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La custodia estaba reforzada. El cuarto piso del Palacio de Tribunales estaba preparado para que no se repitiera la escena de la semana pasada, cuando el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, tuvo que refugiarse de la bronca de los ahorristas en el despacho del presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. Por las dudas, el ministro prefirió no asistir ayer a la audiencia de conciliación con el gobierno de la provincia de San Luis. En su representación, estuvieron el secretario de Legal y Técnica y el procurador del Tesoro. Los funcionarios no satisficieron a los puntanos, que siguen reclamando la devolución de sus depósitos –247 millones– en dólares. La falta de acuerdo hizo que la Corte ofreciera llamar a una nueva reunión en la que expondrá su propia propuesta para solucionar el conflicto.
La audiencia fue corta, sin sorpresas y, sobre todo, formal. Tanto el gobierno nacional como el de San Luis intuían que era prácticamente imposible llegar a un acuerdo. El día anterior la administración de Alicia Leme había recibido una nota con firma del secretario de Legal y Técnica, Eduardo Ratti, en la que ofrecía devolver los dólares de la provincia pesificados a 1,4 más el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y un dos por ciento. Agregaba que estaba dispuesto a conversar la reprogramación de los depósitos. “La propuesta nos llamó la atención, para decirlo de alguna forma. Los estados provinciales ya están exceptuados de la reprogramación. No ofrecieron nada nuevo. Nosotros insistimos en que queremos los dólares”, aseguró a Página/12 un miembro del gobierno puntano.
A pesar de que ambas posturas eran conocidas, se cumplió con la formalidad. Poco después de las once de la mañana y sin caceroleros a la vista, Nazareno y los ministros Adolfo Vázquez, Augusto Belluscio, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano se sentaron en los sillones de alto respaldo de la sala de audiencias de la Corte Suprema. Desde el estrado, donde cada uno de los jueces tenía su copa de agua prolijamente colocada a su alcance, el presidente del Tribunal preguntó, a través de un micrófono, si las partes habían modificado sus posiciones.
En el primer banco del salón de techo abovedado en el que se mantenían las luces prendidas en pleno mediodía, el ex senador Alberto Rodríguez Saá expuso la postura de su provincia. Dijo que la nota del estado nacional no la modificaba y reiteró la pretensión de recibir dólares. Como concesión, explicó que estaba dispuesto a admitir el plazo de “un presupuesto y medio” (18 meses) para acceder a la plata. “Estamos al borde de la disolución del Pacto Federal. Esto es grave”, aseguró Rodríguez Saá. El ex senador mencionó que el Gobierno había querido “intimidar” a la provincia. Que el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, le había dicho a Leme que había que “arreglar” el problema y que amenazó con “poner a consideración pública” el hecho de que algunos funcionarios del fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá no habían presentado sus declaraciones juradas.
El procurador general del Tesoro, Rubén Citara, se encargó de defender la postura del gobierno nacional. De pie y mirando alternadamente a los jueces y a los representantes provinciales, aseguró que la pretensión de los puntanos “rompía el bloque de legalidad” que lo contenía. Y contestó a la amenaza separatista de Rodríguez Saá argumentando que “la Constitución de San Luis dice que es parte inseparable de la República Argentina”.
Nazareno anunció un cuatro intermedio y diez minutos después preguntó si las partes estaban dispuestas a considerar una propuesta de conciliación de la Corte. Los representantes de uno y otro lado, ubicados a izquierda -el Gobierno– y derecha –San Luis– se agruparon para consultarse.
–No nos podemos negar a escuchar al tribunal –dijo Citara. Lo mismo sostuvo Rodríguez Saá en representación de Lemme, quien lucía a su lado un elegante trajecito blanco. La Corte deberá exponer ahora su propuesta. Si ésta no es aceptada, tendrá que expedirse sobre el fondo del asunto, esto es, si San Luis puede acceder o no a sus depósitos en dólares. Es lo que eludió hacer hasta ahora, luego de que decidiera evitar confrontar con el Gobierno.