“No hay nadie en Córdoba que me pueda proteger y me van a dejar en la calle”, advirtió el ex sargento Julio Giménez, desesperado. A casi un año de haber denunciado ante la Justicia las amenazas que un superior le realizó por impulsar la investigación del asesinato de su padre, en manos de efectivos policiales en la D2 de la provincia de Córdoba y en el marco de delitos de lesa humanidad, su situación empeoró: las autoridades denunciadas le iniciaron un sumario administrativo “sin motivos” que hace peligrar sus haberes jubilatorios y lo acusaron de “extorsionador y corrupto”. “Les escribí al gobernador (José Manuel de la Sota) y al ministro de Seguridad (Alejo Paredes), pero ninguno me respondió”, contó a Página/12.

Hace varios años, Giménez activó en la Justicia la investigación sobre el asesinato de su padre, en 1976, en manos del Comando Libertadores de América (versión local de la Triple A), conformado por integrantes del D2, una dependencia policial que durante la dictadura funcionó como centro clandestino. En un principio, el ahora ex fiscal general de Córdoba Gustavo Vidal Lascano la mantuvo inmóvil hasta principios de año, cuando la fiscal Gabriela López Filoñuk concluyó con los procesamientos de los ex policías Raúl “Tucán” Yanicelli, Herminio “Boxer” Antón y el “Turco” Yabow, además de Héctor Bergés, y espera por sorteo un juez que la lleve a juicio oral.

En 2009, el impulso de esa investigación comenzó a dar sus (malos) frutos. Fue entonces cuando, según contó, lo mandó llamar el comisario general de Córdoba (hoy comisario mayor), Ramón Frías, para amenazarlo: “Te voy a trasladar para que te dejes de joder con lo del D2. Si no, vas a terminar como tu papá”. No sólo lo trasladaron, sino que además le bajaron las calificaciones y le abrieron un sumario. “Me consideraron responsable de una producción periodística (en un diario local) sobre la muerte de mi papá, por considerar que en ella comprometo el decoro de la institución. Pero nunca pudieron probar que la producción fuera responsabilidad mía”, explicó Giménez.

En 2011, finalmente, ese sumario quedó cerrado. Sin embargo, cuando solicitó los trámites para su retiro, la caja jubilatoria sólo se lo concedió de manera condicional. “Me dijeron que tengo un sumario administrativo abierto. Así, me pagan la jubilación durante 12 meses y no más hasta que el trámite quede decididamente cerrado. No es verdad que esté abierto ese sumario. Me lo hacen a propósito por la investigación que impulsé contra el D2”, denunció.