EL PAIS › OPINION

Con derecho a la memoria

 Por Maria Eva Rearte *

Con el mismo estilo pejotista con que sirvió en la presidencia de Carlos Menem, siendo uno de los directores ejecutivos en la Anses y más tarde en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gabinete de Mauricio Macri, se juega claramente y veta a través del decreto Nº 43 el Proyecto de Ley 2601 de Resarcimiento Histórico a los Presos Conintes, que fuera aprobado por la Legislatura porteña el 6 de diciembre pasado.

En su argumentación para el veto, el señor Rodríguez Larreta plantea que la circunstancia de haber estado detenido en Capital Federal, o que las víctimas se hallen residiendo en la actualidad en la ciudad con un año de antigüedad, invitaría a una reparación de alcance nacional. El temor del jefe de Gabinete subsanaría daños a no más de cien personas en todo el país (como harto hemos explicado mordiéndonos los labios a cuanto funcionario interesado en la erogación económica del proyecto). Basta con hacer números. La aplicación del nefasto Conintes se realiza hace exactamente 50 años, momento en que su padre, Horacio Rodríguez Larreta –empresario y economista– era uno de los jóvenes brillantes del entorno del presidente Arturo Frondizi. Luego de transcurrido medio siglo, hoy, el más jovencito de los sobrevivientes bordea los 70 años. El onganiato, la masacre de Ezeiza, la Triple A, el Proceso de Reorganización Nacional y la calidad de vida que caracterizó las democracias de los ’80 a la fecha, colaboraron para la razzia social que también involucra a la militancia Conintes. La ciudad, con toda la fuerza, no cuenta con más de 15 sobrevivientes y/o familiares vivos. Y esto lo sabe el señor jefe de Gabinete.

El siguiente punto que destaca la negativa resalta que no se han acompañado con el Proyecto de Ley los estudios técnicos de la especialidad que permitan tener una idea acabada tanto del número de beneficiarios potenciales del programa como del importe final. Suena increíble que, de existir voluntad política de llevar a cabo un acto de justicia con los viejos y viejas militantes, los estudios técnicos no puedan ser realizados por el mismo Ejecutivo. Cabe destacar que, por el bien de los vecinos, esta administración en menos de un mes de gobierno sube hasta un 200 por ciento los impuestos; modifica las normativas para las licitaciones en las escuelas que, dice, arreglará; pide gobernar por decretos de necesidad y urgencia intentando borrar a la oposición; dice cuidar el bolsillo de la ciudadanía y sin demasiados cálculos arroja de una y a la calle a 2500 trabajadores contratados (también vecinos), porque a ojo de buen cubero todos ellos son ñoquis; o como todos sabemos, sin previo arqueo de cajas y por la sensibilidad que movilizan sus funcionarios, les aumenta casi un 180 por ciento sus sueldos.

Luego señala que, en esta inteligencia, cabe señalar que el gasto que implicaría el inicio del programa en cuestión no fue oportunamente valuado, ni ponderado, y actualmente se carece de recursos específicos para ser destinados a su implementación, no contándose en la actualidad con partidas para afrontarlos. No escapa a nadie que, para lograr el proyecto de ley, estos temas son el eje de discusión y consenso para la construcción legislativa. Igualmente, de los puntos anteriores se deduce que, con furia, el subsidio (y no programa) a los 15 posibles sobrevivientes que contemplaría el Proyecto de Ley resultaría para el Presupuesto de la ciudad alrededor de una suma de 30 mil pesos por mes. Precio muy por debajo de los que la consultora de servicios empresarios PWC podría llegar a cobrar por mejorar los recursos y el desempeño del personal municipal. Un poco bastante menos de lo que cada una de las víctimas perdió: a lo largo de su vida signada por el hacer político hace 50 años, por los no beneficios laborales de los trabajos informales que se vieron conminados a asumir por la persecución ideológica y más tarde por las discriminaciones en la edad; por efecto de los desfalcos que se cristalizan en las magras asignaciones jubilatorias que cobran, como todos, los ex asalariados del Conintes.

Finaliza Horacio Rodríguez Larreta, dejando abierta una hendidura para el lavado de su conciencia: “Sin perjuicio de que oportunamente se lleven adelante acciones de gobierno que permitan asistir particularizadamente a aquellas personas comprendidas dentro del universo de potenciales beneficiarios del mismo”. Aquí la frase resulta confusa. No se trata de dádivas, ni contemplaciones. Las acciones de gobierno frente a la vulneración de derechos no admiten particularizaciones sino justicia. Los potenciales beneficiarios son las víctimas de un régimen democrático que traicionó pactos de gobernabilidad con el peronismo; persiguió, torturó y encarceló a los votantes, luego de garantizarse con ellos la asunción en la conducción de la República. No hay potenciales, hay deuda histórica.

* Psicóloga, integrante de la Mesa de la Resistencia Peronista.

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