Con la mira puesta ya en el próximo 10 de marzo, día en que darán a conocer su veredicto, los miembros de la Sala Juzgadora de la Legislatura celebraron ayer una nueva audiencia del juicio político a Aníbal Ibarra. Los que declararon esta vez fueron testigos propuestos por la defensa del jefe de Gobierno, como la subsecretaria de Derechos Humanos, Gabriela Alegre, quien defendió la forma en que se actuó con posterioridad a la tragedia de República Cromañón y precisó que la comuna paga todos los meses más de 1800 subsidios de 600 a 1200 pesos a familiares y damnificados por el incendio del boliche de Once. El emergentólogo Luis Neira y el jefe de Urgencias del Hospital de Clínicas la noche del desastre, Luis Sarotto, avalaron el desempeño del SAME.

La declaración de Alegre tuvo algunos tramos cargados de tensión por la reacción de los padres que, liderados por José Iglesias, siguieron sus palabras desde el palco que les fue asignado en el recinto de la Legislatura. “Nunca actué a título personal: siempre estuve en una dependencia del Gobierno y acompañada por funcionarios de la Ciudad”, sostuvo Alegre, quien fue silbada en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando relató que “Ibarra mantuvo reuniones con familiares de Cromañón y aunque yo sé que no le gusta que esto se haga público, personalmente asistí a unos 150 encuentros”.

Aunque no explicó el motivo, Iglesias anticipó que hoy presentará una denuncia por “falso testimonio” contra Alegre. La funcionaria aseguró en su declaración que la noche de la tragedia, Iglesias “empujó a un policía para entrar al CGP 2 Sur”. Desde las gradas la acompañaron algunas Madres de Plaza de Mayo y dirigentes de diversos organismos de derechos humanos.

Alegre contó también que la subsecretaría a su cargo “brindó asistencia psicológica a familiares y víctimas y entregó subsidios a familiares de víctimas y sobrevivientes”. Precisó al respecto que se otorgaron mensualmente 1200 pesos a familiares de 179 víctimas fatales y 600 pesos a 1680 afectados por el incendio de Cromañón.

La nueva ronda de testimonios fue abierta por Sarotto, quien estuvo al frente del operativo que montó el Hospital de Clínicas la noche de la tragedia. “Tuvimos una tasa de supervivencia del 74,5 por ciento, más alta que la media mundial”, comentó acerca del desempeño de esa centro asistencial y consideró que no habría sido determinante una clasificación de los pacientes según su estado en el mismo lugar del incendio. “No tenía sentido: los cuadros variaban según la característica y la gravedad que revestía cada paciente y según la evolución.”

Lo mismo dijo Neira en su declaración. Se trata de un miembro de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía en Trauma y ex director del desaparecido Cipec (antecesor del SAME), quien expresó que frente a una catástrofe de magnitud “no se puede perder tiempo: el concepto básico es lo mejor para la mayoría”. Neira aprobó que la primera medida que tomaron los paramédicos del SAME haya sido colocar máscaras de oxígeno a los pacientes: “Eso es el ABC, que las vías aéreas estén permeables y la oxigenación. En casos masivos como éste, por entubar a una persona puedo perder a diez”. También aclaró que “una cosa es lo que está planificado, y otra lo que se puede hacer en el lugar”, como así también que “el riesgo cero no existe” y que en la ciudad “cualquier hospital está en condiciones de recibir pacientes con patologías respiratorias”.

También prestó su testimonio el fiscal en lo Contravencional y Faltas Luis Cevasco. Según manifestó, en Once “era complejo el tema de la venta ambulante” pero “no había indicios de problemas” en los boliches. Al cierre de esta edición, el director del Cementerio de Chacarita, Ernesto González, explicaba cómo se actuó allí tras la tragedia.