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Los piqueteros y partidos políticos que sufrieron el atentado del 20 de diciembre en la Plaza de Mayo rechazaron la propuesta del Gobierno para integrar una comisión investigadora mixta. Decidieron, en cambio, trabajar de manera independiente para esclarecer el caso. Las organizaciones tomaron tal decisión porque consideran que desde la Casa Rosada se fomentó el clima de violencia contra los desocupados. “El Gobierno es responsable de la campaña para estigmatizarnos que habilitó a actuar a quienes pusieron la bomba. Existiendo esa responsabilidad, no es correcto que integremos una comisión conjunta”, dijo ayer Gustavo Giménez, del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST).
Los afectados hicieron un frente común con esta postura. El lunes se presentarán en el juzgado de Norberto Oyarbide para solicitarle que llame a declarar a los políticos y empresarios que en los días previos al 19 y 20 pidieron reprimir el conflicto social, entre ellos Raúl Alfonsín (quien declaró que los piqueteros “están en la ilegalidad”) y el titular de la Unión Industrial Argentina, Alberto Alvarez Gaiani (quien reclamó una acción “firme y decidida” contra los cortes de ruta). También denunciarán al Estado nacional “por no velar por la seguridad de los manifestantes”.
La creación de una comisión investigadora independiente fue apoyada por un abanico considerablemente amplio de la izquierda, teniendo en cuenta su habitual tendencia a la disgregación. El Bloque Piquetero, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) el Movimiento Teresa Rodríguez, los partidos integrantes de la coalición Izquierda Unida, el Mas, el PTS, el Partido Obrero y el Humanista son algunos de los firmantes del acuerdo. También se sumaron la Corriente Clasista Combativa y el Partido Comunista Revolucionario, en un gesto que aleja a ese sector de su histórica alianza con la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D’Elía (CTA). Respaldarán la comisión, finalmente, distintas asambleas barriales, los jubilados de la Mesa Coordinadora, Brukman y organismos de derechos humanos como el Ceprodh, la Correpi y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Oyarbide dijo ayer que, según los peritajes, la bomba pudo haber sido colocada hasta doce horas antes de la explosión. El juez, quien en enero seguirá trabajando en el caso, agregó que le pidió a la SIDE “que aporte todo lo que tenga” sobre los sucesos que ocurrieron en la plaza y que hizo lo mismo con respecto las filmaciones de las cámaras fijas de la policía federal sobre la Plaza de Mayo. El lunes está previsto que comiencen a declarar los heridos por el estallido.
De las 26 personas que fueron alcanzadas por la bomba de fabricación casera todavía quedan internados. Militantes del MST, la agrupación que tuvo la mayor cantidad de afectados, se quejaron ayer de la atención médica recibida por Natalia Gugliermo, internada en el hospital Argerich. En diálogo con este diario, sus allegados dijeron que la joven de 27 años “estuvo esperando toda la semana a entrar en el quirófano, sin analgésicos, en una habitación con los ventanales rotos.”