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El lunes pasado, por primera vez tres policías federales eran condenados a perpetua por tortura seguida de muerte de Ezequiel Demonty. Dos días después, el miércoles por la noche, unos 20 federales entraron como aplanadoras en la casa de la abuela de Ezequiel, de 72 años, en Ciudad Oculta y arrasaron con todo, incluyendo a la abuela, a la que le produjeron un corte en una mano y le hicieron escupir la dentadura postiza de un cachetazo. Además de excesos, los federales llevaban una orden de allanamiento firmada por un juez federal platense, en el marco de una causa por secuestro. La sorpresa fue tan mayúscula como la obvia suspicacia alimentada por el historial policial y el apellido Demonty. El presidente Néstor Kirchner ordenó el inmediato apartamiento de los responsables. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, pidió personalmente disculpas a la familia. La madre de Ezequiel analiza si iniciar un jury de enjuiciamiento a Arnaldo Corazza, el magistrado que estampó la firma, o llegar a demostrar que todo fue una vendetta policial. En los tribunales platenses explican todo como “una cama a Corazza”.
Todo ocurrió alrededor de las 22.30, en el Núcleo Habitacional Transitorio, parte de la conocida Ciudad Oculta. Allí, en la casa 308 de la tira 20, donde vive Juana Cerdá, madre de Dolores Sigampa y abuela de Ezequiel Demonty, hicieron su ingreso en forma de torrente una veintena de cascos enmascarados del GEOF, seguidos por algunos de civil. Dentro, además de la abuela, de 72 años, se encontraba Raúl Esquivel, de 29 años, uno de sus hijos, junto a tres nietas y un nieto de entre 9 y 17 años. Según describió Juana a Página/12, el objetivo fue Raúl. Los chicos fueron rápidamente esposados y volteados. Uno de ellos terminó con un hombro dislocado. “A mi hijo lo pateaban y le pegaban con esas cosas –explicó la mujer, imitando con su bastón un gesto como si se tratara de palos o culatas–. Yo quise separarlos de mi hijo, que no le pegaran más, pero uno me tiró contra la pared. Yo volví, y de nuevo me empujó. Otra vez lo hice y otra vez me tiró. Me dio un golpe con la mano en la cara que me rompió toda mi dentadura postiza.”
Kirchner escuchó la historia, relatada por la propia abuela a una radio, durante la mañana de ayer, e inmediatamente se comunicó con Aníbal Fernández. “Te vas para allá y le pedís disculpas a la familia”, le ordenó al ministro de Interior. A esa orden agregó otra: “Quiero que todos los que intervinieron sean apartados”. Una y otra fueron cumplidas al dedillo. Fernández se presentó alrededor de las 10.30 de la mañana en la casa 308 tira 20. Escuchó a Juana, le pidió disculpas, se mostró muy preocupado por el caso y aseguró que “hubo excesos y los excesos se tienen que resolver”. También confirmó que había ordenado pasar a disponibilidad a todos los responsables.
Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, que apoyó a la familia Demonty desde el inicio, se presentó como amparo y reaseguro. “Creíamos que el fallo iba a cambiar la historia, pero vemos que no. Lo más grave es que no es contra cualquiera sino contra el mismo sector social, y contra los grupos más débiles y golpeados como son los ancianos y los jóvenes.” A su lado, el abogado de la familia, José Luis Vera, aseguraba que “no es una casualidad”. En su mano tenía la orden de allanamiento en la que se pide la detención de “NN Jesús y/o alias Ketchup y/o Jesús Paniagua, y de otros ocupantes o personas que en principio resultaren sospechosas, los que deberán anotarse en carácter de incomunicados”. Como señaló el abogado a este diario, “iban a buscar a cualquiera, un alias. El juez es la última garantía constitucional del debido proceso. La detención no es un trámite burocrático. Ordenar detenciones de sospechosos en una villa en manos de la policía es como decirle que detenga a todo el mundo”.
Juana, entretanto, aseguraba que “fue el padre de Somohano el que mandó todo esto”, refiriéndose a Gastón Somohano, el federal condenado a reclusión perpetua por el homicidio de Ezequiel. Su padre, Osvaldo Somohano, fue jefe de la Bonaerense.
Pero, ¿cómo llegaron los federales a una vivienda que el sentido común indica que deberían proteger para evitar la sospecha de ser causantes hasta de un resfrío? Durante la mañana, el juez Corazza dio algunas pistas: sostuvo que el allanamiento era uno de cinco simultáneos en el marco de la investigación por el secuestro durante siete horas del concejal riquista de Quilmes, Angel Herrera. Uno de los secuestradores retuvo el celular. “Escuchas realizadas con este celular –sostuvo Corazza– vincularon determinados domicilios con el presunto secuestrador y con el consumo de drogas.” Corazza aseguró desconocer que la dirección del allanamiento perteneciera a familiares de Ezequiel Demonty y sostuvo: “Toda irrupción a una vivienda ajena genera violencia porque el que ingresa no sabe qué va a encontrar del otro lado y no ingresa pidiendo permiso. Los límites con que se ejerció el operativo no los conozco, si hubo excesos se investigarán”.
Mientras en los tribunales platenses el rumor de pasillo era que “le hicieron la cama al juez”, todas las miradas se dirigían al fiscal o a explicar cómo había ocurrido todo, si fue obra de una suma de casualidades o de una cama con sábanas y olor a vendetta.
El fiscal federal platense Sergio Franco está a cargo de la investigación por el secuestro. “Están errados si creen que la Federal está en el caso. Desde el principio está la DDI de Quilmes”, intentó aclarar a este diario una fuente de la fiscalía. “Somohano padre era el jefe de la Bonaerense”, respondió Página/12 y no obtuvo respuesta. Según la misma fuente, tras el secuestro, Ketchup (detenido en Ezpeleta, resultó ser Jesús Torres) retuvo el celular de Herrera. “A ese teléfono entraban llamadas no relacionadas al secuestro sino a la compra de drogas. La SIDE hizo las escuchas –explicó la fuente–. Se abrió una investigación aparte. Una de esas llamadas era de una mujer que aparecía como la novia, una tal Miglione. En esa llamada, Ketchup estaba haciendo una compra con tarjeta y le pedía el domicilio a la chica. Y la chica dio la dirección que después resultó ser la de Juana Cerdá.” También explicó que la Bonaerense no ingresó a la villa a hacer inteligencia porque “iban a ser descubiertos, así que dieron los datos a los federales”.
Las explicaciones del juez y del fiscal no aclaran ciertos puntos oscuros. Si la Bonaerense no ingresó a la villa, alguien hizo la descripción del frente de la casa con un detalle y exactitud pasmosos. Las comisarías locales necesariamente saben de quién es la vivienda allanada y conocen las consecuencias de un resfrío de Juana. No está claro que los comandos estuvieran enterados. Si lo que se investigaba era una causa de drogas contra la joven Miglione, su nombre no es mencionado en la orden de allanamiento, pero el operativo se realiza buscando a su novio sólo por un alias, en una dirección que no es la suya, desconocido según la familia y absolutamente ajeno para la Federal. ¿A quién fueron a buscar y por qué?