EL PAíS › LA CORTE RECHAZO LA EXTRADICION DE UN PRESUNTO ETARRA

España no tendrá a Lariz Iriondo

La Corte Suprema rechazó la extradición a España del presunto ex líder de la organización ETA Jesús María Lariz Iriondo, quien está acusado de participar en un atentado en el País Vasco en 1984. En su resolución, el máximo tribunal consideró que ese hecho ya prescribió para la legislación argentina, y, pese a ser un acto de terrorismo, no puede ser considerado un delito de “lesa humanidad”. Frente a esta decisión, el gobierno español expresó que “no comparte en absoluto los criterios de ese fallo”.
La extradición de Lariz Iriondo fue solicitada a la Argentina por el juez español Baltazar Garzón, y en una primera instancia fue denegada en junio pasado por el juez federal Claudio Bonadío. Luego el caso llegó a la Corte, a partir de que el ex fiscal Eduardo Freiler apeló ese fallo.
El presunto ex etarra está acusado de haber participado el 9 de octubre de 1984 en un ataque terrorista en el que resultaron heridos varios agentes de la policía. Ese delito está tipificado en España como “asesinato frustrado”, una figura equivalente a la tentativa de homicidio en la legislación argentina. Durante el juicio en su contra, Lariz Iriondo se declaró inocente y atribuyó el proceso en su contra a “una persecución” al pueblo vasco.
El fallo de la Corte ratificó la decisión de Bonadío y señaló que “la acción penal nacida de los hechos delictivos por los cuales se requirió a Lariz Iriondo se encuentra prescripta para la legislación argentina”. Los magistrados consideraron que “no existe un desarrollo progresivo suficiente en el derecho internacional que permita concluir que todos y cada uno de los actos que pasan a ser calificados como actos de terrorismo puedan reputarse como delitos de lesa humanidad”.
Desde la embajada española en Buenos Aires expresaron el descontento del gobierno de Rodríguez Zapatero con esta resolución, y si bien dejaron en claro que respetan “la decisión del Poder Judicial argentino”, señalaron que “esperamos por parte del gobierno una decisión conforme a sus declaraciones con España, de compromiso en la lucha contra el terrorismo”.

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