EL PAíS › OPINIóN

Falta transparencia en las políticas de seguridad

 Por Gabriel Fuks *

El 18 de enero de este año, en sesión extraordinaria, la Legislatura porteña aprobó el Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tal como se manifestó en los debates en el recinto, se promovió la conformación de una Comisión de Seguimiento del traspaso, que hoy no se concretó. Esta Comisión de Seguimiento permitiría generar un ámbito de circulación de información y de transparencia de las acciones que involucran el traspaso, convocar a las organizaciones e instituciones vinculadas en la materia y, sin lugar a dudas, la elaboración de propuestas legislativas.

Durante estos cuatro meses han ocurrido diferentes situaciones que dejan inquietudes respecto a la conducción política y operativa en el proceso de traspaso, a la actuación policial de fuerzas federales en el territorio de la CABA y al rol de las áreas de Seguridad del GCBA.

Comenzó el año con el grave hecho de violencia institucional protagonizado por la Gendarmería Nacional cuando hirió a niños y jóvenes de una murga en la Villa 1-11-14.

Tras la detención arbitraria de la diputada del Mercosur Milagro Sala, asistimos a la presentación del protocolo “antipiquetes” impulsado por el Ejecutivo Nacional, cuya validez fue cuestionada por la propia Policía Federal traspasada al desconocerla como norma reglamentaria.

El lamentable hecho que terminó con cinco jóvenes muertos –y otros con heridas de gravedad y en recuperación– en la fiesta electrónica “Time Warp”, dejó al descubierto un sistema que, cuando queda en manos de los intereses del mercado o de grupos corporativos, hace estragos sobre los sectores vulnerables como lo son nuestros jóvenes. Se pudo apreciar una actuación irregular de la Prefectura Naval, y la Justicia determinará si fue delictiva, además de la ausencia absoluta del Estado local en materia de control y seguridad.

Y lo ocurrido recientemente en el barrio de La Boca en la Comuna 4, refleja un modo policial de “liberar zonas”, y una visión de la resolución de los conflictos por la vía de la violencia y no de la democracia ni de la política.

Los hechos nos muestran que el Gobierno de la Ciudad no se hace cargo de los problemas de seguridad. Hacerse cargo es prevenir, regular, fiscalizar y planificar. Es conocer y cumplir las normas vigentes, es designar funcionarios y asignar funciones en una estructura que el propio Ejecutivo ha impulsado. Los porteños tienen que saber cuáles son las obligaciones del Estado, los alcances y competencias de sus áreas, y si aún no han sido puestas en funcionamiento, conocer los motivos.

Transferir la Policía está siendo más un problema administrativo a resolver internamente por la fuerza traspasada, que un problema político, institucional y social. El eje está corrido de lugar, y de ahí los primeros resultados: manejos desprolijos de fondos, falta de transparencia en las acciones del traspaso, operativos descoordinados o inexistentes, desconcierto por parte de los agentes de la Federal sobre su pertenencia institucional, inexistencia de operativos específicos de prevención y control en ocasión de eventos masivos, desgobierno político y su contracara, la autonomía policial.

Por eso, se necesita dar la discusión en los ámbitos político-institucionales pertinentes, con los responsables de impulsar las políticas públicas y con quienes tenemos la obligación de legislar y regular este nuevo proceso.

Nuestra Legislatura tuvo un rol de central a la hora de aprobar el instrumento que habilitó el traspaso, y ahora tiene la obligación de legislar a favor de los derechos de la ciudadanía.

En seguridad los temas son urgentes y no permiten improvisaciones. Resulta ineludible la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles en la búsqueda de resoluciones integrales. Es momento que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, asuma su responsabilidad garantizando el derecho de todos los ciudadanos a una seguridad democrática, integral y para todos.

* Vicepresidente del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria.

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