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Los trabajadores del Garrahan decidieron hacer una tregua hasta el martes en las medidas de fuerza que llevan adelante por un aumento salarial. “Esperamos que en este fin de semana largo aparezca una propuesta”, dijeron al término de la asamblea realizada en el hall del hospital, donde unas 700 personas discutieron cómo seguirán con el conflicto. Mientras anunciaban esta decisión, el Consejo de Administración ratificó que apelará el fallo judicial que frenó los despidos. El Gobierno respaldó a las autoridades del Garrahan y mantuvo una posición de dureza: no habrá oferta mejor que la rechazada la semana pasada, insistieron en el Gabinete.
La asamblea de trabajadores se hizo en la sala donde los enfermeros, técnicos y maestranzas se reúnen durante las horas de paro. Además del personal y la comisión interna, estuvieron presentes los dirigentes de ATE nacional.
“No queremos seguir con el plan de lucha, queremos trabajar”, señaló Gustavo Lerer, el delegado que ha actuado como principal portavoz del conflicto. Por su parte, el titular de ATE, Pablo Michelli, consideró que la decisión tomada “es un gesto de los trabajadores” y reiteró que el gremio no va a aceptar que se avance con los despidos.
Durante el debate, los trabajadores ratificaron que quieren un sueldo básico equivalente a la canasta familiar, fijada por el Indec en 1800 pesos. “La mayoría de las enfermeras somos mujeres a cargo de la familia. Yo trabajo unas 14 horas por día; gano entre 1500 y 1600 pesos, según las extras que consiga. Y es difícil mantener la familia con 1500 pesos. Nuestro problema es la cantidad de horas extra que tenemos que hacer para que el sueldo alcance”, dijo a Página/12 Adriana Agüero, integrante de la comisión interna. Agüero vive con un nieto y dos de sus hijos, “mi hija mayor, que está desocupada, y un varón que trabaja armando y desarmando stands. Todo son gastos, el nene empezó la escuela. El tercero de mis chicos, que ya está grande, vive solo pero tampoco tiene empleo; cobra un Jefes de Hogar, así que necesita ayuda. Esto que me pasa a mí no es distinto de lo que les pasa a los demás. Entonces, cada mes tengo que calcular cuántas horas extra debo conseguir para el siguiente y arreglarme con mis compañeras que también necesitan horas, porque si uno acapara todo perjudica al de al lado”.
Los enfermeros conforman el núcleo duro de la huelga, sobre todo por su cantidad: son cerca de 600 personas sobre un plantel total del hospital de 2500. Según los datos brindados por el gremio, cobran un básico de 693 pesos, que con complementos y horas extra llega a un salario de bolsillo promedio de 1500.
Ellos sostienen la oposición a la propuesta salarial de la semana pasada, de un incremento del 20 por ciento. El problema, dijo Adriana Agüero, “es el modo en que se quiere repartir los fondos. Porque un profesional con un cargo jerárquico se llevaría mil pesos de aumento, sin haber hecho ninguna medida de fuerza, mientras que a mí me darían 120 pesos. Yo no tengo problemas en que los otros ganen bien, pero los profesionales tienen asegurada la canasta básica y les dan una gran mejora mientras a nosotras, que no alcanzamos a cubrir los gastos para vivir, nos tocaría algo que no nos resuelve el problema”.
En los relatos de los que están en paro la queja por las diferencias económicas se mezclan con otras por la falta de reconocimiento laboral. Además del dinero, en la asamblea se expresa un reclamo para que “se vea” el trabajo que queda eclipsado por el rol, siempre más brillante, de los profesionales. Quien recorra los pasillos del Garrahan escuchará no pocos planteos de este tipo. La presión que se ve en el conflicto está fuertemente cruzada por las dos cosas: se habla del aumento de los sueldos casi con la misma intensidad con que se pide “ser valorado” en lo que se hace. El abogado del Consejo de Administración, Enrique Cárrega, confirmó que el hospital va a apelar el fallo que frenó los despidos. Cárrega consideró que la decisión de la jueza Silvia Sayago es “un mensaje para el desgobierno total”. La decisión de seguir adelante con las sanciones fue respaldada desde la Casa Rosada (ver aparte), donde ayer el discurso público fue que no habrá una nueva oferta.
En el Gobierno opinan que la lógica del conflicto está “fuera de cauce”. Entre los funcionarios hay preocupación por los reclamos en cadena que podría desencadenar un acuerdo que mostrara como ganadores a los huelguistas luego de un paro que ha tenido tanta cobertura mediática. Pero hay todavía abiertos algunos canales de negociación informales, y habrá que ver si aparece alguna novedad que destrabe las cosas.
Mientras tanto, en la impasse que se abre de aquí al martes, el personal en conflicto hará algunas actividades, como un festival el domingo junto a otras comisiones gremiales, organizaciones piqueteras y partidos de izquierda.
El festival, que tiene como excusa el Día del Niño, busca responder en parte al tratamiento que la mayoría de los multimedios ha dado al paro, mostrando a los huelguistas como a sujetos que juegan con la vida de los chicos. El miércoles, Canal 9 contó el caso de un niño que necesitaba un trasplante hepático y, según su cronista, no había podido ser operado a causa de la huelga. Las autoridades del hospital tuvieron que salir a aclarar, en un comunicado de prensa, que la postergación se había debido a un problema en la salud del paciente y no al paro.
Aunque hay negociaciones informales, es difícil saber si durante la tregua del fin de semana largo aparecerá algo que cambie la situación. En el Ministerio de Trabajo dicen que no van a negociar con la presión de los paros y es muy posible que si para el martes no se llega a un acuerdo la asamblea decida otra medida de fuerza de 72 horas. Si eso sucede, otra vez pasará a primer plano la cuestión judicial. En un hospital de niños ninguna resolución apelaría al uso de la fuerza ni a un desalojo de los que mantienen el paro. Pero la opción de las sanciones, argumentadas en el incumplimiento de las guardias mínimas, es una posibilidad que no ha sido descartada.