[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Un ministro del gobierno nacional reclamó a dos camaristas y seis jueces federales la detención de Domingo Cavallo y de los banqueros Eduardo Escasany y José y Carlos Rohm, y los amenazó con la puesta en comisión si no lo hacían. La intimación se formuló en enero y Carlos Rohm fue detenido días después. Su hermano José logró escapar, primero a Suiza y luego a Estados Unidos. Cavallo fue detenido por el juez en lo penal económico Julio Speroni, Rohm por la jueza federal María Servini. Ni Servini ni Speroni asistieron a aquel encuentro con el ministro, que tuvo lugar en el domicilio de uno de los magistrados. Nada de lo que aquí se afirma implica cuestionamiento a sus actuaciones, en expedientes que el autor de esta nota no conoce a fondo. Tampoco, que los procesados sean inocentes de los delitos que se les reprochan. Pero sin duda la manipulación política de la justicia ha pulverizado el objeto de todo proceso penal, que es establecer la verdad de los hechos. Hoy ni una condena prueba culpabilidad, ni una absolución significa inocencia. Así, toda verdad es proviSoria. A Cavallo tampoco le falta responsabilidad en esta situación. En el apogeo de su poder, usó sin escrúpulos del aparato judicial armado a partir de 1990 y fue el instigador del recurso de arrancatoria por el que su ex asesor Antonio Boggiano hizo desaparecer una sentencia de la Corte ya firmada y contraria a las pretensiones de Cavallo en una causa contra el Banco Central.
El único integrante de la lista negra del senador Eduardo Duhalde que conserva su libertad es Escasany. En febrero, Escasany solicitó una entrevista con el autor de esta nota y le preguntó si no creía que los problemas que enfrentaba su Banco Galicia se debían a una persecución política. Aunque no explicó qué motivos tenía para pensar tal cosa, ese diálogo fue el punto inicial de la investigación cuyos resultados hoy se publican. Eduardo Amadeo declaró luego de la detención de Cavallo que el gobierno no opinaba sobre los fallos judiciales. Cuando coinciden con sus deseos, podría haber agregado. El 6 de marzo Cavallo difundió la primera declaración pública desde su renuncia, explicando que su corralito era suave en relación con el cepo de Duhalde y Jorge Remes. Ese mismo día, Amadeo dijo que el país estaba harto de quien era el principal responsable de la crisis y hablaba como si recién llegara en un plato volador. Esa fue la señal de largada para un rebrote de citaciones judiciales al ex ministro. En pocos días, lo llamaron a declarar los jueces Juan Galeano, Jorge Ballestero, Norberto Oyarbide y Julio Speroni. Lo que sigue es la historia completa de este atentado contra la división republicana de poderes, sin precedentes en un periodo constitucional.
El verano del 2002
El 1º de enero, Duhalde, recibió en Lomas de Zamora al jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y le preguntó si la Asamblea Legislativa del día siguiente podía declarar en comisión a los ministros de la Corte Suprema. El ex fiscal respondió en forma negativa. Lo mismo opinó el socio político de Duhalde y también senador bonaerense Raúl Alfonsín. Duhalde decidió entonces abrir una negociación en procura de la renuncia de algunos jueces de la mayoría automática menemista. La misión fue encomendada al Secretario de Inteligencia, Carlos Soria, cuyo cargo tiene rango ministerial pero carece de competencia en temas judiciales. Soria encontró un campo de entendimiento con los jueces, agitando el fantasma del temible enemigo común que acechaba cacerola en mano.
Poco después la Corte citó a una reunión urgente a camaristas y jueces federales de la Capital, algunos de los cuales debieron interrumpir sus vacaciones. Pero no se trataba de una convocatoria institucional. No se realizó en Tribunales sino en el domicilio del administrador de la Corte, Nicolas Reyes, en Larrea y Santa Fe. Además del presidente y vice de laCorte, Julio Nazareno y Eduardo Moliné, participaron los camaristas Luisa Riva Aramayo y Gabriel Cavallo, ambos de la Sala I, y los jueces de primera instancia Juan José Galeano, María Servini, Jorge Ballestero, Jorge Urso, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío. Fueron excluidos los ministros de la Corte que suelen votar en disidencia y los tres integrantes de la Sala II de la Cámara Federal. Tampoco asistieron el tercer camarista de la Sala I y los jueces de primera instancia Norberto Oyarbide y Sergio Torres.
La sombra de las FARC
Nazareno y Moliné abrieron el encuentro en forma inquietante. El Poder Ejecutivo les había transmitido informes de inteligencia sobre las movilizaciones populares y los cacerolazos contra el corralito, vinculándolos con las FARC de Colombia, dijeron. (La presunta infiltración de las FARC es una obsesión interesada del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Juan Carlos Mugnolo, con la que Soria sembró el pánico dentro del gobierno.) El Gobierno inquiría si contaba con los jueces para la represión de los manifestantes, siguieron Nazareno y Moliné. Las respuestas fueron negativas, aunque de dos órdenes distintos. Bonadío (quien al ser designado juez dio como domicilio profesional el de la Presidencia, donde era subsecretario Legal y Técnico cuando el secretario se llamaba Carlos Corach), opinó en términos que no dejan dudas sobre la índole poco formal de la cita. “A esos muchachos los financió (Carlos) Rückauf, cuando los de la provincia de Buenos Aires querían voltear a (Fernando) De la Rúa. Y ahora que están en el gobierno los quieren encanar. No cuenten con nosotros”, dijo. Otros magistrados replicaron con argumentos referidos al estado de derecho y la vigencia de las garantías individuales. Moliné propuso discutir si las demostraciones de los caceroleros no caían dentro de la figura penal de sedición, como había afirmado el ministro de justicia Jorge Vanossi. Los jueces respondieron que era imposible opinar en abstracto y actuar de oficio. El gobierno nacional tenía dos caminos por seguir, dijeron:
presentar sus informes al Congreso y solicitarle la reimplantación del estado de sitio. Esto le permitiría suspender algunos derechos y garantías individuales, aunque no eludir el control de razonabilidad de los jueces, o bien remitirlos a la Procuración General para que el ministerio público presentara una denuncia penal. Se abriría entonces una causa, en la que se revisaría la validez de las presuntas pruebas, en referencia a personas y delitos concretos.
Ninguna de estas alternativas entusiasmó a Nazareno y Moliné, ya fuera porque ni ellos parecían convencidos acerca de la seriedad de los partes de inteligencia o porque debieran remitirse a alguna autoridad superior, dentro de una jerarquía paralela. En cualquier caso, propusieron levantar la reunión y reanudarla por la tarde.
Propuesta indecente
La segunda parte tuvo lugar en el domicilio de la camarista Riva Aramayo, con algunos cambios en el elenco. No asistió Servini pero sí lo hizo Sergio Torres, el primer juez federal de la Capital elegido por el Consejo de la Magistratura. Las verdaderas sorpresas recién estababan por comenzar. La Corte sólo estuvo representada por el administrador Reyes y en vez de Nazareno y Moliné se presentó el Secretario de Inteligencia Soria. Uno de los asistentes le preguntó:
–¿Qué pretende el Poder Ejecutivo que hagamos los jueces ante las manifestaciones y los cacerolazos?
–Poner entre rejas a los Rohm, a Escasany y a Cavallo –respondió el representante de Duhalde. (Entre los asistentes no había monjas de clausura ni poetas místicos. Todos, salvo Torres, fueron hechura del dedo menemista, y, sin excepciones, dieron las pruebas de amor que les fueron requeridas. Tal vez por eso, algunos dieron información para esta nota, pero ninguno presentó la denuncia formal. Casi todos habían protegido a los compañeros acosados por denuncias de corrupción y varios participaron del hostigamiento judicial al propio Cavallo, que Carlos Menem había anunciado a cuatro gobernadores con la sórdida frase: “Cuando deje de ser ministro no va a haber juzgado al que no tenga que ir a dar explicaciones”. Pero aun entonces, se trataba de molestar y humillar al adversario, no de privarlo de su libertad.
Uno de los jueces preguntó en qué causa pensaba el gobierno que podría arrestarse a Cavallo.
–En la tuya, la del megacanje, donde está pedida su indagatoria -respondió Soria dirigiéndose a Ballestero. El titular del juzgado federal 2, a quien nadie reprocha actos de coraje, se negó: “Imposible, no hay elementos”, dijo (Ballesteros tampoco encontró nunca elementos para procesar a Cavallo en la causa del oro, donde la responsabilidad del ex ministro era inocultable). Bonadío sumó argumentos en contra de lo pedido. Soria los interrumpió:
–Muchachos, miren que podemos activar algún proyecto para poner en comisión a los jueces –insinuó, con la misma sutileza que en 1996 usó en España para declarar que el juez Baltasar Garzón era “un chanta”.
–Mirá querido, a mí ya me pusieron en comisión los militares. De nuevo no me joden. No te vamos a dar tiempo de firmar ese decreto. Antes estás preso –lo cortó la doctora Riva Aramayo, siempre muy Chanel.
–Esto que planteás es un golpe institucional y nosotros somos jueces de la democracia –agregó Canicoba Corral.
Soria propuso un nuevo encuentro para continuar la discusión.
–No. Yo me vuelvo a Punta del Este –replicó Gabriel Cavallo.
–Vos ya estas muy quemado –ironizó Soria.
–¿Qué me queres decir? –lo encaró Cavallo. Soria intentó apaciguar los ánimos:
–Yo llevo no sé cuántos días sin ver a mi familia, vos ya tomaste bastante sol –retrocedió.
–En estas condiciones no tiene sentido seguir hablando –dijo Cavallo. Los demás jueces se pusieron de pie y enfilaron hacia la puerta de salida. Soria quedó solo con la dueña de casa. Página/12 preguntó por qué ninguno de los presentes había denunciado a Soria. Hubo respuestas de distinto tenor:
todos estuvimos en alguna de las dos reuniones y tendríamos que habernos excusado.
con el desprestigio general de las instituciones nadie hubiera diferenciado entre denunciantes y denunciados.
habría que tener la conciencia muy limpia.
A partir de esa negativa de los jueces, el gobierno dio luz verde al juicio político contra los ministros de la Corte, que respondió con la declaración de inconstitucionalidad del corralito, y tres meses después Cavallo se mudó al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería, por voluntad de un juez que no estuvo presente en la única reunión que este diario pudo descubrir pero que, para quienes conocen el paño, podría no haber sido la única que se realizó. Los modales bruscos y el tono amenazante de Soria explican la convicción del cardumen menemista en la Corte de que los cacerolazos en las escalinatas de tribunales y frente a los domicilios de algunos jueces, fueron instigados por la inteligencia estatal, sin reparar en la independencia de criterio de la Asociación de Abogados Laboralistas que desde hace 13 semanas convoca a ese repudio semanal. Además hay pruebas documentales de que la presión sobre los jueces menemistas era unapolítica oficial y no una ocurrencia del ministro que formuló la exigencia. En esos días Duhalde recibió a los gobernadores en el Polideportivo de Olivos. Según la versión oficial en la página de la presidencia de la Nación en internet, les planteó “la posibilidad de que todos los jueces que no hayan pasado por el Consejo de la Magistratura estén en comisión hasta que pasen por ese organismo”, según las palabras textuales de uno de los asistentes, el gobernador de Córdoba José De la Sota.
Gabinete de unidad
El episodio debe interpretarse a la luz del panorama político que el ex presidente De la Rúa describió en la causa que se sigue por las detenciones y asesinatos producidos en la Plaza de Mayo e inmediaciones el 20 de diciembre. “La noche del 19 y hasta las 3 de la mañana del 20 hubo una importante reunión entre representantes del gobierno y de la oposición justicialista. Participaron, entre otros, el jefe de gabinete Cristian Colombo, el ministro del Interior Ramón Mestre, el presidente del Senado Ramón Puerta, el gobernador Rückauf y el senador Eduardo Menem. Se coincidió en impulsar un cambio de ministros, integrar un gabinete de unidad y preservar la institucionalidad y la autoridad presidencial. Colombo se haría cargo del ministerio de Economía”, escribió De la Rúa en un escrito que presentó a la jueza Servini antes de responder sus preguntas. Consultado por este diario, Menem confirmó la reunión y agregó detalles significativos. “Estábamos reunidos analizando la crisis cuando el ministro Mestre nos comunicó que desde distintos lugares de la ciudad convergían caravanas sobre la Plaza de Mayo. Lo que no recuerdo es que se haya acordado formar un gabinete de unidad nacional”. Parece una desmentida, pero no lo es: “Nuestra posición fue apoyar la institucionalidad pero no con representantes del Partido Justicialista en el gobierno. Otra cosa era si lo hacían a título personal, pero no en nombre del partido”, agregó Menem.
Otros querían el poder
De la Rúa dijo más: “Otros querían el poder. Muchos justicialistas y radicales de Buenos Aires planteaban un cambio de gobierno y el gobernador de la provincia quería alejarse de su cargo. Una extendida situación de violencia empezó a manifestarse en muchas provincias. Hubo ataques provocados convocando falsamente al reparto de comida para incitar al saqueo, otros atemorizando a vecinos por supuestos ataques, otros por un extendido sistema de asaltos a supermercados con robo e incendio. Estos graves hechos se presentaron como un espontáneo estallido social pero tras ellos habría existido una incitación organizada para precipitar la crisis y alcanzar objetivos políticos”. Estas declaraciones describen dos alineamientos opuestos, ambos transversales a los partidos del gobierno y de la oposición: por un lado, De la Rúa con los restos del menemismo, que se inclinaban por mantener la convertibilidad o avanzar hacia la dolarización; por otro la alianza bonaerense que Duhalde y Alfonsín protocolizaron tres meses antes de las elecciones de octubre y que incluía a los grupos económicos que presionaban por la devaluación. No requiere demostración adicional la presión que los intendentes justicialistas del conurbano bonaerense ejercieron sobre el gobierno, políticamente aislado e insensible a las urgencias sociales.
Una vez que el presidente del bloque justicialista de diputados, Humberto Roggero, anunciara que se impulsaría el juicio político al presidente, De la Rúa presentó su renuncia. El plan bonaerense se entorpeció cuando otros aspirantes del justicialismo, como De la Sota y Néstor Kirchner, exigieron la convocatoria a elecciones. Además, en esas tensas horas también surgieron las contradicciones entre Duhalde (quecontaba con el apoyo de los intendentes del conurbano) y Rückauf, que se ofreció para asumir en cualquier circunstancia. En ese tira y afloja, el menemismo hizo alianza con otras nueve provincias pequeñas gobernadas por el PJ e impuso la sorpresiva designación de Adolfo Rodríguez Sáa, quien intentó una tercera posición entre devaluacionistas y dolarizadores mediante la creación de una tercera moneda. El experimento duró apenas una semana y Rodríguez Sáa dejó el poder a los apurones. Las amenazas de muerte que recibió fueron tan creíbles, que prefirió recluirse en su provincia y desde San Luis enviar la renuncia con un edecán.
Recién entonces llegó el turno de Duhalde, cuya primera preocupación, aun antes de asumir fue sacarse de encima a la Corte menemista. Cien días después, le quedó claro que todos jugaban fuerte, e inició una nueva negociación con la rama judicial del menemismo. Apartado Soria, sus plenipotenciarios son ahora el ministro de Economía Jorge Remes y el lobbysta de la Asociación de Bancos,Alberto García Lema, interesados en obturar cualquier filtración del corralito. Ofrecen frenar el juicio político a cambio de tres renuncias. Una de las vacantes sería cubierta por un ministro de la Suprema Corte bonaerense, donde hay dos opciones: Juan Carlos Hitters y Eduardo Pettigiani, ambos duhaldistas de paladar negro. Otra recaería en un hombre de confianza de Alfonsín, quien obtuvo una respuesta negativa cuando sondeó a Ricardo Gil Lavedra. En el Paraguay de Stroessner todo es posible, salvo la verdadera democracia constitucional.