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”Una vez más el Poder Ejecutivo pone en evidencia el desprecio por el ordenamiento jurídico y alienta y premia el incumplimiento de las obligaciones por parte de los bancos”, expresó el defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino. Lo hizo en el “memorial” que presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La Sala V de ese tribunal tiene a estudio una apelación presentada por el Gobierno contra un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto que frenó por 120 días las ejecuciones contra el corralito.
Según Mondino, el Ejecutivo violó el derecho de propiedad, el principio de seguridad, legalidad y razonabilidad. Aunque reconoció que “la emergencia económica puede justificar mayores restricciones temporarias al derecho de propiedad que las autorizadas en épocas de normalidad”, el ombudsman advirtió que es “inadmisible su total suspensión”, lo que estimó que ocurre en este caso. “Toda suspensión de garantías constitucionales viola, en forma manifiesta, la forma republicana de gobierno y el principio de división de poderes”, señaló el funcionario.
El memorial sostiene que la Justicia “debe controlar que el Poder Ejecutivo permanezca dentro de los lineamientos fijados por la Constitución Nacional, examinando la razonabilidad del contenido de todas las normas sancionadas”. Así, denunció la existencia de “un proceso de desconstitucionalización de las instituciones”, que altera el “sistema de frenos y contrapesos que debe existir”. Y agregó que “para que la Constitución siga vigente se requiere conservar, como un valor absoluto, la división de poderes”. En otro párrafo del escrito de 60 carillas, Mondino reconoció que existe una situación de emergencia, pero advirtió que eso “no puede ser utilizado como excusa para justificar decisiones políticas”.
El defensor del Pueblo consideró que “ni el apuro presidencial, ni la conveniencia, ni la urgencia valorada por el Poder Ejecutivo configuran la imposibilidad que en circunstancias excepcionales habilita a dictar un decreto de necesidad y urgencia”. Por eso entendió que el decreto 1316, que dispuso suspender por 120 días la ejecución de las sentencias anticorralito, “resulta arbitrario, no razonable y sin ninguna duda afectando los intereses de los ahorristas”, ya que “reiteradamente violenta derechos y garantías constitucionalmente reconocidos”. De hecho, así también lo había entendido la jueza en lo contencioso administrativo Emilia García al declarar su inconstitucionalidad.
Mondino se quejó enfáticamente por el planteo del procurador del Tesoro en cuanto a su falta de legitimación procesal. “Si el actual Gobierno pretende dar transparencia a sus actos con activa participación de todos los organismos de contralor, no parece política ni jurídicamente atinado que el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado, en pos de obtener un resultado favorable en este juicio, plantee la falta de legitimación del defensor del Pueblo de la Nación”, argumentó el funcionario.
“El Poder Ejecutivo nacional debe darse cuenta que un ahorrista que se enfrenta a una alteración sorpresiva de su situación patrimonial, que debe hacer frente de modo inmediato a las diversas necesidades cotidianas y que reclama ante un Poder Judicial desbordado, se encuentra en un grave riesgo psicofísico producido por el estrés y la angustia que esta situación le provoca”, describió Mondino al considerar la situación desde una óptica humana. “Se genera un desconcierto inadmisible en un estado de derecho acerca de la disponibilidad de los depósitos, ya que los mismos bancos acusan falta de solvencia para devolverlos, a más de la incertidumbre propia que provoca la gran profusión de normas de todo el estamento legisferante que restringen aún más la propiedad de los ahorristas”, completó. Se preguntó “quién asegura que al momento de vencer el plazo de 150 días hábiles el Banco Central vaya a dar cumplimiento con la medida cautelar o con la sentencia definitiva?”. Y se respondió: “Es de públicoconocimiento que las autoridades del Banco Central de la República Argentina han expresado que la entidad no se encuentra preparada para atender a los miles de ahorristas”.