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“No pude leer el dictamen acusatorio, son 300 carillas, así que si quieren tratarlo hoy yo me abstengo”, provocó la diputada menemista Lelia Chaya. Sus palabras, por más que desataron una polémica feroz, tuvieron un efecto imparable: la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura postergó hasta febrero el tratamiento de los cargos contra el juez Juan José Galeano por las irregularidades en la causa AMIA. De esta manera, el expediente contra el juez que se inició en 2001 y ganó fuerza en septiembre último después de las imputaciones que le hizo el Tribunal Oral 3 seguirá en veremos. Y Su Señoría continuará en su despacho. “Es vergonzoso que esto se siga dilatando, los consejeros dan asco”, dijo Adriana Reisfeld, de Memoria Activa, tras presenciar la reunión.
Los integrantes de Acusación iban a discutir ayer el proyecto de dictamen contra Galeano que presentaron la diputada Marcela Rodríguez (ARI) y el abogado Beinusz Szmukler. Según esa propuesta, existen suficientes razones –por lo menos trece– para impulsar el juicio político contra el magistrado por mal desempeño. Entre ellas figuran el pago clandestino de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, creación de legajos paralelos, coerción a testigos y destrucción de pruebas.
Apenas comenzó la reunión, Chaya planteó que necesita tiempo para leer. Que recién el lunes le habían terminado de imprimir el texto, pese a que lo recibió una semana antes. No es la primera vez que alienta medidas dilatorias del enjuiciamiento a Galeano. En esa batalla suele acompañarla Jorge Casanovas, que ayer faltó al encuentro. Encolerizada, la diputada Rodríguez replicó: “No entiendo la necesidad de postergar el dictamen. El 24 y el 31 (de diciembre) no se trabaja, pero el 28 de diciembre sí. Los que nos pagan el sueldo trabajan ese día”. Szmukler, en igual sentido, señaló que a esta altura todos los consejeros tienen “pleno conocimiento” del caso por un informe preliminar que circuló y reclamó una definición.
El senador Jorge Yoma intentó aplacar la discusión y dijo que, si bien ya estaba “en condiciones de votar”, comprendía el argumento de Chaya. El abogado Luis Pereyra Duarte prefería unos días más, acotó, para profundizar la lectura. Propuso, como término medio, que se votara el martes próximo. “Si la doctora Rodríguez me consigue los pasajes, vengo”, se burló Chaya. El radical Juan Mínguez, presidente de la Comisión de Acusación, explicó que había estado muy ocupado con el enjuiciamiento del juez de la Corte Antonio Boggiano en la Cámara de Diputados, sin tiempo para dedicarse a Galeano, y que la semana próxima no puede estar en Capital.
En definitiva, a pesar de sus intentos, Szmukler y Rodríguez no lograron consenso para que el tema se resuelva este año. Lo máximo que pudieron acordar fue un cuarto intermedio hasta el 1º febrero y enviar un pedido a la presidencia del Consejo para que el plenario resolviera la situación de Galeano en su primera reunión, el 10 de febrero. Los familiares de las víctimas del atentado que fueron testigos de la bizarra discusión salieron indignados. Reisfeld dijo: “Nosotros les pagamos a estos consejeros para que trabaje, deberían sancionarlos. Hay una falta total de voluntad política”.