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El ex agente de la policía secreta pinochetista Enrique Lautaro Arancibia Clavel pidió usar su derecho a hablar antes de escuchar la sentencia. Pero pronunció apenas una decena de palabras: “Soy absolutamente inocente de todos los cargos que se me imputan”. Seis horas después, los jueces del Tribunal Oral Federal 5 anunciaron que no coincidían con el acusado. Lo condenaron a doce años de reclusión por el secuestro de dos ciudadanas chilenas en Buenos Aires, en 1977. “No puedo decir que estoy contenta pero estoy tranquila, se hizo justicia. Es muy significativo que haya sido justamente hoy (por ayer), que se cumplen 30 años del asesinato del general (Carlos) Prats y es una lección para Chile”, dijo Laura Elgueta Díaz, una de las víctimas de Arancibia.
Este juicio fue, de hecho, un desprendimiento de aquel en el que Arancibia fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Prats y su mujer, Sofía Cuthbert. El atentado, uno de los emblemáticos dentro del Plan Cóndor –de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur–, se llevó a cabo en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. Ya en ese entonces, Arancibia era agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) chilena en la Argentina. En ese rol participó de numerosos operativos de secuestros de ciudadanos chilenos en el país. Entre ellos el de Elgueta y su cuñada, Sonia Magdalena Díaz Ureta.
El juez Luis Rafael Di Renzi fue el encargado de leer la sentencia. Sentado entre sus colegas Guillermo Federico Madueño y Guillermo Andrés Gordo, informó que “el tribunal falla condenando a Enrique Lautaro Arancibia Clavel, chileno, instruido, nacido el 9 de octubre de 1944 en Punta Arenas, soltero y comerciante, a la pena de 12 años de reclusión e inhabilitación absoluta”. No estaba muy lejos de los quince años que habían pedido la fiscal María Isabel Fernández Orge y los abogados querellantes, Alcira Ríos y Luciano Hazan. Arancibia permaneció con su codo apoyado en el escritorio y su mano en la mejilla. Vestido de sport –pantalón cargo, camisa de manga corta y chaleco deportivo–, el represor conservó el aire de suficiencia que mostró en las tres jornadas del juicio y que ya había exhibido en el proceso por el caso Prats.
Elgueta y su cuñada fueron secuestradas en Buenos Aires el 12 de julio de 1977. Fueron llevadas al centro clandestino de detención Club Atlético, donde las recibió un grupo de hombres con acento chileno. Uno de ellos les dijo que estaban allí “porque (Augusto) Pinochet así lo quería”. Durante el juicio oral, Miguel D’Agostino y Ana María Careaga, dos sobrevivientes de ese campo, ubicado en Paseo Colón y Cochabamba, ratificaron que ése era el sitio donde estuvieron secuestradas Elgueta y Díaz, ya que todos los testimonios coincidieron en las descripciones del lugar.
Elgueta y su cuñada –que no viajó a Buenos Aires porque estaba enferma pero sí declaró a través de un exhorto– estuvieron secuestradas una noche. En el Atlético fueron interrogadas. Y Díaz torturada. En julio de 1977 había venido a Buenos Aires de visita pero los represores creían que estaba cumpliendo “alguna misión”. Arancibia fue el que condujo el auto que las liberó en una esquina de la ciudad. Ambas pudieron verlo y lo reconocieron veinte años después, cuando fue detenido por el asesinato de Prats.
En el Atlético, los interrogatorios a las dos mujeres estuvieron enfocados en la figura de Luis Elgueta Díaz –hermano y cuñado de las mujeres–, quien había sido secuestrado un año antes, también en Buenos Aires. Elgueta está convencida de que Arancibia tiene responsabilidad en el secuestro de su hermano. “Lo sé porque me lo dijeron en el Atlético”, aseguró. En Luis pensó cuando Di Renzi leyó la condena. “Se lo dedico a mi hermano que está detenido desaparecido y al general Prats”, señaló una vez terminado el proceso.