El gobierno de Mauricio Macri le alquiló un galpón al Grupo Clarín por 139 mil dólares al mes. Es donde está el muro levantado por el multimedios cerrando una calle pública, el mismo muro que la gestión PRO se resiste a demoler. A su vez, Canal 13 y la señal Todo Noticias le alquilan al gobierno porteño un espacio de estacionamiento de más de mil metros cuadrados en Constitución, en este caso por la bicoca de 9340 pesos mensuales. Convertidos a dólares, son 0,85 centavos de dólar por metro cuadrado que paga el Grupo Clarín, contra 9,98 dólares por metro cuadrado que recibe el holding empresarial de parte del gobierno de Macri. La gestión PRO le abona 11,7 veces más al Grupo Clarín por el uso de un espacio, que además está en una zona menos céntrica. “Es la demostración práctica del pago que hace Macri por protección mediática”, señaló el auditor porteño Eduardo Epszteyn.

Como informó este diario, el gobierno porteño tiene un contrato con el Grupo Clarín que supera el millón y medio de dólares anuales por el alquiler de un galpón para alojar los vagones de subte que llegaron de Madrid, además de otros que puedan necesitar reparaciones. Pese a que el gobierno porteño conocía con anticipación la llegada de estos vagones, la empresa estatal de subte Sbase –que conduce el macrista Juan Pablo Piccardo– utilizó un mecanismo de urgencia para alquilarle el galpón. El contrato se hizo con un fideicomiso llamado LOMA XXI, que comparte la dirección fiscal con el Grupo Clarín.

La Procuración porteña, que tiene al frente a otro macrista, Julio Conte Grand, objetó esta contratación, dado que no se argumentaron las razones de la urgencia y no se explica por qué el contrato fue firmado con un alquiler en dólares. El galpón se encuentra en Barracas, donde está la planta impresora del Grupo Clarín, en Ascasubi y Luna. Exactamente allí se da la controversia por un muro que obtura una calle pública, que ahora es utilizada por la empresa como estacionamiento y depósito.

Macri no sabe

El muro tiene cuatro metros de alto y barrera para controlar el acceso, pero el gobierno porteño afirmó en una causa judicial que no estaba probada su existencia. También pretextó para no intervenir que no sabía quién lo había construido. Cuando el periodista Víctor Hugo Morales fue a hacer una nota en la zona, sufrió una agresión por parte de personas que le impidieron grabar un informe junto al muro. Mientras lo increpaba, uno de los atacantes pareció aludir a un acuerdo con el holding, por el que les paga la electricidad.

La causa judicial por el muro la iniciaron los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo y un vecino de la Villa 21-24, adyacente al muro, que impide la entrada de ambulancias y la salida de vecinos. La jueza Lidia Lago les dio la razón, le explicó al gobierno porteño que el muro no sólo existe, sino que es la obligación del Estado mantener las vías públicas liberadas. La magistrada le ordenó a la gestión PRO que demuela el muro en un plazo de diez días, pero el gobierno de Macri apeló. Cuando le preguntaron por este tema al procesado jefe de Gobierno de la Ciudad, alegó desconocimiento del tema.

–Los vecinos de Barracas no pueden transitar por una calle porque se la apropió Clarín. ¿Qué opina de eso? –le preguntó un cronista.

–No sé... Escuché... Pero la verdad es que no me informaron todavía –contestó Macri, con una media sonrisa.

–¿Y no lo hicieron todavía? Qué raro eso...

–Lamentablemente no estoy al tanto, pero me informaré. Si te preocupa, me informaré. Voy a averiguar.

Todavía no hubo noticias de que el jefe de Gobierno porteño se haya informado sobre la apelación con la que evitó demoler el muro.

Alquileres

Por usar el galpón del Grupo Clarín, la empresa estatal Sbase paga 139.755 dólares por mes, según la resolución 2124/14 firmada por el macrista Piccardo. En esa resolución, se informa que la inmobiliaria que intervino en la operación se llevó una comisión de 173.250 dólares. Todo, con un mecanismo destinado a urgencias que está cuestionado por la Procuración porteña.

En cambio, por el alquiler que hace el Grupo Clarín de un espacio de estacionamiento en una zona céntrica de la Ciudad –donde se encuentra Canal 13/TN– el precio es muy distinto. El permiso para usar este terreno se originó en el año 1978. En plena dictadura, la Municipalidad de Buenos Aires –que conducía Osvaldo Cacciatore– le dio un permiso de uso gratuito al canal (que en ese momento era estatal) por 28 años. Ese acuerdo venció el 6 de septiembre de 2006, pero la empresa estatal AUSA –que tiene a su cargo la concesión de espacios en el bajo autopista– lo prorrogó hasta septiembre de 2009.

Sin embargo, en 2008, la gestión PRO transfirió las negociaciones por ese espacio a la Dirección General de Concesiones, donde estaba Ezequiel Sabor, el actual subsecretario de Trabajo –cuestionado por la oposición porteña por la fiscalización de los talleres clandestinos tras el incendio en Flores donde murieron dos niños; varios dirigentes le pidieron la renuncia.

En 2010, Sabor firmó un nuevo convenio con el Grupo Clarín. Ya no sería gratis la concesión, pero la cifra fijada fue muy generosa con el holding empresarial: en la actualidad, es de 9340 pesos por mes. El acuerdo con el Grupo Clarín fue ratificado por un decreto firmado por Macri y por su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, en agosto de 2012. El convenio con Clarín vencía en septiembre del año pasado, pero sigue vigente de hecho.

El espacio alquilado al Grupo Clarín es de 1009 metros cuadrados. El que le alquila el gobierno porteño al multimedios es de 1400 metros cuadrados. La comparación de cifras no favorece a las arcas del Estado porteño: mientras la gestión PRO paga 9,98 dólares por metro cuadrado, el Grupo Clarín paga 0,85 centavo de dólar por metro, en un lugar más céntrico, en Constitución. Es 11,7 veces menos de lo que la empresa privada se lleva de manos del Estado. Para el auditor Epszteyn, “es un ejemplo claro de mala administración y de cómo todos los ciudadanos de Buenos Aires le pagamos la protección mediática a Macri”.