EL PAIS › EN SERIO, DANIEL SCIOLI ES

La esperanza blanca

Daniel Scioli rompió lanzas con Néstor Kirchner, al parafrasear el slogan de la campaña de ambos para criticar decisiones del Presidente. El vicepresidente tiene una agenda distinta de la del Gobierno. Es el puente entre Menem y Duhalde y la gran esperanza blanca de quienes no se resignan al divorcio entre política y negocios. Se confirma que el hombre es el lobby del Lupo.

 Por Horacio Verbitsky

Una cosa es lo que dijo y otra cómo lo dijo. Y ambas se potencian. El vicepresidente Daniel Scioli golpeó sobre los dos temas emblemáticos del gobierno de Néstor Kirchner. Y el golpe fue duro y bajo. El primer tema es la revisión de los crímenes de la dictadura militar de la década de 1970. El otro, la revisión de los contratos con las empresas privatizadas en la década de 1990. La suma de ambos es explicación suficiente y necesaria para el tránsito que padeció la Argentina, de ser una sociedad próspera y equitativa como ninguna otra en América Latina a otra pauperizada, corrompida y violenta como pocas. Y esos son los frentes principales que Kirchner ha elegido para llegar a un resultado que desde su campaña sintetizó en esta frase: construir un país en serio. “En un país en serio el Congreso no anula sus leyes”, declaró Scioli en uno de los medios más próximos al ex presidente Carlos Menem y a aquellos intereses que se sienten agredidos por Kirchner. También anunció que luego de las elecciones aumentarían las facturas de los servicios públicos privatizados. Es decir, eligió la confrontación abierta con el presidente. Habrá que ver si, en serio, tiene con qué soportarla.
Réplicas
Muchos medios han dicho que el gobierno intentó minimizar la controversia, pero eso no se sustenta en la información que ellos mismos publican. Kirchner replicó de inmediato y con vehemencia al vicepresidente. La de Scioli es una opinión personal sobre un tema en el que no hay decisiones tomadas, en un país serio no hay desaparecidos ni leyes y decretos de impunidad, dijeron su vocero Miguel Núñez y el jefe del gabinete, Alberto Fernández. Y el ministro de Servicios Públicos, Julio De Vido, anunció la postergación hasta mediados de noviembre de la audiencia pública en la que se discutirá el caso del gas natural. “Y lo que dijo sobre la nulidad de las leyes es una grosería agresiva. Sólo le faltó decir que somos derechos y humanos”, llegó a escucharse en presencia del presidente.
En el gobierno, nadie atribuye lo sucedido a incontinencia verbal de Scioli. “No podemos ser ingenuos. A este muchacho lo están operando las empresas privatizadas y algunos embajadores”, dicen. Hasta se llega a mencionar el expresivo sustantivo valijas. Si se inquiere a esos funcionarios por los viajes de Scioli a Estados Unidos y Europa, el apoyo a Miami como capital del ALCA, que el hermano presidencial Jeff Bush agradeció en forma efusiva, los reiterados encuentros públicos y reservados con las cúpulas empresariales que presionan por todos los medios a su alcance para que el gobierno “hable de la economía y no de la Corte Suprema y los militares”, la visita a la Sociedad Rural el día en que
Kirchner tuvo un repentino problema de agenda, responden que fueron decisiones personales del vicepresidente. Tampoco consideran que la elección del momento para esas agresiones haya sido casual. Cuando Scioli habló para los medios en los que figura como directivo Daniel Hadad, el ministro de Economía Roberto Lavagna estaba concluyendo con los delegados del FMI el borrador de acuerdo que esta semana será puesto a consideración del directorio. “Cuando estamos cerrando el borrador, esas declaraciones son una traición a la Patria”, califican en los despachos próximos al Salón Blanco. Como decía Plauto, “Homo homini Lupus”, que traducido al argentino contemporáneo significa “El hombre es el lobby del hombre”.
Las tarifas
El tema de los precios que las empresas privatizadas cobran a los usuarios de sus servicios es uno de los puntos en discusión. Durante la reunión que sostuvo en Buenos Aires con entidades de la sociedad civil, el director gerente del Fondo, Horst Köhler, debió escuchar críticas severas al rol del organismo como lobbysta de los intereses de esas compañías. Incluso, el Centro de Estudios Legales y Sociales y organizaciones de usuarios y consumidores llevaron el caso a la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, con un documento en el que afirman que la presión por aumentos en esos precios es violatoria del convenio constitutivo del organismo y del código ético que prohíbe a sus funcionarios abogar por intereses de empresas o de países. De regreso a Washington, Köhler escribió una carta a uno de los asistentes a la reunión. “Me gustaría aclararle que mi interés respecto de las compañías privatizadas de servicios públicos es que la actual renegociación de los contratos de concesión conduzca a un oportuno acuerdo de todas las partes en un marco regulatorio transparente y predecible, que tenga firme bases legales e incluya cambios en las tarifas. Como mencioné durante la reunión en Buenos Aires, creo que cualquier aumento necesario en las tarifas debería implementarse en una forma que asegure que los servicios esenciales sean accesibles para los grupos de menores ingresos en la Argentina y que las redes de seguridad social se fortalezcan con este objeto”, dijo Köhler.
En las oficinas del gobierno se afirma que esos términos son congruentes con los del borrador de acuerdo con el Fondo, en el que no se especificarían ni montos ni plazos. “Lavagna lo quería fusilar a Scioli cuando leyó sus declaraciones”, dicen. Del borrador se había suprimido cualquier referencia a aumentos, por indicación personal de Kirchner. Cada vez que ha debido responder sobre el tema, el ministro de Economía se ha encerrado en una definición elaborada con el hermetismo y la concisión y sin la belleza de un haiku: se tendrán en cuenta “el derecho de los inversores a recibir utilidades, la financiación de las inversiones con parte de esas utilidades y la prestación de un servicio eficiente acorde con la capacidad de pago de los usuarios”. Al mismo tiempo lo dice todo y no dice nada.
El riesgo
Tanto Lavagna como De Vido están reuniendo información sobre los contratos a renegociar. Sus conclusiones son categóricas: además de los incumplimientos pasados, todas las empresas privatizadas con contadas excepciones están obteniendo ahora mismo ganancias operativas. A medida que se van difundiendo sus balances, se debilitan los argumentos en pro de tarifas más altas. El problema de algunas empresas es el costo financiero de su endeudamiento. En este punto la posición estatal es inflexible: tomar créditos en dólares en el exterior fue una decisión empresarial, no del Estado ni de los usuarios. Además, en muchos casos, esos créditos financiaron una desproporcionada distribución de dividendos entre los accionistas, en detrimento de la inversión. Un documento reciente difundido en la página de Internet del Banco Mundial (“Asignando el riesgo cambiario en contratos de infraestructura privada”) sostiene que son las empresas concesionarias y no los gobiernos ni los usuarios quienes deben asumir el riesgo de una devaluación como la ocurrida en la Argentina, porque están en mejores condiciones para administrarlo. En referencia explícita a la Argentina, el economista senior Timothy Irwin y el especialista en desarrollo social Philip Gray aducen que las empresas privatizadas pueden diversificar y minimizar los riesgos invirtiendo en diferentes países o industrias, contratando seguros o financiando sus proyectos sin ignorar la posibilidad de una devaluación. Por el contrario, en la Argentina los contratos fueron renegociados de modo de endosar a los clientes o al Estado el riesgo cambiario, dice el documento.
Caso por caso
Descartada la hipótesis de un aumento general, se ingresa en el terreno de la discriminación caso por caso. En un extremo, las compañías telefónicas podrían seguir operando con las mismas tarifas durante cinco años, calculan los expertos oficiales. Si bien admiten que ello implicaría que se resintiera la inversión, no les preocupa demasiado porque en los últimos años hubo una sobreinversión en el sector. El otro extremo es el sector energético. El secretario del ramo, el también santracruceño Daniel Cameron, sostiene que hay un atraso real en el precio del gas en boca de pozo que debería ser corregido en un 8 por ciento, aproximadamente. Cuando otros funcionarios cuestionan esa idea, Cameron responde que sin tal corrección el sector no podría responder al eventual crecimiento de la demanda. Algo similar ocurriría con la generación eléctrica. “Si la economía crece, la provisión energética colapsa”, dice Cameron. Un compañero que lo conoce y lo quiere bien considera que es un profundo conocedor técnico carente de cualquier comprensión política. “Si le preguntan si el petróleo es un recurso estratégico o un commodity que debe regirse por el precio del mercado, dirá que es un commodity. Y argumentará que eso sostienen los brasileños. Cierto, pero no toma en cuenta que los brasileños tienen su empresa estatal, Petrobras, que controla sus reservas y ahora también parte de las nuestras. A ellos les cierra bien, pero para nosotros, que liquidamos YPF, es un disparate”, sostiene. De todos modos, aun cuando se impusiera la opinión de Cameron, gas y electricidad serían la excepción y no la regla.
“Casi normal”
Aun así, durante el encuentro de la semana pasada con Kirchner, Oscar Vicente, de Petrobras, aceptó los argumentos oficiales acerca de la imposibilidad de cualquier aumento inmediato. “Tuvo una actitud casi normal. dijo un funcionario del gobierno, creyendo que lo elogiaba. .Por eso es más indignante lo de Scioli”, agregó. Sin nombrarlo, el propio Kirchner descalificó al navegante cuando fustigó a los funcionarios que prefieren servir a intereses particulares y no a los del pueblo. Quienes lo escucharon en privado antes de su viaje a Paraguay dicen que usó vocablos como “olfas, desnacionalizados y lobbystas” para referirse a los dirigentes empresariales cuya letra detecta en la melodía que entona Scioli.
El lobby infernal que las empresas prestadoras están ejerciendo desde la prensa y los despachos políticos no es una novedad para Lavagna, que lo padeció desde un año antes de la victoria electoral de Kirchner. “Durante todo 2002 se anunciaron aumentos inminentes que el gobierno no concedió”, dijo Lavagna en la reunión de la semana pasada en Olivos en la que se discutió el borrador de acuerdo con el Fondo. En diálogos con periodistas, afirma que antes de ser ministro creía que el 80 por ciento de lo que se publicaba en los diarios era cierto. Ahora, menos del 50. “Ustedes lo que no saben lo inventan”, dice. Y en un reportaje objetó la “compulsión al desastre” de la prensa. Esa generalización injusta refleja bien lo que ocurre en algunos ámbitos. Como es lógico Lavagna no dice que durante la gestión del ex Senador Duhalde se dispusieron aumentos de tarifas que no se aplicaron porque la justicia lo impidió, se pagaron subsidios al transporte por la Hidrovía, los peajes, los ferrocarriles y los servicios postales y se renegoció en condiciones escandalosas el contrato de Aeropuertos Argentina 2000. Es cierto que él era el ministro de Economía de otro presidente. De modo que ahora tiene la oportunidad de aportar a la modifición de esas decisiones.
Al G7
Otros puntos críticos en las negociaciones con el Fondo son el nivel de superávit fiscal y la renegociación de la deuda pública en default. La relación entre uno y otro es directa. A mayor superávit, mayor transferencia. El gobierno sostiene que no aceptará más del 3 por ciento, que ya es un porcentaje del Producto Interno Bruto muy superior al promedio de la década pasada. El FMI no opone reparos a esta cifra para el 2004, porque será suficiente para cumplir con los compromisos inviolables, con los propios organismos multilaterales, pero propone una escala creciente en los años siguientes, que el gobierno se resiste a aceptar. Respecto de los tenedores privados de bonos argentinos, la exposición del secretario de finanzas Guillermo Nielsen contemplaba una quita del 60 por ciento y una proyección creciente de pagos, que más avanzada la década obligaría a contraer endeudamiento adicional. Kirchner no aceptó esa hipótesis, con la tranquilidad de las señales recibidas del Departamento de Estado norteamericano: mientras el país cumpla con los organismos multilaterales, no habrá problemas si posterga o rebaja las aspiraciones de los acreedores privados. Respecto de la compensación que reclaman los bancos, el gobierno reconocerá la diferencia entre los coeficientes CER y CVS, pero no la que emane de los amparos judiciales. De los otros puntos discutidos con el Fondo, ni el envío al Congreso el año próximo de una nueva ley de coparticipación federal que se aprobaría en 2005, ni el nuevo paquete contra la evasión o las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central preocupan en exceso al gobierno. Junto con la firma del compromiso se creará un grupo de trabajo que elaborará los respectivos proyectos, y ese será el ámbito del tironeo.
En cambio celebra como una victoria que el borrador no exija un nuevo ajuste del Estado ni un aumento de la presión impositiva. Mañana John Thornton y John Dodsworth llegarán a Washington con el borrador, que presentarán al directorio y a la gerencia. El gobierno prevé que en ese nivel, donde reina Anne Krueger, surgirán los problemas y que por último laudará el Grupo de los Siete, es decir los poderosos del Norte de América, Europa y Japón. “Ahí se verá de qué sirvieron los viajes presidenciales y todo lo que hicimos en estos meses, reconstruyendo el poder del Estado”, afirman en la Casa Rosada. “Cuando Kirchner asumió sólo le dieron el bastón presidencial y le dijeron tomá y hacéte cargo”, concluyen, con satisfacción por lo logrado en 84 días.
Portador sano
Aníbal Fernández, quien se autodefine como “duhaldista portador sano”, dijo que el presidente y su antecesor están de acuerdo en todo y “sólo discrepan respecto de la política militar y los candidatos a gobernador de Misiones” (sic). Duhalde y su señora defendieron las leyes de impunidad y los diputados del justicialismo se rehusaron a seguir la línea reclamada por Kirchner. El bloque había acordado un proyecto que en vez de anular las leyes las consideraba no oponibles en los delitos cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. No sólo apelaba a un concepto del derecho civil en causas penales sino que, igual que la obediencia debida, más que una ley parecía una sentencia judicial. La diputada Patricia Walsh (IU, Capital) y quienes apoyaban su proyecto de nulidad no aceptaron esa enmienda. El jefe del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari pidió una semana para consensuar un texto aceptable por todos. Con una percepción aguda de la oportunidad, Kirchner no concedió esa riesgosa semana y apuró la definición. Destrabó la impasse el martes, al firmar dos instrumentos complementarios. Un decreto, ordena comunicar a las Naciones Unidas que en 1995 el Congreso ratificó la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, firmada por el Poder Ejecutivo en 1970, antes de los hechos en debate. Un proyecto de ley incluye ese mismo tratado entre los que tienen rango superior al de las leyes.
Paso de comedia
En la reunión decisiva del bloque justicialista se produjo un paso de comedia. Dos diputados dijeron que habían hablado con Duhalde y transmitieron su mensaje: Daniel Basile en contra del proyecto de nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, todo lo contrario. La versión de Camaño fue confirmada por Díaz Bancalari. Todos decían la verdad, pero no hizo falta cotejar los horarios de las respectivas reuniones con el mayor estadista que ha dado Lomas de Zamora, para saber quiénes eran los heraldos de la revelación. Antes, Camaño se había reunido en la Casa de Gobierno con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien también ejerció su persuasión sobre el legislador. Duhalde evaluó las consecuencias y varió su dispositivo. La ratificación por unanimidad del proyecto de ley que asigna jerarquía constitucional a la Convención seguirá el mismo destino en el Senado. La nulidad de las leyes, no es seguro todavía. En Balcarce 50 se festejó lo sucedido y, sobre todo, lo evitado. Una derrota en este tema hubiera abierto un capítulo tan inquietante para Kirchner como lo fue para Alfonsín el fracaso en imponer la ley de obediencia debida la primera vez que lo intentó y la reforma sindical, ambas a poco de asumir la presidencia.
La Corte Suprema dirá la última palabra dentro del país sobre la validez de las leyes, tanto las de impunidad como la que las anule. Los tres ministros actuales que en 1987 convalidaron la ley de obediencia debida (Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi) argumentaron su respeto por la voluntad popular expresada a través de sus representantes en el Congreso. Esa voluntad ha cambiado junto con las circunstancias históricas y la Corte no podrá ignorarlo. Además, en el caso peruano de Barrios Altos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que tan graves violaciones de los derechos humanos no pueden ser amnistiadas. La justicia de Lima revocó decisiones previas y procesó a los responsables de la masacre denunciada. Aquellos tres jueces, más el recién llegado Juan Carlos Maqueda y el internacionalista Antonio Boggiano deberían tomar nota más temprano que tarde de que el Congreso considera aquellas normas incompatibles con la Constitución y con los tratados de derechos humanos incorporados a ella. Salvo que prefieran que todos los laureles coronen a Raúl Zaffaroni cuando se incorpore al cuerpo e impulse su nulidad. Las órdenes de detención de los ex jefes montoneros, a 48 horas de la votación en contra de las leyes de impunidad, sugiere que no sólo el gobierno está dispuesto a jugar fuerte.
¿Quién es Scioli?
La duda secreta que roe el alma de algunos pingüinos es si detrás de la provocación de Scioli no está la mano de Duhalde, cuyas relaciones con Kirchner son sutiles y ambiguas. Tal como acaba de narrarse, es tan claro que se necesitan como que compiten. De aquí al 28 de setiembre medirán fuerzas en un terreno novedoso para ambos: el electoral. Mientras Kirchner busca darle dimensión institucional a su popularidad, Duhalde cumple compromisos de otra índole. En la Capital Federal, Catamarca y Misiones, Kirchner apoya a los actuales jefes de gobierno, Aníbal Ibarra, Oscar Castillo y Carlos Rovira, mientras el Partido Justicialista que responde a Duhalde respalda a sus adversarios, Mauricio Macri, Liliana Barrionuevo y Ramón Puerta. Los resultados en esos distritos se proyectarán mucho más allá. En el caso de la Capital, el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, respalda al concesionario de obras y servicios públicos –Mauricio Macri–. Se reunió dos veces con él en plena campaña y ha colocado en la lista de Macri a uno de sus hombres: el denominado “Embajador de Solá en la ciudad de Buenos Aires”, Julio Balbi. En un acto de Macri se leyó un mensaje de Solá quien envió “un caluroso saludo al peronismo de la Capital, que está de pie y no claudica sus banderas”. Balbi ratificó ese respaldo y dijo que “el peronismo siempre elige lo mejor para gobernar”. Además de ese dato tan conocido ofreció una primicia sensacional: “Macri y Solá van a luchar juntos contra la pobreza en el área metropolitana” (sic). También firmó un denominado “Compromiso con el Cambio”, que incluye la derogación del Código de Convivencia Urbana. Los allegados a Duhalde dicen que la decisión de la comisión política justicialista de apoyar sólo a los candidatos elegidos por el partido en cada distrito está hecha a la medida de un apellido que no es el de Macri sino el de Luis Barrionuevo. Luego de salvar al sindicalista gastronómico de la expulsión del Senado, que promovía Cristina Fernández de Kirchner, Duhalde incluyó a su esposa, Graciela C. de Barrionuevo, en la lista de diputados nacionales del justicialismo bonaerense. “No será por su tracción de votos”, comentan con sorna los duhaldistas. Barrionuevo compartía con los hombres de Duhalde la conducción del PAMI, hasta que Kirchner lo intervino.
En Misiones no se trata sólo del apoyo institucional a los candidatos elegidos por el partido en el distrito, sino del compromiso personal de Duhalde con Puerta. Su gratitud es comprensible: Puerta era el candidato del justicialismo a la sucesión de De la Rúa, pero renunció para que el bonaerense quebrara el maleficio y fuera el primer gobernador de su provincia en llegar a la Casa Rosada. Menemista desde la primera hasta la última hora, Puerta es también uno de los puntos de confluencia más ostensibles entre política y negocios, asociado en distintas actividades con Enrique Nosiglia, Macri y el banquero Jorge Brito. El grupo de banqueros que capitanea Brito, denostado por Kirchner y Lavagna por su menemismo militante, también fue beneficiario de una audiencia con Scioli. Las fotos del acto que Duhalde obsequió a Puerta muestran también un rostro poco conocido por el público: el del empresario chileno Francisco De Narvaez, otro de los financistas de la última campaña de Carlos Menem. A todo esto se refería Kirchner en su último discurso de campaña, horas antes de que se conociera la deserción de Menem, cuando habló de cooptación del Estado y corrupción de los dirigentes. Scioli es el puente imprevisto entre Menem y Duhalde y la gran esperanza blanca de quienes no se resignan al divorcio entre política y negocios y ven con fastidio cómo por primera vez en muchos años la agenda oficial se ha vuelto receptiva a los anhelos defraudados de una sociedad que se ha desgañitado gritando su hartazgo de todos ellos.

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