El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, visitará hoy el Congreso para exponer su informe bimestral ante los diputados, tal como lo establece la Constitución. La audiencia comenzará a las 11. Lo espera un largo cuestionario sobre jubilaciones, alquileres, crisis energética y el demorado plan para sanear el Riachuelo. Con mayor participación del ARI, PRO y la UCR, los legisladores enviaron a la Jefatura de Gabinete un listado de 500 preguntas. Fernández responderá algunas por escrito y otras las resumirá desde el micrófono durante su exposición en el recinto. El principal interés de los diputados será pedir precisiones sobre cómo administrará el Ejecutivo los recursos presupuestarios del 2007. No es un detalle menor que se trata de un año electoral. En la oposición prevén que el Gobierno intentará obtener fondos extras para obras públicas y asistencia social.

Cuando tengan al jefe de Gabinete frente a frente, los diputados aprovecharán para reclamar sobre la utilización de las facultades especiales para reasignar partidas que el Congreso le otorgó al Ejecutivo. En la Rosada ayer confiaron que Fernández pondrá el acento en el uso “austero” que, según su visión, el Ejecutivo está haciendo de esos poderes. Entre otras cosas, el jefe de Gabinete recordará que la primera medida que tomó tras la concesión de facultades especiales fue la redistribución de una partida del presupuesto en beneficio de las universidades públicas. Aquella medida, por cierto, fue muy estudiada: buscaba impactar positivamente sobre las clases medias.

En su larga rendición de cuentas, Fernández hablará también de las retenciones en lácteos y quesos; lo mismo hará con la política de Medio Ambiente, un área que supuestamente fue revalorizada y quedó bajo su órbita tras la designación de la ex abogada de la asamblea de Gualeguaychú, Romina Picolotti, al frente de la secretaría. Otro tema obligado de la exposición del jefe de Gabinete será el fallo de la Corte Suprema de Justicia que conminó al Ejecutivo a reestablecer la movilidad de las jubilaciones. Aunque la acordada de la Corte no estableció un plazo determinado, los legisladores igualmente preguntarán en cuánto tiempo piensa el Gobierno cumplir con la requisitoria.