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El juez federal de Paso de los Libres, Juan Angel Oliva, procesó y ordenó la detención de cinco militares retirados implicados en la denuncia sobre secuestros, torturas y desapariciones en el centro clandestino de detención La Polaca, que funcionó en la fronteriza ciudad correntina durante los años ’80 y por el que habrían pasado cerca de 300 prisioneros. La imputación del magistrado –que fue ratificado por la Cámara Federal de Corrientes– a los tres coroneles, un teniente y un sargento del Ejército es por “asociación ilícita y privación ilegal de libertad agravada”. Por su supuesta participación en parte de esos mismos hechos, el Gobierno relevó al ex jefe de la Gendarmería Pedro Pasteris, quien deberá presentarse a indagatoria el 28 de este mes. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también se constituiría en querellante.
Los militares con pedido de captura son los ex coroneles Francisco Javier Molina Antonio, Antonio Herminio Simón y Jorge Félix Riú, el teniente Héctor Mario Filippo y el sargento Ricardo Fernández. Los tres primeros están acusados de ser los “jefes de la asociación ilícita” que cometió los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada”. Mientras que los dos restantes fueron procesados como “miembros” de la misma organización ilegal.
Todos –según la acusación– formaron parte del sistema represivo que funcionaba en La Polaca, una estancia de 40 hectáreas ubicada a pocos kilómetros del puente que une Paso de los Libres con la brasileña Uruguayana. Allí habrían sido llevados los militantes montoneros secuestrados en el paso internacional cuando intentaban regresar al país para “combatir” a la dictadura.
La orden de captura fue librada a la Gendarmería, que busca a dos de los coroneles en la ciudad de Buenos Aires, ya que Simón está detenido por orden del juzgado federal porteño Nº 4 –a cargo del juez Ariel Lijo– en la causa conocida como la “contraofensiva”, que también investiga el secuestro y la desaparición de militantes montoneros en distintos pasos fronterizos del país. En tanto que el último domicilio legal de Filippo es en la ciudad de Córdoba y el de Fernández en Misiones.
Los acusados ya habían prestado declaración indagatoria hace tres meses y habían quedado seriamente comprometidos. Una pericia caligráfica determinó que Filippo –que negó el conocimiento de La Polaca– era quien pactaba todas las condiciones del comodato que el dueño de la estancia, Arturo Bompland, realizó con el Ejército. Los demás –según los testimonios– habían sido señalados como los “responsables del destacamento de inteligencia 123 de Paso de los Libres que participaba de los operativos ilegales junto a miembros del Batallón 601 del Ejército”.
La causa que lleva adelante Oliva investiga la desaparición de tres militantes montoneros en el paso internacional durante junio del ’80: Lorenzo David Viñas, el sacerdote tercermundista Jorge Adur y Carlos Marcón. Pero la investigación se aceleró después de que el ex servicio de inteligencia Carlos Waern reveló públicamente –en una entrevista periodística– el funcionamiento de La Polaca, del que fue uno de sus guardias, y el “convenio” entre el Ejército y la Gendarmería, que cedía a la fuerza de seguridad los operativos de detención sobre el puente después de que los “servicios” obligaban a otros secuestrados a “marcar” a sus compañeros.
Aunque Waern se negó a declarar ante la Justicia, el hallazgo de un informe escrito de puño y letra por el propio ex agente de inteligencia –peritado por expertos calígrafos de la Corte Suprema– dio credibilidad a sus revelaciones periodísticas. Waern se lo había vendido a un estudiante porteño de antropología para su tesis. Waern recusó al juez por “imparcialidad” (Oliva tiene un hermano y su cuñada desaparecidos), pero la Cámara Federal de Corrientes lo ratificó al frente de la causa. La confirmación de las fechas de las desapariciones de Viñas, Adur y Marcón también comprometió seriamente al ex jefe de la Gendarmería Pedro Pasteris, que en enero del ’80 –según su propio legajo publicado en la página web de la fuerza– se hizo cargo de la jefatura del destacamento ubicado sobre el puente Paso de los Libres-Uruguayana. La información motivó que el presidente Néstor Kirchner relevara rápidamente al gendarme, a quien Oliva llamó a declaración indagatoria para el 28 de este mes. Una situación que, tras la calificación judicial de los delitos, pondría a Pasteris al borde de la cárcel, aunque Oliva todavía no cuenta con el informe oficial pedido a la Gendarmería para confirmar quiénes fueron “todos” los jefes de esa fuerza que estuvieron a cargo del paso internacional durante toda la dictadura. Para esa misma fecha, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, tiene previsto viajar a la ciudad correntina para pedirle al magistrado la incorporación como parte de la querella.