EL PAIS › APRIETES, BALAZOS, SECUESTROS CONTRA CAMPESINOS DE GRUPOS ARMADOS Y CON COMPLICIDAD DE LA POLICIA

Las guardias blancas, grupos paramilitares en Santiago

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunció que en la provincia de los Juárez los dueños de la tierra mantienen bandas armadas que intimidan, secuestran y balean. La denuncia fue tomada por la CIDH, que recibió fotos de una de las “guardias blancas” privadas en acción.

 Por Alejandra Dandan

A las denuncias por persecución política, espionaje a ciudadanos, torturas a chicos y adolescentes, entre otras violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero, Página/12 agrega ahora un nuevo dato del terror en tierras donde reina el matrimonio Juárez: la existencia de grupos paramilitares organizados y controlados por terratenientes, hacendados y ganaderos –bajo el amparo policial y político–, armados para combatir con métodos de tortura, desapariciones, muerte o amedrentamiento a los campesinos de distintas regiones de la provincia. Este diario revela en exclusiva las denuncias de los campesinos y las fotos que las prueban. El material fotográfico fue recogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como documento de estos nuevos ejércitos irregulares.
Cuando Santiago del Estero comenzaba a buscar con fuerza un camino nacional para romper el cerco que silenciaba las denuncias por violaciones a los derechos humanos, Luis Eduardo Duhalde pronunció una palabra: “Guardias blancas”. En ese momento, el secretario de Derechos Humanos estaba sentado a una mesa de trabajo. A un lado tenía a Gustavo Beliz y del otro a un puñado de campesinos que finalmente habían conseguido espacio en la agenda de visitas del ministro de Justicia. Duhalde había entendido lo que aquellos campesinos decían. Mencionó sus experiencias recogidas como funcionario de organismos internacionales, y encuadró las denuncias bajo ese nombre.
Fuera del país, las Guardias Blancas son denunciadas por los miembros del Movimiento de los Sin Tierra del Brasil o los chiapatecos en México. La Secretaría de Derechos Humanos analizó esta nueva pesadilla de Santiago como parte del relevamiento jurídico-institucional encarado por el gobierno nacional. Bajo el apartado de “peonadas armadas”, el informe da cuenta del andamiaje económico, jurídico y policial que alienta la propalación de estos nuevos escuadrones de la muerte formados por paramilitares.
Las Guardias Blancas nacieron en la ex Unión Soviética, después de la Revolución del ‘17. La página web del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Chiapas da cuenta de los comienzos de este tipo de organizaciones, para situarlas más tarde en la topología social de América latina, donde en los últimos años se fueron replicando. “En la Revolución de Octubre, el gobierno soviético optó por repartir la tierra pero se encontró con la resistencia de la policía particular de los propietarios: se las llamaba guardias blancas –explica la página web–, en contraposición con las guardias rojas organizadas por el gobierno para recuperarlas.” En México, los ejércitos paralelos tomaron carácter de institución a partir de un decreto de 1961 que habilitaba a los ganaderos a usar armas y contratar policías particulares.
Santiago del Estero no está lejos de ese modelo.
Los casos
“Cuando a mí me secuestraron, me desnudaron al lado del río Salado durante todo un día y toda una noche. Me querían obligar a acusar a los compañeros y compañeras como ladrones de vacas.” Adolfo Farías es uno de los campesinos del Mocase, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, que viene denunciando la existencia de los grupos armados. “Mientras me tenían secuestrado –dice– pensé en mi familia, en mis compañeros, y cuando aparecía el miedo lo mataba pensando que era mejor orgullo estar siendo apretado y quizás hasta asesinado para que nos hagamos más fuertes.”
La Mesa de Tierras coordinada por el Obispado de Santiago relevó una serie de situaciones similares en distintos departamentos de la provincia. Los resultados del informe forman parte de un documento que fue presentadoa los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su reciente paso por allí.
“En nuestro lote viven tres familias”, comienza otro de los testimonios, esta vez de una de las familias del lote 55 del departamento de Mariano Moreno. “El día 27 –continúa–, el supuesto dueño fue con la policía de Añatuya y de Los Juríes. Un grupo de 15 campesinos apoyaba a las familias, llegaron patrulleros de Juríes, Bandera, y Gendarmería diciendo que tenían orden de detención para Sergio Ledesma y Roberto Dosplat, por usurpación de campo y hurto de productos forestales. No mostraron la orden del juez, entraron a buscar a Dosplat, discutieron con él, empezaron a pegar y tirar con armas, hiriendo a uno de los muchachos, que ahora está internado.”
La denuncia no termina allí: en ese mismo momento, “a otro de los chicos lo golpean a patadas en el piso con las manos atadas con el cordón de las zapatillas. Reconocimos al oficial Nieto, que el día anterior anduvo en una camioneta con empleados de Nazar, que estaban encapuchados, y el oficial Galván que dijo ‘tiren a matar’”.
Mirta Quiroga, otra de las mujeres del Mocase, explica algunas de las causas de los hostigamientos. “La práctica de reunirnos una y otra vez para tratar de entender lo que nos pasaba con los aprietes que nos hacían la policía, y otros mandados por el gobierno –dice–, nos ha hecho olvidar el miedo.”
Los derechos
Como ocurre con los pueblos aborígenes, los campesinos cuentan con un andamiaje jurídico que garantiza sus derechos sobre los suelos. El grueso de estas familias es poseedora de las tierras que durante varias generaciones han ocupado, pero no tienen regularizada su situación dominial. “Si bien el derecho asiste a la gran mayoría de los campesinos –dice el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos–, la Ley de Prescripción Veinteñal es muy compleja.” Requiere de “carísimas mensuras, además de que el plazo de posesiones es excesivamente largo, y requiere de un sostenido, preciso y costoso asesoramiento legal que impide tácitamente el acceso a la Justicia”.
Esta condición de inaccesibilidad a la Justicia por cuestiones de pobreza es uno de los puntos nucleares del problema en Santiago. Según el informe, los problemas con la Justicia disparan los siguientes efectos:
- “Muchos de los campesinos tenedores de derechos son injustamente desalojados de sus legítimas posesiones por supuestos dueños o compradores”.
- “Otros terminan aceptando tratos desfavorables, siendo literalmente arrinconados en mínimas superficies”.
- “Como consecuencia, se deterioran las condiciones económicas de las familias campesinas, pierden su entorno social y cultural, lo que aumenta la expulsión hacia las ciudades”.
Con estos datos, la Comisión realizó uno de sus diagnósticos más críticos sobre la violación a los derechos humanos en la provincia: “La problemática de la tenencia y posesión de la tierra es una de las principales cuestiones de la agenda de derechos humanos santiagueña, ya que el proceso de avance indiscriminado de la frontera agrícola de las oleaginosas con eje en la soja, atenta no sólo contra los derechos reales de la posesión sino también contra el patrimonio ambiental de las comunidades campesinas”.
El modelo
Las denuncias y las entrevistas realizadas durante un mes con distintos integrantes de los centros campesinos de la provincia permitieron que los técnicos de la Secretaría elaboraran un “modelo de conflicto deapropiación” ilegal de las tierras. Es un método en tres fases, descripto en el informe del Ministerio de Justicia:
- Primera fase: El supuesto dueño o apoderado se presenta ante la comunidad, aduciéndose como legítimo dueño de los campos. Intenta o bien llegar a un acuerdo por lo general muy desfavorable para los campesinos o, directamente, los amenaza con el desalojo judicial o extrajudicial (paramilitar). El engaño está montado sobre una situación registral bastante difusa, con superposición de títulos dominiales, inscripción de escrituras de dudosa confección y destitución de la justicia de derechos ya consagrados de legítimos poseedores veinteñales regularizados.
- Segunda fase: Los supuestos dueños producen sus propias marcas de ocupación: alambrados, mensuras, desmonte, quemas ilegales de montes. Esto incluye la destrucción de marcas de los campesinos, elementos probatorios de la ocupación veinteñal y del animo domini. Entre las prácticas de presión, existe el taponado u obstrucción del acceso a los pozos de agua, cierre de caminos vecinales, envenenamiento doloso de animales y la amenaza constante de desalojo por la fuerza y extrajudicialmente efectuada por peones contratados por los terratenientes como por personal policial.
- Tercera fase: Gracias a una lectura sesgada del artículo 182 bis del Código provincial, el supuesto propietario suele obtener una orden de desalojo con un despliegue desproporcional de fuerza por parte de la policía, lo que aumenta la presunción de complicidad o cooptación de la Justicia y de la fuerza de seguridad.
Durante los relevamientos se detectaron casos de personal policial montado en las camionetas de los terratenientes, oficiales que acampan en sus bases o situaciones de expulsión sin orden judicial, o donde los oficiales de Justicia no se hacen presentes. Entre otros casos, los técnicos recogieron dos relatos claves: la experiencia de un campesino llamado Oscar Peralta, del lote 42, que el 28 de febrero de este año recibió un impacto de bala 9 mm en su pierna izquierda y el desalojo de las familias del lote 55, donde sin orden judicial la policía abrió fuego luego de golpear a los integrantes de tres familias.
“Peones armados”
Las imágenes fotográficas presentadas hoy por este diario muestran a los grupos que la Secretaría de Derechos Humanos define como “paramilitares” o “bandas de peones armados”. Estos nuevos ejércitos estarían mostrando una nueva forma de apropiación ilegal y extrajudicial de las tierras. La escena, dicen los técnicos, “parecería ser un indicador del cambio del modelo presentado, a partir de la presencia en la zona de peones armados”. El giro de modelo estaría basado, dicen, “en el abandono de la instancia judicial por parte de los supuestos compradores para pasar a la organización de grupos de peones armados con escopetas y perros, que mediante intimidación con disparos al aire, obstrucción de caminos, exhibición de armas de fuego y ‘reflectoreo’ nocturno de las viviendas intentan el retiro y amedrentamiento de los campesinos poseedores de las tierras”.
Las fotos forman parte del cúmulo de documentos explorados en Santiago por la Secretaría y por los integrantes de la Comisión Interamericana encabezada por Robert Goldman durante su paso por la provincia de los Juárez. Página/12 recibió las imágenes de manos de sus propios autores, los campesinos del lote 20, un paraje cercano a la ciudad de Pinto. Las fotografías muestran a un grupo armado y financiado aparentemente por el señor Dutto, el supuesto comprador de esas tierras, según las denuncias.
Un empresario de la localidad de Tintina habló sobre este tema con los miembros de la Comisión encargada del informe que preparó la Secretaría de Derechos Humanos. “Hemos tomado conocimiento –dice el informe– de la existencia de reuniones periódicas de empresarios en Añatuya cuyo objetivoes la organización y financiamiento de grupos armados para el desalojo extrajudicial de los campesinos, agravado con el hostigamiento a la actividad del Mocase y otros grupos de campesinos.”
La Defensoría del Pueblo de la provincia asegura que unos 24 mil campesinos, poseedores legítimos de las tierras, están expuestos a ser desalojados por medio de maniobras como éstas.

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Tres integrantes de una guardia blanca, aparentemente financiada por un señor Dutto, del pueblo de Pinto, en el lote 40.
 
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