Varias investigaciones abiertas sobre los saqueos ocurridos durante los acuartelamientos policiales buscan avanzar sobre los vínculos que efectivos de esas fuerzas de seguridad tuvieron con los hechos. El fiscal de Concordia, Germán Dri, aseguró en este sentido que en esa ciudad entrerriana ya “hay vinculaciones concluidas e imputaciones realizadas”. De la misma manera, en Tucumán, donde hay ocho policías detenidos acusados de sedición, la Justicia perita sus teléfonos celulares y computadoras para establecer la sospechada conexión entre la medida policial y los saqueos.

El coordinador de los fiscales de Concordia, José Costa, confirmó que cinco de los domicilios donde fueron encontrados objetos robados –principalmente electrodomésticos– corresponden a familiares de funcionarios policiales. En la ciudad se hicieron 105 allanamientos con resultados “positivos”, en los que se logró recuperar objetos robados durante los saqueos del 8 y 9 de diciembre.

Costa detalló que “se está cotejando la información que tenemos”, proveniente de imágenes (fotos y 400 horas de filmaciones) e Internet, como así también buscando a los testigos que han hecho referencia a la vinculación de efectivos con los robos.

El primero de los casos de los policías donde se encontró objetos sustraídos durante los saqueos corresponde a la madre de un sargento cuyo apellido es Valdez.

En Tucumán, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal realizó 70 detenciones y más de 100 allanamientos, en los que recuperaron cerca de 1900 objetos robados. Los ocho policías detenidos fueron acusados de sedición debido a que la Justicia local entendió que los uniformados, algunos de ellos cesanteados por protestas y acuartelamientos realizados en 2012, se levantaron en armas contra el gobierno provincial y dejaron a la ciudadanía en estado de indefensión.

Fuentes de la investigación aseguraron que en caso de que no se comprueben los vínculos entre los uniformados y los saqueos, no descartan mantener la acusación, ya que entienden que los referentes del alzamiento tenían plena conciencia de que al dejar las calles liberadas iban a suceder los hechos delictivos que se desataron en la ciudad y que dejaron un saldo de 6 muertos y más de 250 comercios atacados.

Por otra parte, en Rosario procesaron a 46 detenidos por los saqueos en el Gran Rosario. La medida fue tomada por el juez de Instrucción, Gustavo Pérez de Urrechu, que procesó a la mayoría por los delitos de robo agravado y resistencia calificada a la autoridad.

El saqueo fue realizado el 27 de noviembre contra el supermercado chino Hua Ding, ubicado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Por el episodio habían sido detenidos inicialmente 65 personas, entre las que había 14 menores de edad.

El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, sostuvo que debería haber un criterio nacional sobre las penas a aplicar. El funcionario apuntó que lo que pasó en Rosario “sucedió en todo el país”. “Fueron saqueos, pero también vandalismo y es bueno tener una mirada de lo que está pasando en el país para abordarlo con un criterio colectivo.” También advirtió que “seguramente tuvo alguna logística, porque son muchos los que comentan que hubo motos, Audis negros y autos Polo grises, tanto en Villa Gobernador Gálvez como en Rosario”.