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Fernando de la Rúa deberá dar explicaciones sobre el pago de coimas a los senadores durante su gobierno. El juez federal Daniel Rafecas procesó ayer por este hecho al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, a los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda y al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien reveló los detalles de la maniobra de entrega de los sobornos. El magistrado consideró que constituiría un “grosero incumplimiento” de sus funciones no avanzar en la cadena de responsabilidades, por eso anunció la citación a indagatoria del ex presidente.
Rafecas sintetizó en su escrito la necesidad de convocar a De la Rúa en base a una figura: si se parte de una base triangular en la que figuran el jefe de la SIDE (De Santibañes), el ministro de Trabajo (Flamarique) y el presidente provisional del Senado (Genoud), la persona que está justo por encima de todos ellos, en “el vértice de esa pirámide del poder político”, es el presidente de la Nación.
La fecha en que De la Rúa deberá presentarse para declarar como sospechoso aún no fue fijada. Antes, el juez quiere reconstruir una reunión que, según dijo Pontaquarto, se realizó en Casa de Gobierno para hablar de la Ley de Reforma Laboral. En ese encuentro, del que habrían participado, entre otros, Alasino, Tell y Genoud, De la Rúa habría dicho que “las otras cosas” que necesitaba el justicialismo para votar a favor de la norma debían arreglarse con De Santibañes.
Todos los involucrados fueron procesados por el delito de cohecho (activo para los que pagaron, pasivo para los que cobraron). Los ex senadores deben afrontar, además, cargos por encubrimiento y el ex jefe de la SIDE –el más complicado– por malversación de caudales públicos. Por ahora siguen en libertad, pero en caso de ser sometidos a juicio, las condenas podrían llegar hasta seis años por las coimas. De Santibañes estaría en condiciones de recibir diez. Los bienes de los acusados fueron embargados por sumas que van desde los 100 mil pesos (Pontaquarto) hasta los siete millones (el ex señor cinco).
En un fallo de más de mil fojas, además de los procesamientos y el llamado a indagatoria del ex presidente, Rafecas tomó otras decisiones:
- Denunció que la defensa del ex jefe de la SIDE presentó un informe fraguado sobre las llamadas telefónicas del celular de Pontaquarto. Según señaló, la maniobra consistió en tratar de ubicar al “arrepentido” lejos de la zona donde había asegurado estar. De acuerdo con la falsa pericia, por ejemplo, cuando dijo que estaba en el Congreso entregándole una parte de la coima de Genoud, se encontraba en la zona del hipódromo de Palermo. Lo mismo ocurría con todos los momentos clave en el relato del ex secretario parlamentario. Este documento fue el principal argumento de la defensa del ex jefe de los espías. Pero los investigadores del juzgado detectaron que no concordaba con el material aportado por las empresas telefónicas que figura en el expediente. “Se operó dolosamente sobre la prueba indubitable e irrefutable de la causa con el claro objetivo de mejorar la situación de los aquí co-imputados”, aseguró el juez.
- Pidió que el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, a través del procurador del Tesoro inicie una demanda civil para reclamar la restitución de la plata que le fue “sustraída ilegalmente al erario público”.
- Reiteró la demanda a los legisladores para que se deroguen las leyes y decretos secretos que permiten el desvío de fondos. La medida ya tiene medida sanción en el Senado.
- Mantuvo la falta de mérito para el ex senador Angel Pardo y sobreseyó a Ramón “Palito” Ortega, Eduardo Bauzá, Javier Meneghini, Raúl Alfredo Galván y Alcides Humberto López.

Las pruebas

Rafecas dio por probado que en abril de 2000 el gobierno de la Alianza utilizó cinco millones de pesos/dólares provenientes de la SIDE para pagar coimas a varios senadores para que aprobaran la Ley de Reforma Laboral. “La salida ilícita de estos caudales malversados –sostuvo– fue justificada con el devenir de los meses posteriores a través de simples actas rubricadas por De Santibañes por una larga cadena de supuestas operaciones especiales y otros rubros no auditables, y fue luego cubierta merced a un fuerte refuerzo presupuestario que recibió la SIDE de 30 millones a través de un decreto secreto”, concluyó.
El juez consideró verdadera la confesión de Pontaquarto, quien en sucesivas declaraciones describió cómo el 18 de abril de 2000 retiró de la central de los espías la plata que repartió una semana después. 4 millones 300 mil pesos fueron entregados al entonces senador Cantarero en su departamento el 26 de abril por la noche, poco después de que se aprobara la ley de flexibilización laboral. Los otros 700 mil los recibió al día siguiente Genoud en su despacho del Congreso.
La Cámara Federal había desconfiado del “arrepentido” y por eso anuló los procesamientos que el juez Rodolfo Canicoba Corral había dictado en enero de 2004 contra Genoud, Cantarero, De Santibañes y Pontaquarto. Rafecas renovó la confianza en el ex secretario parlamentario y, además, corroboró su relato por medios independientes. Pericias contables de la SIDE, inspecciones oculares y nuevos testimonios son parte de las pruebas. Pero, tal como informó ayer Página/12, los investigadores les dan una importancia central a los informes de las comunicaciones telefónicas, documentos que el ex señor cinco quiso adulterar.
Esos análisis, que permiten saber quién, a qué hora y desde dónde hizo o recibió una llamada, confirman todo el testimonio del “arrepentido”. De allí surge también que Costanzo, Alasino, Branda y Tell estuvieron en el departamento de Cantarero la noche del 26 de abril, después de que Pontaquarto entregara el dinero. (“Ahora vienen los muchachos”, le había anunciado el entonces senador.)
El juez señaló que este tipo de información, antes de ser utilizada como prueba, es “ciega e inocua”. “Este punto de partida -.mencionó– me hace recordar en la tragedia de Sófocles Edipo Rey la combinación entre Tiresias y aquel anónimo pastor de ovejas, criado de Layo, quienes en definitiva, pese a su ceguera (el primero) y a su aparente inocuidad (el segundo), se convirtieron en los testigos fundamentales que, en aquel otro juicio, hizo caer en desgracia a toda una casta real, allí en la Tebas precristiana (...) La solución, tanto en Tebas como en Argentina, no debería ser otra: asumir la verdad de lo que se nos ha revelado, aunque ello nos lleve a reconocer nuestra propia degradación, como Estado y como clase dirigente, hasta lo insoportable.”