EL PAIS › LA ABOGADA DE SALA LUEGO DE LA LIBERACION DE DOS DIRIGENTES DE LA TUPAC

“Esperamos que haya novedades”

La abogada Paula Alvarez Carreras analiza los insólitos argumentos que se utilizaron para mantener presas a dos referentes de la Tupac. Para liberarlas, el juez mencionó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el mismo que utilizó la ONU para exigir la libertad de Milagro Sala.

 Por Alejandra Dandan

Las detenciones de abril pasado de María Molina y Elba Jesús Galarza, dos referentes de la Tupac Amaru, son vistas como casos ejemplares del singular modo de persecución de la justicia a cargo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Ambas obtuvieron la libertad la semana pasada luego de dos pedidos de excarcelación denegados y sólo días después de la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que ordenó la libertad inmediata de Milagro Sala. La abogada Paula Alvarez Carreras analiza en diálogo con Página/12 los insólitos argumentos que se usaron para mantenerlas detenidas, pero también para la libertad que ordenó finalmente el juez Gastón Mercau: encuadró su decisión en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, citado por la ONU en su resolución sobre Milagro. ¿Puede ser este un anticipo de la posición que adoptarán sobre Milagro Sala?

En el contexto de Jujuy, Alvarez Carreras es también parte del colectivo de abogados que comenzó a sentir en carne propia los efectos de la persecución. A Luis Paz, del equipo de abogados de la Tupac, le abrieron una causa por amenazas que en tiempos meteóricos fue elevada a juicio oral pese a las numerosas presentaciones que se hicieron contra esa acusación. A Elizabeth Gómez Alcorta, docente de la UBA y abogada, le abrieron una investigación por supuesta usurpación de título cuando fue a acreditar su matrícula en Jujuy. Y a Alvarez Carreras y Ariel Ruarte les impusieron sanciones económicas cuando presentaron un habeas corpus por las condiciones de detención en la cárcel de mujeres.

–Los integrantes de los organismos de derechos humanos de Jujuy están volviendo a escribir cartas a los distintos poderes del Estado y a pedir la intervención de organizaciones internacionales como durante la dictadura. ¿Creen que las causas contra los abogados también hablan de ese clima?

–Hay una situación de persecución que interfiere con el ejercicio legítimo de la profesión y de alguna forma intenta condicionarlo. En este momento tenemos redes. Contamos con el apoyo de la red de abogados de lesa humanidad y también la Federación Argentina de Colegios de Abogados para continuar con las denuncias, cuya presencia fue muy importante contra la persecución a Luis Paz. Creemos que claramente hay una intención de disciplinamiento en términos generales, no sólo sobre la Tupac. Muchas personas que fueron de la Tupac, entre ellos abogados, hoy están alejados por temor.

–Los habitantes de los barrios dicen que les cuesta conseguir abogados. ¿Es así?

–Acá nos pasa como en los casos de lesa humanidad. Los abogados no se pelean por participar de ese espacio, sino todo lo contrario, a pesar de lo que significan esas causas en términos históricos para el descubrimiento de la verdad y el acceso a la justicia. Pero en el caso de la Tupac es mucho peor porque la organización esta demonizada. Existe una búsqueda constante por deslegitimarla, sobre todo a Milagro, y lo que significó en términos estructurales para la provincia la existencia de la organización en cuanto a inclusión, a construcción de viviendas, al acceso a la salud, a las mejores condiciones de vida.

–¿Quienes son María Molina y la “Gringa” Galarza? ¿Y por qué consideran que es la primera decisión de la justicia en línea con la resolución de la ONU?

–Ellas son dos referentes muy cercanas a Milagro. Quedaron detenidas en abril. Una persona imputada en otra causa por tentativa de homicidio las acusó de encubrimiento. Repentinamente, luego de estar varios años prófugo, este hombre llamado Jorge Paes es detenido en febrero y declaró contra Milagro. Provocó que la imputen y a la vez dijo que las dos chicas lo encubrieron a él y a otro imputado mientras estaban prófugos. En teoría, estos hechos por encubrimiento eran de diciembre de 2015 y febrero de este año. Con esa sola declaración de un imputado y la posterior declaración de su hija, el juez Pablo Pullén Llermanos les inició una causa y las detuvo. La causa tuvo un sinnúmero de defectos por lo que para nosotros es representativa de lo que ocurre en la provincia.

–¿Por ejemplo?

–La imputación está basada en la declaración de una persona acusada, por lo tanto con derecho a mentir, porque es una garantía constitucional no declarar contra sí mismo. Lo mismo sucede con su hija: la hicieron declarar en una causa en la que está imputado su padre. Pero, además, el juez sobreseyó a Paes en julio en la causa por tentativa de homicidio y ordenó su libertad. Este es un punto central. En ese momento presentamos un escrito en el que decimos ¿cómo pueden imputarlas por encubrimiento de alguien que no cometió ningún delito para estar encubierto? Pedimos la excarcelación y nos denegaron la libertad. Eso fue en julio.

–¿Qué cambió ahora?

–Pullén Llermanos es un juez de causas residuales, es decir, debería actuar con causas que tramitan bajo el viejo código de instrucción, con origen previo a 2011. Aquí tomó atribuciones que exceden sus facultades porque los hechos en teoría eran de diciembre y febrero. En ese contexto, y en paralelo a las excarcelaciones que era lo urgente, presentamos un escrito ante el otro juez de las causas de Milagro, Gastón Mercau. Dijimos que Pullén Llermanos no podía ni siquiera haber abierto la investigación porque no tenía ningún tipo de competencia. Mercau aceptó. Pullén le remitió la causa. Eso sucedió alrededor de octubre. Presentamos un nuevo pedido de excarcelación. Repetimos argumentos. Dijimos que, en todo caso, el delito no excede los tres años de prisión por lo cual procedería la excarcelación. También que no hay elementos que hagan presumir que iban a eludir a la justicia o entorpecer la investigación. Diez días después, Mercau aceptó. Uno de los datos interesantes es que señala que no se puede sostener indefinidamente la detención de una persona entre otras razones porque es violatorio de las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que marcan los estándares en materia de protección de derechos de cualquier persona sometida a un proceso. Es decir, hizo lugar al planteo con argumentos que están en línea con la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU.

–¿Creen entonces que la resolución incidió?

–Mercau no la cita pero creemos que emitió una señal con una resolución conforme a derecho. No hizo nada que no le correspondiera a un juez de control y garantía. Pero sí creemos que esto podría leerse como efecto de la decisión de la ONU porque es la primera resolución que tenemos ajustada a derecho desde enero cuando en esta provincia dejó de existir el Estado de derecho.

–¿Es posible esperar ahora la libertad de Milagro Sala?

–Esperamos que existan novedades. Queremos saber cómo el Estado nacional va a hacer cumplir la orden de libertad inmediata y que se implementen los mecanismos para reparar o resarcir la vulneración de derechos que sufrió durante tanto tiempo.

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En Jujuy esperan que el juez libere a Milagro Sala.
 
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