EL PAIS › USOS Y ABUSOS DEL CASO GEREZ

Muy simPátticos

Un dirigente del duhaldismo residual junto con el orador de Plaza San Martín que reclamó una amnistía por los crímenes de la dictadura intentan utilizar el caso Gerez como ariete contra el gobierno. Ninguna de las dos líneas investigativas ha dado resultados contundentes y en ambas hay contradicciones hasta ahora inexplicadas. Limpieza en el ministerio de Economía a raíz de un nuevo caso Meller.

 Por Horacio Verbitsky

La reaparición con vida de Luis Gerez no impide la utilización de su secuestro como instrumento para presionar en favor de una nueva ley de amnistía que interrumpa los juicios contra funcionarios de la última dictadura. Los organizadores del acto del 24 de mayo en Plaza San Martín reclutan para ello a sectores del duhaldismo residual, alarmados por la orden de detención contra la ex presidente María Estela Martínez de Perón en la causa por los crímenes de la Triple A. El miércoles de esta semana el dirigente justicialista de Berisso Gabriel Adrián Miraz denunció ante el juez federal Gabriel Faggionato Márquez que funcionarios del gobierno nacional habrían utilizado el secuestro de Gerez en beneficio político del presidente Néstor Kirchner. La presentación es un pastiche de conjeturas y citas de artículos periodísticos de los medios que instalaron la sospecha sobre la víctima y carece de cualquier dato que la sustente. La patrocina el abogado José María Sacheri, integrante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sacheri fue el orador que con más énfasis solicitó una ley de amnistía en su discurso en la Plaza San Martín. Miraz participó del acto y luego hizo llegar su felicitación al grupo Memoria Completa, que lo reprodujo. Mientras, ni la línea de investigación sugerida por el ex subcomisario Luis Patti y que impulsa la Procuradora General María del Carmen Falbo, centrada en el propio Gerez, su mujer y sus amigos, ni la que sigue el ministerio de Seguridad a cargo de Carlos Arslanian, que enfoca a sectores de la policía de Escobar vinculados con Patti, han producido resultados contundentes.

Los 50 de Berisso

Miraz dirige un minúsculo sindicato docente, UDOCBA. Su pomposa denominación (Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires) oculta que sólo obtuvo la personería gremial en Berisso por la rama de adultos, con apenas 50 afiliados. El grupo se separó de SUTEBA cuando su conducción, la lista Celeste, entonces encabezada por Mary Sánchez, decidió separarse del Consejo Directivo de la CGT y participar en la construcción del entonces Congreso y ahora Central de los Trabajadores Argentinos, CTA. Miraz armó una agrupación Azul, en defensa de la permanencia en la CGT. Derrotado por la decisión mayoritaria de los docentes, en 1995 abandonó SUTEBA y formó su sindicato de fantasía con el que apoyó la reforma educativa del entonces gobernador Eduardo Duhalde. Gracias a un acuerdo con UPCN consiguió que se le asignara un código de descuento. Nunca pasó de ser una planta saprófita adherida al generoso tronco de la Dirección General de Escuelas de Buenos Aires. En julio de 2005, cuando la senadora CFK enfrentó al duhaldismo, Miraz se alineó en Berisso con la línea del ex intentente Néstor Juzwa y su esposa, la diputada provincial Elsa Lara de Juzwa, en apoyo de las candidaturas de Hilda González de Duhalde, José María Díaz Bancalari y el subcomisario Patti. En su denuncia ante Faggionato Márquez, Miraz invoca su carácter de Consejero Escolar y de Secretario de Relaciones del Partido Justicialista de Berisso y solicita que se investigue “la comisión de los delitos de instigación a la privación ilegal de la libertad, falso testimonio y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público que posiblemente habrían cometido funcionarios nacionales”. En el escrito patrocinado por Sacheri, Miraz se presenta como un simple argentino al que le interesa el bien del país y no le gustan los enjuagues o maniobras que “buscan sorprender a la ciudadanía y engañarla con patrañas”. Califica como “fantasmas” a los “militares y paramilitares” señalados como responsables y cita artículos publicados en el diario La Nación y los semanarios Noticias y Perfil, en los que se acusa al gobierno de procurar réditos políticos del secuestro y aparición de Gerez. La confusa presentación afirma que el secuestro “ocurrió realmente”, pero sostiene que “hay numerosos funcionarios interesados en que se investigue a Luis Patti”, por lo que Gerez debería ser citado por el juez federal. “Aunque desconozca quien lo privó de su libertad, ello no implica que desconozca quien o quienes pueden ser los beneficiarios de tal proceder delictual”, sostienen, sin mayor preocupación por la congruencia.

Ni sexo ni justicia

En 2004, cuando el gobierno provincial propuso una nueva reforma educativa Miraz fue uno de los gremialistas que participaron en una reunión de cuestionamiento convocada por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. La UDOCBA de Miraz integra una Confederación de Trabajadores de la Educación (CONTEDUC) junto con otros grupos, como el sindicato de docentes privados (SADOP), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y el sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación SOEME). Aguer expresó su disidencia con la Ley de Salud Reproductiva y la enseñanza de educación sexual que, según el prelado “ataca la libertad de enseñanza”. Miraz también cuestionó el aumento de días de clases.

El 24 de mayo pasado, en el acto de la Plaza San Martín, el abogado Sacheri pidió al Gobierno que envíe al Congreso “la más amplia ley de amnistía general y concordia”. Ésa es la línea que sigue también la asociación de “Familiares y Amigos de los Presos Políticos”, que dirige la señora Cecilia Pando de Mercado. La señora de Mercado, quien asesora al bloque legislativo que responde a Patti, presentó esa propuesta al secretario de derechos humanos Eduardo Luis Duhalde, en una audiencia a la que acudió en compañía de otra señora. Cuando un asesor de Duhalde pidió que se identificara, resultó ser la esposa del capitán de la Marina Adolfo Donda Tigel, detenido en la causa por los crímenes cometidos en la ESMA. Donda estaba detenido en el apostadero naval de Río Santiago y era visitado con asiduidad por otros marinos y militares que trabajaban con él en las agencias de seguridad que el ex ministro Domingo Cavallo denunció como pertenecientes al papimafi Alfredo Yabrán. Luego del secuestro de Gerez fue trasladado al escuadrón de seguridad de la jefatura de Estado Mayor de la Armada. Entre las adhesiones al acto del 24 de mayo se leyó una de Miraz, quien se identificó como consejero escolar de Berisso. A la semana siguiente, Miraz envió un nuevo mensaje a los organizadores. “Gracias por esclarecer que en nuestro país hubo una guerra que no iniciaron las FF.AA. sino la guerrilla marxista-leninista. Cuando participé del Acto en Plaza San Martín sentí que se volvía a escribir una nueva historia en nuestra Patria, la que siempre tendría que haber sido explicada Y no cambiada. Sigan así y cuenten con mi apoyo, ojalá pronto tengamos un acto mejor del que tuvimos. Un abrazo y VIVA LA PATRIA Y NUESTRAS FF.AA y FF.SS”, decía, con las características mayúsculas de su etnia.

De Tortolo a Bergoglio

En su discurso de la Plaza San Martín, Sacheri también dijo que “hemos sido bañados con la sangre tibia de nuestros padres” por lo que serían “salvando las infinitas distancias, como el Cordero sacrificial, con que Cristo, aun para los no creyentes, se inmoló por la humanidad”. En su caso no se trata de una metáfora. Tenía 14 años el 22 de diciembre de 1974, cuando su padre, el filósofo integrista Carlos Alberto Sacheri, quien dirigía la edición argentina de Verbo, la revista de Cité Catholique, fue ametrallado en su presencia y la de sus seis hermanos menores por un comando que primero se atribuyó a la Triple A y luego al ERP-22. Uno de sus libros había sido prologado por el presidente de la Conferencia Episcopal y vicario general castrense, Adolfo Tortolo, y entre sus amistades estaba el entonces general Jorge Videla. Luego de objetar lo que llamó “designios políticos del conflicto, revancha y venganza”, su hijo citó en la Plaza San Martín el discurso pronunciado por el ex presidente Juan Domingo Perón tras el ataque al Regimiento de Azul, en 1974, cuando sostuvo que “aniquilar cuanto antes ese terrorismo criminal es una tarea que compromete a todos los que anhelamos una Patria justa, libre y soberana”. En el acto también se leyó un mensaje sobre el “espíritu de reconciliación” del actual presidente del Episcopado, cardenal Jorge Bergoglio. Sacheri reiteró su pedido en una concentración menor en la misma Plaza, el 5 de octubre. Allí se alzaron pancartas con la foto del ex secretario general de la CGT, José Rucci, abatido por un grupo de Montoneros un año antes que el padre de Sacheri.

El 29 de septiembre, Miraz había convocado en la sede de UDOCBA en Berisso a un acto de homenaje a Rucci y a las “víctimas del terrorismo, con la intención de que la memoria argentina no sea hemipléjica”. Junto con Miraz convocaron las entidades de Sacheri y Pando y AUNAR (Asociación Unidad Argentina). AUNAR fue creada por el ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976 y último jefe de policía bonaerense durante la dictadura militar, general Fernando Verplaetsen, quien en 1983 asumió la responsabilidad por la ejecución a sangre fría de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, cuyo autor material fue Patti. “Los derechos humanos son de todos y no de un grupo”, dijo ese día Miraz, para quien “no tiene sentido abrir heridas del pasado”, porque “la gran mayoría de la población ya ha dejado atrás aquella etapa y lo que busca es prosperidad, seguridad, salud y educación. El mismo argumento utilizó Díaz Bancalari, presidente del justicialismo bonaerense, al enterarse de la orden de captura contra la ex presidente Martínez de Perón. Que se esclarezcan todos los crímenes. Pero que también investiguen los asesinatos de Rucci, de Vandor y de Alonso” dijo el jueves desde Brasil, donde integraba la comitiva presidencial.

El capitán Maidana

Ni la Procuración General ni el ministerio de Seguridad bonaerenses pudieron obtener pruebas categóricas en aval de sus respectivas hipótesis sobre el secuestro de Gerez, aunque ambos han detectado contradicciones en el otro sector. Acaso la mayor novedad de la semana haya sido la decisión de los fiscales de Escobar de prescindir de los dos instructores judiciales enviados por la procuradora Falbo, quienes no aceptaban otra línea investigativa que la que se vuelca hacia el propio Gerez. Una vez recuperado el control del expediente, las fiscales recibieron el testimonio bajo identidad reservada de un policía de Escobar, quien narró un diálogo con el conductor del patrullero que la cuadrícula tenía asignado a las calles del barrio Lambertucci donde se produjo el secuestro. Su colega le dijo que había abandonado ese recorrido y se había dirigido al centro de Escobar por orden del capitán Maidana, segundo jefe de la comisaría local. Pero tanto el conductor del patrullero como su acompañante declararon que eso no era cierto. El mismo capitán Maidana comunicó en un tono que los dirigentes de la colectividad de residentes de Bolivia consideraron intimidatorio, el asesinato en Bella Vista de una pareja de bolivianos, Ernesto Yanaje y Norberta Quispe, que vivían a media cuadra de la casa donde estaba Gerez aquella noche. Las motivaciones de ese crimen no se conocen. La contradicción entre los policías respecto del recorrido del patrullero no podrá resolverse con medios técnicos, porque en el móvil que conducían esa noche aún no se había instalado el dispositivo emisor de señales que permite su detección satelital. En cambio, el sistema AVL estableció que varios patrulleros cuya cuadrícula estaba muy alejada, aparecieron esa noche en la periferia del domicilio donde Gerez había ido a comer un asado, sin una explicación satisfactoria hasta ahora. A la hipótesis de una zona liberada se suma así la de un operativo de protección a los secuestradores.

Los carniceros

En el otro platillo de la balanza, hasta ahora no se sabe que las fiscales hayan encontrado ningún elemento sospechoso en el disco rígido de la computadora ni en los teléfonos celulares secuestrados a la esposa de Gerez, Mirta Praino. La hostilidad de las funcionarias hacia los amigos de Gerez se originó en una conversación que escucharon al intervenir sus teléfonos, en la que se aludía a una supuesta relación erótica de una de ellas con Patti. Por eso, un testigo le recomendaba a otro ser cuidadoso con sus declaraciones. Así, la malquerencia entre la víctima del delito y las funcionarias encargadas de investigarlo es recíproca y deriva en interpretaciones suspicaces de hechos triviales. La diferencia es que mientras Gerez y sus allegados desconfían porque perciben una orientación tendenciosa de la causa, las fiscales hacen ejercicio del poder de un modo por lo menos curioso. El viernes 12, el testigo Orlando Ubiedo circulaba con su auto por el centro de Escobar cuando varios vehículos le cerraron el paso y lo rodearon. Lo introdujeron por la fuerza en un auto y la escena fue registrada por un fotógrafo del diario pattista que acompañaba a la partida. Los policías recién se identificaron cuando Ubiedo oprimió el pulsador que le entregaron en su carácter de testigo protegido. Hasta ese momento la operación parecía un secuestro. Ni el gobierno provincial ni las agrupaciones políticas con las que Gerez está vinculado (que lo pasearon de un lado para el otro haciendo papelones) habían pensado en algunas medidas elementales. El ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco no se sintió concernido por el tema. Nadie le indicó a Gerez que debía presentarse como particular damnificado y designar un abogado, para tener acceso a la causa y diseñar una estrategia jurídica. Recién después de la emboscada a Ubiedo y el secuestro de la computadora de Mirta Praino, y cuando las fiscales se proponían realizar un careo compulsivo entre varios amigos de Gerez, el sábado 13, organismos defensores de los derechos humanos se comunicaron con el abogado César Sivo, ofrecido por la secretaría de derechos humanos de la provincia, quien viajó desde Mar del Plata para hacerse cargo. En cuanto llegó, las fiscales pospusieron el careo que con tanta urgencia intentaban realizar. Las fiscales asignan gran importancia a ciertas contradicciones, que sumadas a la ausencia de testigos tanto del momento del secuestro como del acto de la liberación, alimentan las suspicacias con que se condujeron desde el día uno, cuando Patti apuntó a la propia víctima. Por ejemplo, Gerez contó que lo introdujeron a la fuerza en un vehículo cuando iba hacia la carnicería, pero el carnicero, su esposa y su hija declararon que el albañil llegó a la carnicería junto con el dueño de la casa, Jorge Altamirano, con quien se retiró luego de hacer las compras. Pero Gerez nunca dijo que fue una sola vez a la carnicería. Su relato repetido por Emilio Pérsico cuando aún no había aparecido fue que salió a buscar algo más para echar a la parrilla cuando advirtió que se habían quedado cortos. Los carniceros no tienen por qué saber de la segunda vez, ya que Gerez no pudo llegar al negocio.

Locos por los medios

La ansiedad por los medios suma confusión a la confusión. El gobernador Felipe Solá citó a los funcionarios de su gobierno que militan en el Movimiento Evita para reprocharles “el exceso de protagonismo”. Pero dejó trascender el día anterior la realización del encuentro, de modo que al finalizar la reunión, esos dirigentes volvieron a enfrentar a la prensa. El efecto fue el contrario al que se decía buscar. Contaron lo mejor que pudieron los datos de la investigación que Solá les había comunicado y confundieron la camioneta con vidrios polarizados vista por una testigo con el móvil policial ausente de su recorrido. Informadas de sus declaraciones, las fiscales les doblaron la apuesta. Redujeron sus afirmaciones a “datos sueltos que se intentan hilvanar de un modo forzado” o “aportes sin asidero ni trascendencia para la resolución del caso” y llegaron a calificar la ausencia del patrullero como una mera “desprolijidad” policial que sólo podría dar lugar a una sanción administrativa. Por buenas o malas razones, al acercarse el primer mes del secuestro la falta de contundencia de los hallazgos que confirmen las hipótesis divergentes tanto del ministerio de Seguridad como del Ministerio Público Fiscal amagan confluir en un típico caso argentino, del trillado rubro No sabe/No contesta, donde la información es escasa y las hipótesis a voluntad de quien las emite.

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El abogado José María Sacheri (a la derecha) en el acto de la Plaza San Martín en el que pidió la amnistía para los represores de la última dictadura.
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