EL PAíS › PIDIERON LA INDAGATORIA DE MONETA POR LA CAIDA DEL MENDOZA Y EL REPUBLICA

“Al frente de una asociación ilícita”

El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de Moneta, de su tío y del ex presidente del Citibank por la caída de los bancos Mendoza y República. El fiscal le adjudicó al banquero preferido de Menem el rol de organizador de una asociación ilícita que perjudicó al Central.

 Por Susana Viau

El fiscal federal Gerardo Pollicita dio un inesperado impulso a la causa abierta por la caída de los bancos Mendoza y República, propiedad de Raúl Moneta, al solicitar la declaración indagatoria de éste, de su tío y socio Benito Jaime Lucini y de Carlos Fedrigotti, ex presidente del Citibank. Pollicita asegura que “existen elementos suficientes como para sospechar que un grupo de más de tres personas (Moneta, Lucini y Fedrigotti) ilícitamente asociadas afectaron los intereses patrimoniales del Banco Central de la República Argentina”. La investigación del escándalo financiero que llegó, incluso, al Senado de los Estados Unidos se encontraba freezada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Por esa razón, hace poco más de dos meses el Banco Central, en su calidad de querellante, había presentado ante la Sala I de la Cámara un recurso de queja por “retardo de justicia”. A esa inexplicable demora alude quizás el fiscal al sostener, al inicio de su escrito, que “una investigación no puede prolongarse ilimitadamente”, con el consecuente riesgo de que “el transcurso del tiempo impida a esta parte continuar impulsando la acción penal...” En buen romance, que el congelamiento a que está sometido el expediente derive en prescripción. El fiscal adjudica a quien fuera sindicado como “el banquero preferido de Carlos Menem” el rol de jefe de la asociación ilícita, en tanto su tío habría desempeñado el papel de organizador y Fedrigotti el de encubridor.
Pollicita realiza una minuciosa historia de las andanzas financieras de Moneta, las contextualiza y ubica el momento en que los negocios de la asociación iniciaron su despegue a principio de los ’90, o sea cuando el grupo Bunge & Born ocupó el Ministerio de Economía, produciéndose, en paralelo, la creación del CEI –Citicorp Equity Investments– y la constitución de la sociedad UFCO (United Finance Company), en las Islas Vírgenes. Su representante será el abogado Carlos Basílico, cuyo estudio comenzó a trabajar casi full time para el ex banquero y que, a mediados de los ’90, incluyó en su staff de jóvenes letrados a Marcelo Martínez Casas, yerno de Moneta.
A continuación, el fiscal caracteriza a las dos entidades cuyo hundimiento se investiga: el Banco República, dueño de una sola filial, con pocos depositantes pero por cifras más que significativas y el Mendoza, privatizado en beneficio del consorcio constituido por el Banco República (con el paquete accionario mayoritario) y Magna Inversora (un colectivo de empresarios mendocinos). Sostiene Pollicita, que “se puede advertir en las constancias de autos que el verdadero objetivo de su adquisición (del Banco Mendoza) fue financiar al Banco República y sus empresas vinculadas, lo cual terminó por provocar el vaciamiento y su consecuente caída”.

Mis ladrillos
Otro de los temas que el fiscal pone bajo la lupa es el del Edificio República, cuyo costo (terreno y construcción) fue de 44 millones de pesos dólares, pero que el Banco República transfirió a una de sus vinculadas (República Compañía de Inversiones) en 98 millones. La compra se efectuó mediante un crédito hipotecario sobre el edificio, otorgado por el propio Banco República por valor de 93 millones. Ese edificio sería entregado luego al Banco Central como parte de la cartera que avaló los cuantiosos redescuentos otorgados al Banco República por la máxima entidad monetaria. (Si bien el escrito no lo menciona, Página/12 ha podido saber que Moneta mantiene aún con el BCRA una deuda de varias decenas de millones. No se sabe bien por qué la propiedad no ha sido aún ejecutada. El pedido de ejecución se encuentra también paralizado en el juzgado civil 33, a cargo de Horacio Alejandro Liberti. Respecto del Edificio República, cabe agregar otro episodio curioso: Telefónica alquiló siete pisos del inmueble durante siete años, más el emplazamiento del cartel móvil, por 49 millones de pesos dólares, pagado todo por adelantado. Eso ocurrió en 1996, el año del rebalanceo telefónico).
El cuadro de situación que describe el escrito y revela la trama financiera tejida entre el Banco República y el Banco Mendoza se completa con la definición del rol jugado por el Federal Bank, una entidad offshore, inscripta en Bahamas, designada como banco pero que nunca fue más que una casilla postal compartida, para mayores datos, con la offshore del Banco Mayo. La costumbre y la confianza hicieron que el representante del federal Bank fuera, también en este caso, el abogado Carlos “Lalo” Basílico. Un pedido del Federal Bank para abrir una sucursal en Buenos Aires fue denegada por el BCRA puesto que, de acuerdo a los informes realizados por los inspectores del BCRA, la localización del Federal Bank, un paraíso fiscal, libre de controles en lo relativo al lavado de dinero procedente de actividades ilícitas, sobre todo del narcotráfico. ¿Cuál era el lugar clave que ocupaba el Federal Bank en el esquema operativo de esta que el fiscal considera una asociación ilícita? Nada menos que funcionar como uno de los lados del triángulo constituido asimismo por el Banco República y el Citibank, un triángulo por el que en unos pocos años fluyeron, se asegura, unos diez mil millones de dólares. Moneta negó a pie juntillas su relación accionaria con el Federal Bank. La insistencia del gerente de jurídicos del BCRA, Marcos Moiseeff logró que el Banco Central de Bahamas admitiera, ahora por escrito, que los titulares del Federal Bank eran Moneta, su padre (hoy fallecido) Raúl Adolfo Moneta, su tío Benito Lucini, su primo Pablo Lucini y un socio de siempre, Jorge Enrique Rivarola.
Pollicita entiende que la iliquidez que determinó la caída del Mendoza y el República –y Moneta adjudicó a versiones difundidas por la prensa–, fue en verdad producto de retiros efectuados hacia el Federal Bank, vía Citibank de Nueva York por otras empresas offshore vinculadas a los Moneta-Lucini. En esa dinámica, el República vampirizó al Mendoza, exigiéndole una constante asistencia financiera. Pocos días antes de que los dos bancos cerraran sus puertas, el Banco Central otorgó redescuentos al República por más de 82 millones de pesos dólares, que todavía no han sido saldados en su totalidad.
Los cargos (multas) por infracción a las relaciones técnicas también se vieron alterados por el ocultamiento de las relaciones del República con el Federal Bank y otras sociedades offshore. Según el fiscal, la estructura financiera armada por el llamado Grupo Moneta constituía, en realidad, “una asociación ilícita ya que el mismo fue conformado con el objeto de cometer ilícitos”. Respecto de Raúl Moneta, el fiscal entiende que su participación en esta asociación ilícita “aparece necesaria y preponderante” ya que “disponía del manejo de todas las operatorias a través de distintas personas que respondían jerárquicamente a él”.
Por lo tanto, para Pollicita se encuentran reunidos los requisitos que exige el tipo penal para considerarlo jefe de esa asociación ilegal. Sobre Benito Jaime Lucini, expresa, “existen acabados indicios de que detentaba un rol de organizador (...) ya que a su carácter de presidente y accionista del Banco República SA se debe sumar que actuó desde la etapa fundacional de su estructura”. El texto solicita que sean llamados a prestar declaración indagatoria, además de Moneta, Lucini y Fedrigotti, los directores del República Pablo Juan Lucini, Rivarola, Juan Carlos Bietti, Carlos Alejandro Molina y Eduardo Lede; los gerentes Juan José Ezama y Roberto Feijóo y los síndicos Alberto Bande y Juan Carlos Yemma.
Dado que el BCRA ha elevado un recurso de queja por “retardo de justicia” por parte de Canicoba Corral, la Sala I de la Cámara Federal deberá indicarle al juez Canicoba Corral que acelere las actuaciones o, en caso contrario, podrán ser los mismos camaristas quienes determinen si corresponde o no dar curso al pedido del fiscal.

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