El juez federal de La Plata Luis Federico Arias volvió a destacar ayer el valor político e institucional del fallo de la Corte Suprema que anuló el tarifazo al servicio de gas, pero criticó que la sentencia se circunscriba a usuarios residenciales. El magistrado consideró que “hubiese sido deseable” que la orden incluyera también a asociaciones civiles y a pequeñas y medianas empresas, por lo que anticipó habrá miles de juicios de los que no pueden pagar. Consideró además que el fallo es un fuerte precedente para todos los servicios públicos.

“El fallo tiene un alto valor político e institucional. La Corte ha hecho consideraciones muy importantes. Ha vinculado la cuestión de la participación y el derecho a la información directamente con el principio de democracia”, señaló Arias en declaraciones radiales. El juez fue quien suspendió en la provincia de Buenos Aires los incrementos en la energía eléctrica. La Corte, tal como hizo con el gas, deberá definir la situación para este servicio. “El fallo tiene fuerza expansiva. Se van a ir aplicando el criterio y los estándares a todos los servicios públicos. La Corte no dejó nada afuera”, resaltó. El magistrado destacó que incluso la resolución “puso ciertos límites y requisitos que el Gobierno debe cumplir para que las audiencias públicas sea una herramienta de participación efectiva”.

También se refirió al concepto de razonabilidad que introdujo la Corte en su decisión: “Es algo de lo que muchos jueces hablaron en distintos fallos, y tiene que ver con el derecho a la vivienda, que no sólo es tener un techo y cuatro paredes sino poder calefaccionarse cuando hace frío o prender una lamparita”. “Así como la Corte resolvió hace tiempo que más del 33 por ciento de un impuesto es confiscatorio para una actividad, habrá que resolver cuánto de un salario medio de un trabajador se puede afectar con un aumento de tarifas. El Gobierno lo hace desde una perspectiva económica-financiera, y la Corte lo hace desde la perspectiva de los derechos. El Gobierno va a tener que redefinir toda su política tarifaria”, añadió.

Para el juez en lo Contencioso Administrativo, el fallo “no fue del todo positivo, ya que dejó al usuario no residencial fuera de la decisión judicial”. “Uno de los sectores más afectados por las tarifas fueron las asociaciones civiles sin fines de lucro como los clubes de barrio pero, fundamentalmente, las pymes y fábricas recuperadas. Algunas de ellas subsistían por las tarifas bajas. Si no, no pueden ejercer su actividad y tienen que cerrar la persiana”, agregó.

El magistrado sostuvo que por quedar fuera del fallo, podría “generarse que existan miles de juicios en todo el país de las pequeñas y medianas empresas”. “Hubiese sido deseable que la Corte los incluya. Ahora la sangría continúa”, concluyó el juez Arias, quien afirmó que los organismos no incluidos en la sentencia “pueden pedir un amparo, pero individualmente”.