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Los pasillos de Tribunales volverán a contar con las visitas de alguien a quien ya estaban comenzando a añorar. El ex intendente Carlos Grosso fue citado a declaración indagatoria en la causa de la escuela-shopping, que investiga la cesión irregular de la planta baja de un colegio para la construcción de unos locales comerciales concretada durante su gestión. El caso fue reabierto hace cinco meses por la Cámara Federal, que revocó el sobreseimiento dictado a favor del ex intendente y ordenó a la Justicia que lo siga investigando por posible malversación de caudales públicos. Junto al ex funcionario menemista también serán indagados los concejales que en ese entonces aprobaron la medida y los comerciantes beneficiados con la decisión.
Luego de transitar durante seis años por distintos juzgados de instrucción, la causa había sido cerrada el año pasado por Jorge Ballestero, quien consideró que el delito de estafa que se le imputaba a Grosso había quedado prescripto. El panorama cambió a comienzos de este año, cuando, tras la apelación de la Procuración porteña y del fiscal Luis Comparatore, el expediente cayó en manos de la Cámara Federal. La decisión fue la de modificar la carátula por malversación de fondos. De esta forma, el tiempo de prescripción se extendía cuatro años más. El expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, que como primer paso ayer citó a Grosso para que responda en febrero por el negocio con la escuela ubicada en Once.
El caso estalló en 1991 a raíz de una denuncia efectuada por los entonces ediles Aníbal Ibarra y Guillermo Francos, sobre una ordenanza de Grosso en la que autorizaba a una empresa a convertir la planta baja de la Escuela Presidente Mitre en una galería comercial. A cambio, la firma refaccionaría la planta superior. Más allá del carácter injustificable de la medida, que ni siquiera respetaba el carácter histórico del edificio, el caso apareció sumergido en un conjunto de irregularidades que ahora deberá terminar de investigar la Justicia.
En primer lugar, la aprobación del proyecto, que el Concejo Deliberante concretó sin dictamen ni antecedentes, fue tan sólo unas horas después de la firma de Grosso. El negociado incluía la concesión de otro terreno municipal, un mercado de abastecimiento construido enfrente a la escuela, para la construcción de más locales. El precio a pagar era más que generoso. No sólo significaría la refacción del edificio y el canon mensual que pagarían los comerciantes de los locales. La empresa además retiraría una demanda que tenía contra la comuna por la suspensión de otra construcción en terrenos municipales.
Las investigaciones también involucran a los tres concejales encargados de la negociación con el entonces jefe porteño para que rubricara el proyecto. Se trata de Miguel Herschberg, Héctor Fernández y Tomás Bres, quienes –según comprobó la investigación judicial– aparecían vinculados a las dos empresas que se quedaron con parte de los comercios. Al igual que Grosso, los tres actualmente están siendo investigados. Además están imputados quienes figuraron como adquirentes de la esquina que se convirtió en shopping, Hugo Szeinbaum, Salomón Salem y Sofía Maraschi. Todos ellos fueron citados a declarar ante Lijo una vez que finalice la feria judicial. En caso de resultar condenados, la pena podría significarle a Grosso, como máximo, diez años de cárcel.