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Nunca mejor aplicado lo de matar dos pájaros de un tiro. Mientras escrachaba a un fiscal que impulsó 18 denuncias en su contra, el piquetero Raúl Castells anunció ayer su candidatura a senador bonaerense en las elecciones del año que viene. El titular del Movimiento de Jubilados y Desocupados dijo que se postulará para ocupar una banca en el Congreso en el 2005 y que en el 2007 irá por la presidencia de la Nación. “Así sea desde la cárcel”, sostuvo, en alusión a las causas abiertas en su contra. El fiscal escrachado, Guillermo Marijuán, también hizo declaraciones: dijo tener pruebas de que Castells vende a los desocupados alimentos provenientes de donaciones.
Marijuán es integrante de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Seguridad Social (Ufises), el organismo que concentra las denuncias por irregularidades en los planes de asistencia. La Ufises tiene 2600 investigaciones en trámite. La mayoría de las causas apuntan contra intendentes del PJ y la UCR, pero hay denuncias además contra todas las organizaciones de desocupados. En general, se originan en que las agrupaciones recaudan una cuota de dos a cinco pesos o porque hay referentes que presionan a la gente para que vayan a los cortes de ruta.
Ninguno de los dos puntos es rechazado por los piqueteros. Las cuotas de dos o cinco pesos siguen en el interior del movimiento de desocupados la lógica de un aporte sindical. Con respecto a la asistencia a los cortes, en casi todos los sectores rige el principio de que cuando hay pocos recursos para repartir entre muchos, el que participa de las medidas de fuerza tiene más derecho que el que se quedó en su casa. A criterio del fiscal, ambas conductas configuran un delito. “En un caso, porque la exigencia de dinero (a los beneficiarios) para inscribirse y mantenerse en el plan funciona como una extorsión. En el otro, porque cortar una calle es una contraprestación distinta a la que establece la ley”, dijo a Página/12 Marijuán. Pero además, el fiscal sostiene que Castells tiene acusaciones de vender la mercadería destinada a los comedores.
Durante el escrache, que fue realizado frente a la sede de la Ufises, ubicada en Córdoba al 700, Castells consideró que las denuncias en su contra constituyen una “persecución política” y acusó a Marijuán de ser un “antiguo puntero del menemismo, ahora kirchnerista”. De todas maneras, el dirigente ingresó al edificio y le entregó al funcionario judicial una carta en la que lo invitó a conocer los comedores y los emprendimientos productivos de su organización.
Terminada la manifestación, el MIJD hizo un raid por el centro porteño. Los manifestantes pasaron por el Hotel Sheraton Libertador, en Córdoba y Maipú, para entregar un pedido de alimentos. Se dirigieron luego al Ministerio de Trabajo, donde fueron recibidos por funcionarios del área. Reclamaron un aumento en el monto de los planes de empleo, de 150 a 300 pesos, y una recomposición de los salarios. Al salir de la sede de Trabajo, dejaron en distintos bancos solicitudes de donaciones. El recorrido terminó en el Centro de Rematadores con una protesta contra los desalojos. Como ya es tradicional, en la jornada Castells volvió a cruzar lanzas con su histórico adversario en la interna piquetera, el kirchnerista Luis D’Elía. Castells acusó al Gobierno de pagarle un pasaje a Venezuela a D’Elía para enfriar la polémica por la toma de la comisaría de La Boca. “En la Rosada le acaban de dar la plata para el viaje para sacarlo un poco del país porque se armó revuelo.”
El titular del MIJD puso de esta manera un final a la tregua en su pelea con D’Elía, abierto tras el asesinato del militante de la FTV Martín Cisneros. Castells anunció, por otra parte, que hará una nueva protesta el próximo miércoles por un aumento en los subsidios y los salarios. Si la agenda de los otros sectores se mantiene, ese será, después de dos semanas con pocas actividades piqueteras, otro día con presencia de las organizaciones en la calle, ya que los desocupados de la CCC y la AsambleaNacional de Trabajadores tienen previsto movilizarse por el desprocesamiento de quienes tienen causas por el conflicto social.