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Un grupo de legisladores justicialistas presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político al juez Ismael Muratorio por mal desempeño y posible comisión de delito. Afirman que en el expediente instruido a raíz de la denuncia formulada por Raúl Moneta contra su ex socio, el financista Thomas Hicks –y cuyas actuaciones fueron declaradas nulas por la Cámara del Crimen–, “se evidencian actos prevaricantes y alejados de la investidura de un magistrado, que tendrían por finalidad beneficiar al ex banquero Raúl Moneta, querellante en esa causa a través de ELP Investments, una sociedad de las Islas Cayman”.
En una maniobra reiterada entre ambos, Moneta había hecho ingresar la denuncia vía la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal para evitar el sorteo y garantizar que el turno le permitiera ingresarla en un juzgado amigo.
Los diputados, pertenecientes al círculo más próximo al presidente Néstor Kirchner, sostienen que en la mencionada causa el magistrado cometió “innumerables inobservancias, siendo su móvil la vinculación con Raúl Moneta y la pretensión de favorecerlo en dicho pleito”. Guillermo Johnson, Arturo Lafalla, Mónica Kuney, Julio Gutiérrez, Ricardo Gómez, Blanca Osuna y Dante Canevarolo, integrantes del llamado Grupo Talcahuano (por la ubicación de la oficina en que se reunían), expresaron que “se desprende de los medios de información que el Dr. Muratorio sería una suerte de juez natural de Moneta, circunstancia que importa una flagrante violación a las normas constitucionales” y el mecanismo utilizado es semejante al que concluyó con la destitución del juez Roberto Murature, quien trabajaba en connivencia con su amigo, el abogado Pallasá.
El pedido de remoción de Muratorio recuerda que, por el turno, la denuncia de Moneta recayó en el juzgado de Juan José Mahdjoubian, a quien le solicitó una serie de medidas cautelares destinadas a impedir que el dinero procedente de la venta de las acciones de Telefónica sirviera para respaldar las numerosas deudas que el ex banquero mantiene con acreedores extranjeros. Sin embargo, en el mismo lapso, una investigación televisiva dejó mal parados a Mahdjoubian y su secretario Daniel Mauro, acusados de arreglar causas mediante el mismo procedimiento de elección de juzgado. Impedido de satisfacer las intenciones de Moneta, Mahdjoubian accedió no obstante a declararse incompetente y a remitir la causa al juzgado de Muratorio quien, para reclamarla, había reflotado una antigua causa. Conseguida la transferencia de la causa por supuesta “conexidad”, Muratorio otorgó el mismo día las medidas cautelares pedidas por el abogado de Moneta.
Los letrados de Hicks recurrieron en queja a la Cámara del Crimen que, con la firma de los jueces Alfredo Barbarosch y Gustavo Bruzzone, dictaminaron la nulidad de lo actuado y el apartamiento de Mahdjoubian y Muratorio. En su resolución, expresaban que Muratorio no sólo tergiversaba el sentido de la “conexidad” sino que la causa se encontraba viciada desde su origen por la evidente utilización del recurso conocido como “forum shopping”. Los camaristas, además, ordenaban sacar copias del expediente para determinar la existencia de posibles delitos de acción pública. La fórmula del “forum shopping” ya había funcionado entre Moneta y Muratorio en el caso de Jorge Macchi, desarrollista del edificio República, construido por Moneta. Para desactivar su exigencia de cobro de honorarios, Moneta había denunciado a Macchi por “extorsión”. En aquella oportunidad, también la Cámara había anulado los reiterados procesamientos del desarrollista dispuestos por Muratorio. El abogado de Macchi, Adolfo Casabal Elía, presentó entonces un pedido de jury contra el magistrado, que fue archivado por los anteriores miembros del Consejo de la Magistratura, quienes no habían dudado en destituir al juez federal de Mendoza Luis Leiva, considerado por Moneta su enemigo número uno. Ahora, el Grupo Talcahuano pide a título de informe esa no tan vieja presentación de Casabal Elía, así como la declaración testimonial de los fiscales Luis Bunge Campos, Rodolfo Cudicio y el juez Mahdjoubian. La instrucción de las actuaciones recayó en Marcela Rodríguez, miembro de la Comisión de Acusación y diputada por el ARI. Todo parece indicar que, esta vez, la suerte no acompañará al juez Muratorio, autor asimismo del controvertido fallo que sobreseyó del cargo de enriquecimiento ilícito a todos los jueces federales.