EL PAIS › LIBERTAD DE EXPRESION Y CORRUPCION

Títeres y titiriteros

Desde hace tres semanas se discute acerca de censura, publicidad oficial, atribuciones de editores y columnistas, libertad de prensa y de empresa, ética profesional y deontología. Todas las opiniones son legítimas, pero mejorarían si las precedieran los hechos. Ha pasado suficiente tiempo y nadie quiso investigar las gravísimas denuncias formuladas. Ir a fondo de cada caso, con respaldo de entrevistas y documentos, ayuda a poner objetividad en un terreno surcado por las pasiones.

 Por Horacio Verbitsky

En la madrugada del 23 de octubre, Julio Nudler denunció que su artículo “De títeres y titiriteros” había sido censurado porque exponía “la siniestra trayectoria” del flamante Síndico General de la Nación, Claudio Moroni, “títere del no menos corrupto jefe de Gabinete, Alberto Fernández”. También mencionó “los crecientes actos de corrupción del gobierno de Néstor Kirchner”. El lunes 25 abogué ante las autoridades de Página/12 para que publicaran la nota de Nudler, quien escribe aquí desde hace años y es una pluma apreciada dentro y fuera del diario, pero fracasé.
El director firmó una respuesta titulada “Campaña” (la horrible palabra que usan los políticos ante cualquier denuncia). Dice que algunas afirmaciones de la nota “requerían mayores explicaciones antes de ser publicadas”, que Nudler se las negó y optó por denunciarse censurado. Pero luego atribuye la actitud de Nudler a los intereses de un hombre de negocios dudosos que sería enemigo del diario. Esto provocó la reacción de la asamblea del personal. En un comunicado declaró que “lo sucedido no es un hecho aislado” y se refirió sin explicitarlos a otros “episodios similares”. Lejos de aclarar, la interpretación sobre una campaña confunde. Más verosímil es el propio Nudler cuando en un reportaje en la revista Noticias relaciona el humo de cigarrillo que tuvo que aspirar durante años en la redacción con el cáncer de pulmón con metástasis óseas que padece y dice que como esto lo tiene muy sensible y se hartó de las triquiñuelas de los corruptos decidió incurrir en una locura hamletiana y romper los códigos. La nota que no se publicó comienza con un emotivo homenaje al ex liquidador del Instituto Nacional de Reaseguros (Inder) Roberto Guzmán, quien murió este año y cuyo libro Saqueo asegurado es la fuente central de las afirmaciones de Nudler sobre Fernández. Por todo eso creo que el suyo fue un conmovedor grito de desesperación y despedida, que merece el mayor respeto, y nada tiene que ver con una calculada conjura.
Al cabo de tres semanas, ninguno de los medios que ensalzaron a Nudler publicó su nota ni investigó su contenido. Si lo que afirma es tan grave como para desencadenar la censura, ¿por qué no hay interesados en profundizar esos casos? Decidí hacerlo, porque necesito saber si es cierto que el diario donde escribí con libertad sobre cinco presidentes se ha convertido en encubridor de la corrupción de un gobierno que estaría podrido, de arriba abajo. Para no esconder ninguna carta diré que a pesar de las incómodas alianzas del Gobierno y de su insuficiente impulso para una redistribución de la riqueza, considero valiosos actos de reconstrucción ética el desalojo por medios constitucionales del cardumen menemista en la Corte Suprema y su reemplazo por juristas respetables que ya votaron varias veces en contra de los deseos oficiales; la anulación de las leyes de impunidad y los actos simbólicos de la ESMA y el Colegio Militar; la negociación con los tenedores de títulos de la deuda pública y con el FMI, así como el proyecto de ley regulatoria de los servicios públicos de gestión privada; el descabezamiento de las cúpulas del Ejército, por politiquera, y de la Policía Federal y la Gendarmería, por corruptas, y la apertura de los archivos de la SIDE por el atentado a la AMIA. Al mismo tiempo, estoy por completo de acuerdo con Nudler cuando rechaza el lema “roban pero hacen” y afirma que quienes roban “deben ir presos”. Agrego: siempre que se demuestre que es así.
Iré por partes.

El INDER:

Según Nudler, Guzmán debió enfrentar a los aseguradores privados y a la Superintendencia de Seguros (SSN), donde Fernández y Moroni “presionaban para que el INDER ‘reconociera’ una deuda de casi 1200 millones con el sector”. Al demostrar que el pasivo “a lo sumo llegaba a 500 millones”, Guzman “frustró uno de los mayores robos contra el Estado”, dice. Ante mi pregunta, Fernández asignó a su diferencia de criterios con Guzmán el sentido opuesto al de la nota. Guzmán proponía discutir caso por caso a medida que entraran los siniestros y las compañías presentaran sus reclamos, porque consideraba que se caerían con sólo reclamar la documentación respaldatoria. En consecuencia, pidió en dos circulares que las compañías presentaran una declaración jurada informando sobre los siniestros pendientes de pago por el INDER. Recibió reclamos por 1412 millones de pesos. Fernández propuso determinar los verdaderos montos pendientes de pago y evitar sorpresas posteriores a la liquidación del INDER, con sus históricos mecanismos de corrupción. Agrega que Guzmán se negó a auditar los balances de cada compañía porque entendía que así se legitimaba la demanda. Fernández apeló al superior de Guzmán, el secretario de Bancos, Finanzas y Seguros, Roque Maccarone, quien por resolución 16/95 encomendó a la Superintendencia que auditara “la corrección en el cálculo y la verosimilitud de la información”.
Los balances de 157 compañías fueron estudiados por tres decenas de inspectores. Como resultado, los 1412 millones reclamados se redujeron a 911, según la documentación que detalla ese desagio compañía por compañía. “Fui yo y no Guzmán quien redujo las obligaciones del Estado en 500 millones. Pero además sobre esos 911 millones proponía negociar una quita, cerrar la cuenta y pagar con bonos. Todo debía quedar saldado en 1995, y luego no se admitirían más reclamos.” Nudler opina que esa auditoría fue acordada entre el Superintendente y las compañías. “Pedían una cifra disparatada, él la reducía y quedaba como un héroe”, me dijo. Su convicción es inconmovible pero, igual que en la nota, reclama un acto de fe del interlocutor. A pedido de Guzmán, el secretario técnico del ministerio de Economía, Horacio T. Liendo (h), vetó la propuesta de Fernández. Ante una consulta para esta nota, el INDER respondió que desde aquel momento el organismo ya desembolsó 741 millones (591 de ellos en pagos a las compañías) y en el cálculo más conservador tiene pendientes de pago otros 1084 millones, es decir un total de 1825 millones, más sus gastos anuales por tres millones de pesos. A una década de distancia los resultados parecen darle la razón a Fernández: con su propuesta se hubiera pagado mucho menos.
Nudler opina que Guzmán no hubiera pagado nada, certeza conjetural indemostrable. “El gran problema que tuvieron es que la SIGEN nunca aceptó auditar la validez de los reclamos, porque falta la documentación y nadie quiere poner el gancho por temor a ir preso. De ahí la importancia de designar a un compinche en la SIGEN”, insiste. Fernández descarta esta objeción: “La SIGEN no auditó la congruencia entre los balances y los juicios pendientes, porque Guzmán rechazó mi propuesta y prefirió que se auditara siniestro por siniestro al presentarse al cobro. Pero cada uno de los que se pagaron desde entonces fue auditado por la SIGEN como indica la ley”. Para no limitarme a la versión de Fernández y los números del INDER recurrí al abogado Hugo Wortman Jofré, especialista en asuntos de corrupción y transparencia, a quien Guzmán prodiga en su libro los más cálidos elogios. “Con Luis Moreno Ocampo fuimos los abogados de Guzmán en el INDER. Lo seguí tratando desde entonces y llegamos a ser muy amigos”, dijo. “Entre Fernández y Guzmán hubo problemas de carácter y peleas de protagonismo, pero ninguno de los dos hizo nunca algo incorrecto. Frente a la corrupción del mercado de seguros sólo tenían diferencias de matiz. Nosotros desde el estudio siempre los vimos obrar bien a ambos. Cuando decidimos allanar las compañías en las que había irregularidades, Fernández nos puso un ejército de inspectores para hacer el trabajo y siempre fue al frente. A Guzmán le molestó que todo el rédito mediático fuera para Fernández, quien era mucho más político que él. Como no se hizo el corte que proponía Fernández y que Guzmán rechazó, los reclamos contra el INDER siguen hasta el día de hoy, y se pagan en efectivo. Es el único caso en que el Estado sigue pagando en pesos y no en bonos. Hace unos días le liquidaron 50 millones al contado a la compañía Rivadavia”.
Nudler replica que esos pagos en efectivo son una de las facultades que Fernández acaba de obtener con los superpoderes presupuestarios. Fernández comenta con un gesto de impotencia: “¿Nadie le va a decir a este hombre que no sabe de qué está hablando, que esa cláusula se repite en cada presupuesto desde hace diez años, para que las compañías puedan pagar los siniestros en pesos y no reciban a cambio bonos?”.

EL TRANSPORTE DE PASAJEROS:

Según la nota de Nudler, Moroni “desamparó totalmente a los pasajeros”, que en caso de accidentes no pudieron cobrar sus seguros. Lo ejemplifica con el caso de La Uruguaya Argentina, LUA, y “el fraude que sufrieron los deudos de los nueve estudiantes muertos el 27 de diciembre de 1996” en la ruta a Bariloche, quienes no cobraron nada pese a que el micro en que viajaban estaba asegurado en esa compañía, de la que Moroni fue asesor. “A La Uruguaya Argentina la habían fundido, pero utilizaban la sigla LUA para confundir, haciendo creer que era la misma.” El superintendente Juan Pablo Chevallier Boutell decidió prohibir que LUA La Porteña siguiera emitiendo pólizas. Pero fue despedido. Designado nuevamente en la SSN, Moroni “no halló nada malo en que se continuara estafando a los asegurados”, escribió Nudler.
La cronología lo refuta. Quien sucedió a Chevallier Boutell en la Superintendencia, en noviembre de 2001, no fue Moroni sino Rubén Poncio y la prohibición a LUA La Porteña nunca fue revocada por la SSN. Su gerente jurídica, Teresa Valle de Sosa, respondió a mi consulta que los jueces Juan M. Gutiérrez Cabello, Germán Páez Castañeda y Margarita Braga dictaron medidas de no innovar que habilitaron a esa aseguradora a celebrar nuevos contratos. Pero esas decisiones fueron apeladas por la Superintendencia. Nudler reconoce que la omisión de Poncio en la nota fue un error suyo, pero opina que los fallos judiciales y las apelaciones de la SSN constituyen una farsa. “Estamos en la Argentina”, dice, con un argumento impermeable a cualquier dato.
Entrevistado para este artículo, Moroni aduce que distintas compañías discuten los reclamos de sus asegurados, igual que en el caso que Nudler menciona, por lo cual hay en trámite 112.000 juicios similares. Como ejemplo, dice que la Caja de Ahorro, con fama de administración estricta, tiene 6000 de esos juicios en los que aún no pagó. Le transmití este razonamiento a Nudler. Esa cantidad de juicios demuestra que la SSN fue cómplice de las compañías, dice. Para Moroni son fruto del sistema previo, que él cambió. Admite haber actuado durante seis meses en LUA (y también en otra media docena de compañías), dos años antes de que Chevallier Boutell prohibiera a LUA emitir pólizas. Cuando fue designado por segunda vez Superintendente, en 2002, antes de asumir declaró a esas compañías entre sus incompatibilidades y se excusó de intervenir en asuntos que las involucraran. “Es mi profesión, y un ex funcionario si fue honesto necesita trabajar para vivir.”
Según Nudler, Fernández amparó a las compañías que ocultaban en sus balances los juicios pendientes para no constituir las reservas necesarias. La quiebra de esas compañías “dejó colgados del pincel 20.000 juicios” y llevó a la quiebra a los transportistas que debieron hacer frente a las indemnizaciones. Moroni responde que él y Fernández detectaron la falta de esas reservas. “Fuimos los que anunciamos la mala noticia, luego de verificar en los tribunales los juicios entablados contra cada compañía que no figuraban en sus balances”, por lo cual entre los dos cerraron 90 compañías que no tenían activos para enfrentar sus compromisos. Fernández afirma ser el Superintendente que más compañías cerró, por insuficiencias económico-financieras que hasta entonces se mitigaban privatizando las ganancias y socializando los pasivos con el INDER. “Limpié un tercio del mercado. También presenté cien denuncias penales, cosa que antes no se hacía, y dispuse que la Superintendencia se constituyera como querellante, para seguir las causas contra las aseguradoras. Muchas compañías de transporte público tenían a su vez empresas aseguradoras, que en lugar de controlar a los transportistas descargaban el riesgo en el INDER. Sin franquicia, le hacían pagar hasta el farolito roto.” Entre las que cerró menciona a dos compañías de los hermanos Cirigliano a quienes, según Nudler, intentaba favorecer.
La liquidación del INDER aceleró la quiebra de esas aseguradoras y puso a las líneas de colectivos en la obligación de pagar los siniestros. Nudler afirma que Moroni forzó a los transportistas a contratar pólizas con una franquicia de 40.000 pesos. Incapaces de soportar el pago de las indemnizaciones, los colectiveros “recibían préstamos de un sistema de mutuales armado por Moroni. Por ese medio les generaban deudas impagables, que desembocaban en su expropiación”. Añade que Moroni hizo firmar a Menem un decreto que suspendió por 36 meses las ejecuciones de sentencias contra transportistas y aseguradoras. Moroni contesta que el expediente administrativo 558-001266/96 muestra que ese decreto no fue impulsado ni redactado por la SSN sino por la Secretaría de Transportes y que cuando él ya no era funcionario fue prorrogado por Fernando de la Rúa, porque estaba en peligro la prestación del principal servicio público de transporte de pasajeros. Debido a la tradición de descargar el riesgo en el INDER, los colectiveros no tomaban las mínimas precauciones y la cantidad de accidentes era descomunal: cada vehículo tenía 3,5 siniestro por año. En cambio por cada auto particular había 0,16 siniestro al año. Con más siniestros que asegurados, el sistema sólo podía funcionar descargando en el INDER. Liquidado el INDER, no hubo compañías dispuestas a asegurar colectivos. Por eso se ideó el sistema de las mutuales, formadas por los propios transportistas, que asumieron activos y pasivos de las aseguradoras y se dispuso que los mutualistas “fueran responsables solidariamente por las pérdidas de capital de la mutual. Esto Nudler lo olvida o no lo quiere leer. Así se creó una red de solidaridad entre todos los afiliados a la mutual, cuya solvencia se incrementó respecto de las aseguradoras anteriores, que también seguían siendo deudoras”.
Respecto de la franquicia, Moroni afirma que incrementó el cuidado de los choferes, de modo que la frecuencia de siniestros se redujo a dos por unidad en 2003. Considerando un mínimo de una víctima por siniestro y multiplicando la reducción de 1,5 por los 33.000 colectivos asegurados esto implicaría casi 50.000 víctimas menos por año. “En mi escala de valores, éste es un logro”, afirma. Desde su creación, las mutuales pagaron 438 millones por siniestros, cuentan con un patrimonio neto de 43 millones y activos por 210. Este régimen se mantuvo vigente desde 1997, bajo la gestión de cinco distintos superintendentes y “nunca ha merecido siquiera un pedido de derogación, ni por los sucesivos secretarios de Transporte, ni por ninguna cámara de transportistas, ni por ninguna empresa. En los balances de las mutuales no hay constancia de los presuntos préstamos”, dice Moroni. Para Nudler, las mutuales eligen a quiénes pagar, sobre la base de discrecionales arreglos espurios.
Como no conozco el complejo mercado de los seguros, quise someter la nota de Nudler y las explicaciones de los acusados al análisis de un especialista. Le pedí ayuda al economista amigo de Nudler que me había enviado el primer e-mail sobre la presunta censura. Me puso en contacto con un alto ejecutivo de seguros en una compañía que pertenece a un banco transnacional, quien se excusó de responder: “Deslicé un par de comentarios en una reunión de amigos sobre formas y sustancia de la nota. Me mordí la lengua inmediatamente. El respeto que tengo por Julio es enorme y no me deja ser crítico”, me escribió. Miembros del Club de Cultura Socialista recibieron el testimonio de un abogado de seguros. “Conozco cómo vive Moroni y sus medios de fortuna. Estoy seguro de que no es corrupto.”
Intereses y pasiones
En un mail del 1º de noviembre, Nudler escribió que “Kirchner es un farsante y un defraudador de la opinión pública”. A Mariano Grondona le dijo que el gobierno “ha caído en niveles de corrupción que, por las tarifas que cobra por algunas resoluciones, son incluso superiores a los del menemismo”. En la asamblea del personal del diario, reveló la fuente de su terminante afirmación: el constructor del monumento a la corrupción en Yacyretá, Cristiano Ratazzi. Recién despertado con la resaca de la fiesta menemista, de la que gozó como pocos, este amigo de Menem y Manzano formuló su audaz afirmación al mismo tiempo que Italia se endurecía en la negociación por los bonos de la deuda pública en mora.
Según Nudler “un gobierno de esta calaña necesita una prensa amordazada y organismos de control inutilizados”.
Es un esquema familiar, que expuse hace una década en el libro Hacer la Corte. La construcción de un poder absoluto, sin justicia ni control. No veo cómo pueda proyectarse al presente con fundamentos tan etéreos. Ni la prensa está amordazada ni los organismos de control esterilizados. Hubiera sido mejor que Página/12 publicara la nota, pero su escaso sustento no habilita a considerarla censurada. Sería preferible que el titular de la SIGEN (que no es un órgano de control externo al Poder Ejecutivo, sino interno del Poder Ejecutivo) fuera alguien menos próximo al jefe de gabinete. Pero de ahí a suponer que forman una asociación ilícita protegida por el diario hay una distancia que sólo se puede recorrer con extrema ligereza. Tampoco es razonable omitir las diferencias que existen en otros órganos superiores de control. En la Corte Suprema, que tiene la última palabra institucional, no es lo mismo Nazareno que Zaffaroni, Moliné que Carmen Argibay. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas es parte de un poder independiente y tiene las mayores facultades para investigar a funcionarios. No puede compararse a Néstor Pinzón, designado a dedo en 1991 para hacerla hibernar, luego de la remoción del molesto Ricardo Molinas, con Manuel Garrido, que se la ganó por concurso en 2003 después de haber jerarquizado la Oficina Anticorrupción.
La ruptura de códigos de Nudler sumada a la obtusa respuesta del diario les han regalado una alegría a quienes no perdonan las acciones oficiales enumeradas al comienzo de este artículo. Tal vez no sea justo exigirle a la nota de Nudler los estándares profesionales que no siempre se aplicaron antes; tal vez el diario esté necesitando una revisión general de sus métodos y procedimientos, que tampoco les vendría mal a otros medios lanzados con fruición a la diatriba; tal vez quienes leen con buena fe hayan encontrado en esta nota la objetividad necesaria para hacer pie en un territorio surcado por tan altos intereses como bajas pasiones.

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