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Por I. H.

Para María Julia Alsogaray se agotaron las esperanzas de salir de la cárcel, por lo menos hasta el próximo juicio oral que recién comenzaría en marzo del año que viene. La Cámara de Casación Penal le negó ayer un pedido de excarcelación al considerar que por la gran cantidad y la gravedad de las causas en su contra existe peligro de que se fugue. Los camaristas tomaron esa resolución ante un reclamo que hizo la ex funcionaria con relación al expediente por sobreprecios en refacciones a la Secretaría de Recursos Naturales. Es la investigación por la que quedó presa hace poco más de un año.
Alsogaray recibió su primera condena en mayo de este año, cuando el Tribunal Oral Nº 4 le impuso tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de enriquecimiento ilícito. Aunque su defensora oficial, Pamela Bisserier, apeló esa sentencia, las últimas posibilidades de la ex polifuncionaria menemista de recuperar la libertad estaban atadas a la causa sobre las remodelaciones a las oficinas del área medio-ambiental que ella dirigía. Por este tema, el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó detenerla en agosto del año pasado, cuando consideró comprobado que María Julia era responsable del pago de sobreprecios de hasta 400 por ciento y que había contratado a empresas amigas con licitaciones irregulares. Pero el argumento para encerrarla también se refería a su frente judicial vasto y complicado, por entonces con 14 expedientes y cinco procesamientos.
La Sala IV de la Cámara de Casación rechazó ayer los planteos de la defensa de María Julia, que señaló la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en la detención y sostenía que la multiplicidad de causas se debía a que los jueces habían aplicado en forma “incorrecta las reglas de conexidad”. En sintonía con lo que había opinado el fiscal Pedro Narvaiz, los jueces Gustavo Mitchell, Gustavo Hornos y Raúl Madueño señalaron que la ingeniera tiene que seguir en la cárcel ante “la posibilidad de que, de ser ahora excarcelada, intente eludir la acción de la Justicia”.
Los camaristas también dijeron que las razones que alegó –como su buena conducta ante la Justicia, su “arraigo a este país, sus vínculos familiares y laborales”– no son suficientes para liberarla, y “el tiempo de detención cumplido no es irrazonable” con relación a los delitos que se le imputan. Explicaron, además, que para decir que una norma viola la Constitución, tendría que darse una situación de gravedad extrema.
Ahora, María Julia podría recurrir en última instancia a la Corte Suprema, pero este tribunal es proclive a denegar las excarcelaciones de este tipo. Esta semana, además, los supremos le rechazaron un recurso en el que pedía la inconstitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito. Así las cosas, lo más probable es que tenga que continuar con su vida en la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal, al menos hasta que llegue el juicio oral por el caso de los sobreprecios. Será juzgada por el mismo tribunal que ya la condenó por aumentar su patrimonio ilícitamente, que estima la fecha de inicio de las audiencias, con suerte, entre febrero y marzo del año que viene.