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En el año 2000, tres mujeres de alto perfil mantenían una buena amistad y lazos de cooperación profesional: Elisa María Carrió (“Lilita”), María Romilda Servini de Cubría (“la Chuchi”) y Alicia Beatriz López (“Betty”). López había colaborado estrechamente con Servini en la investigación de Gaith Pharaon e iba a tener una actividad casi a tiempo completo en la comisión bicameral presidida por Carrió y concebida en principio para desmontar las fallidas andanzas financieras de Raúl Moneta. El trío no era inseparable pero se respaldaba. Pruebas al canto: al presentar el informe sobre lavado en el Congreso, Carrió rescató públicamente a Servini. Era una jugada audaz puesto que la jueza, recordada por las fintas y connivencias en el Yomagate, la amistad con Jorge Antonio y los vínculos con el menemismo, no gozaba en absoluto de buena prensa.
El cambio de humor de Servini respecto de López no pasó inadvertido en los tribunales federales. Tampoco dejó de levantar suspicacias el distanciamiento entre Carrió y la experta. Lo que nadie podía imaginar era que la sangre llegara al río. Pero llegó y a punto tal que a la virtual inculpación de López hecha por Servini se sumó la denuncia presentada contra López por un grupo de diputados del ARI. Los legisladores Eduardo Maccaluse, Susana García y María América González, entre otros, sostuvieron ante el Juzgado federal 10 que la participación de López en cursos para el sector público organizados por la International Compliance Association (una ONG inglesa asociada con la Universidad de Manchester y dedicada a impartir seminarios de prevención de lavado) era incompatible con la función que López desempeñaba en la UIF. Del mismo modo, los aristas señalaron que la resolución de ese organismo exigiendo a los contadores abocados a la detección de lavado de dinero tomar cursos de formación, estaba direccionada en beneficio de la ICA. No obstante, las participaciones de López y de la fiscal Alejandra Perroud habían sido informadas al Ministerio de Justicia y Perroud contaba, además, con la autorización de su superior, el procurador general Esteban Righi, quien no encontró en ello incompatibilidad alguna.
El asunto, más propio de la Oficina Anticorrupción que de un juzgado penal, mostró otros datos inquietantes: las “presentaciones espontáneas” de Servini en la causa impulsada por los aristas contra Alicia López y su fino conocimiento de los vaivenes de un expediente en el que “la jueza Burum burú budía” no tenía arte ni parte. Cierto es que su incursión en la denuncia se realizó cuando Ercolini no se encontraba en el juzgado y en el tribunal intervenía como subrogante Juan José Galeano, dócil, como quedó demostrado, a las sugerencias del poder político y económico. Con la incorporación de Ercolini las presiones de Servini desaparecieron. Edición i, publicación que suele acompañar las operaciones de Moneta y es considerada sucesora de El Guardián, acaba de plegarse a la ofensiva contra Alicia López basándose, precisamente, en la denuncia de Maccaluse, Rodríguez y González. Vale la pena recordar que López fue la primera en señalar la vinculación del Federal Bank con Moneta y que Ricardo Bosch, vocero y mano derecha del ex banquero menemista, es íntimo amigo de Galeano.