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Consecuencias nefastas de la última flexibilización

Los tres años de vigencia de la ley 25.250, derogada ayer, tuvieron consecuencias trágicas: un fuerte salto en los accidentes de trabajo, de la mano del descontrol y la precariedad.

 Por Raúl Dellatorre

El balance es contundente: aumento del trabajo en negro, expansión del universo de subocupados y de precarizados en general, caída en el ingreso promedio de los trabajadores y en los aportes a la seguridad social; además de un dramático crecimiento en el nivel de accidentes laborales y, en particular, de los siniestros mortales. Sin ser la única causa de esta hecatombe, la reforma laboral del 2000 colaboró a empujar a la marginalidad social a millones de personas, y a muchos de ellos con empleo. Se lo haya propuesto o no, la ley 25.250 con sus consecuencias –y en la forma en que fue votada en el Congreso– le puso el moño a la nefasta política neoliberal de los ‘90. Sin marcar un drástico vuelco en la situación, su derogación, al menos, intenta poner un saludable fin de época.
Un estudio firmado por el sociólogo Roberto Corne, que circuló en las últimas semanas entre legisladores del radicalismo –aunque también fue consultado por representantes del oficialismo–, da cuenta de este fenómeno. El resultado de tres años de aplicación de la ley 25.250 puede sintetizarse en los siguientes datos:
- La proporción de asalariados sin aportes a la Seguridad Social saltó del 38,5 al 45,5 por ciento entre octubre del 2000 y mayo de 2003.
- La subocupación, como forma expuesta de precarización laboral, se elevó del 14,3 por ciento al 18,9 entre esos mismos períodos.
- La cantidad de accidentes laborales denunciados creció, sucesivamente, en un 9 por ciento en el 2000, 5 por ciento en 2001, se mantuvo en el mismo nivel en 2002 y volvió a crecer en un 17 por ciento en 2003 (primer semestre contra igual período del año anterior). En igual proporción crecieron, en ese último año, los accidentes con consecuencias mortales.
Contrariamente a lo postulado por sus promotores, la reforma laboral, la rebaja de aportes patronales y la extensión del período de prueba no tuvieron como resultado el aumento del empleo y la mejora en las condiciones de los trabajadores. “Por el contrario, se precarizó aún más la situación, sobre la base de los aumentos en los accidentes laborales, el sobretrabajo reflejado en la mayor cantidad de horas trabajadas y el aumento de la subocupación”, explica Corne a los legisladores en el informe que éstos le solicitaron.
No todas las culpas son de la legislación laboral, podrá decirse en defensa de la ley 25.250. Y habrá quienes subrayen que durante el período bajo análisis se vivió una profunda recesión económica. Unos párrafos más adelante, el trabajo del sociólogo radical hace otro aporte interesante, en cuanto a cómo operó la legislación cuando se inició la recuperación, a partir de mayo de 2002. “Las empresas están afrontando la mayor actividad con las mismas dotaciones de personal.” Es decir, incrementando las horas trabajadas. Entre ese comportamiento patronal y el aumento en la cantidad de accidentes de trabajo hay una relación muy estrecha, coinciden los expertos.
El primer semestre de 2003 reflejó un resultado alarmante de accidentes de trabajo: 191 mil casos, contra 163 mil del año anterior. Los accidentes que resultaron fatales para sus víctimas subieron en igual proporción: de 327 a 382 entre un año y otro. Y ello, tomando sólo en cuenta los casos denunciados ante las ART. Se supone que las condiciones de precariedad entre los trabajadores no registrados son mucho mayores y, por tanto, mayor debe ser la proporción de accidentes. En tal sentido, el único dato que recoge la estadística oficial es que el trabajo en negro mantenía, a mayo de 2003, su tendencia creciente.
La conclusión del sociólogo Corne es tan contundente como los datos que ofrece en su estudio: “La ley 25.250 ha fracasado como regulación del empleo y no han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores. Por el contrario, las ha empeorado”. Ausencia de regulación que no es un dato menor, sobre todo cuando la recuperación viene de la mano de sectores trabajointensivos (construcción, textil), con elevados índices de uso demano de obra no declarada y con alto riesgo de siniestralidad. La derogación de la 25.250, más que a resolver el problema, vino a ponerlo en evidencia. Es poco, pero es algo.

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