus declaraciones secretas, y un informe secreto donde públicamente se acusaría a otros Estados para no reconocer la criminalidad del propio Estado argentino. El Tribunal Oral que pretendió competir con el Ejecutivo en argumentos sobre las mejores condiciones para mantener el escenario del juicio, resolvió “evitar que se develen en el juicio cuestiones que podrían afectar a servicios de inteligencia, que aislaría al servicio nacional de la comunidad de inteligencia internacional”. Las esperadas declaraciones de los espías se darán –si se concretan– bajo las condiciones de Duhalde. El Tribunal se hizo eco de los argumentos y las presiones del Ejecutivo y sus aliados internacionales, Estados Unidos e Israel, anunciando que en el tiempo que le queda de vida no debe esperarse de él ninguna actitud en defensa de “los valores éticos y jurídicos en juego” que ponga en riesgo o que cuestione a alguna de las instituciones o al Estado mismo. Galeano hizo lo propio con el informe de la SIDE para dar por cerrada la conexión internacional. Careciendo de evidencias concretas, redactó un fallo político previo al cierre de su “investigación” para satisfacer las necesidades del Estado argentino y sus compromisos internacionales. La vía jurídica es impotente para esclarecer el crimen de la AMIA porque es parte responsable del entramado nacional e internacional del encubrimiento. La instancia del juicio oral puede darse por superada. La convicción generalizada de que la masacre de nuestros familiares y amigos fue cometida y encubierta por fuerzas de seguridad estatales tiene un peso específico tal que obliga a los distintos poderes a abroquelarse y superar sus crisis internas en pos de la defensa de los secretos de Estado y la consolidación de los vínculos con aquellos Estados que acompañaron las políticas criminales del Estado argentino. La judicialización de la responsabilidad política y criminal del Estado, en manos del propio Estado, fracasó. Frente a ello, los integrantes de la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) impulsamos un petitorio denunciando los objetivos del Poder Ejecutivo y reclamando la derogación inmediata del decreto 41/03, su antecedente, el 490/02, y el decreto 116/03. La constitución de una Comisión Independiente para investigar, juzgar y condenar las responsabilidades políticas y criminales del Estado argentino y sus socios internacionales en la masacre de la AMIA es el camino que nos toca transitar junto a organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos.

* Integrante de Apemia.