El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, aseguró que en la Casa Rosada confían en que el Tribunal Internacional de La Haya reconozca el reclamo contra la instalación de Botnia. Lo hizo al comentar la primera reunión de los vecinos de Gualeguaychú con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que el Gobierno rechazó la propuesta de aplicar el Código Aduanero y una ley de la madera para impedir que la pastera se abastezca de materias primas en la Argentina. El ministro reiteró que la estrategia oficial está centrada en el juicio que se desarrolla en la Corte de la Haya, “ése es el ámbito habilitado”.

El funcionario recordó que para el Estado argentino, el gobierno del vecino país violó el Estatuto del Río Uruguay al autorizar unilateralmente la instalación de la fábrica. “El tratado dice que cualquiera de los países que quiera hacer algo que modifique la calidad de las aguas tiene que llegar a un consenso previo con el otro país”, señaló.

En ese marco, reseñó tres momentos en los que el gobierno uruguayo no respetó el tratado internacional. “En octubre de 2003 dio la primera habilitación a la planta de Ence; un año y pico después se otorgó también a Botnia. Más tarde, con el gobierno de Tabaré Vázquez, el 5 de julio de 2005 le dieron además la autorización para hacer el puerto. Las tres (decisiones) fueron unilaterales. Si tenemos la razón, como estamos convencidos de tenerla, porque no se cumplió con el tratado, (esperamos) se nos reconozca en el ámbito habilitado para ello que es la Corte Internacional de La Haya”, concluyó el ministro.

La postura del Gobierno durante la reunión del jueves en la Casa Rosada frente a los asambleístas fue la de explicarles que estaban dispuestos a apoyar sus reclamos dentro del marco de la “institucionalidad”, pero que no lo harían en todo lo que consideraban que la excedía. Por ejemplo, cuando la Presidenta explicó que no estaba de acuerdo con los cortes de ruta, aunque aclaró que no haría nada porque los levantaran.

La sensación que les quedó a los funcionarios que participaron del encuentro fue que los asambleístas buscan alguna manera elegante de levantar el corte, pero que no escucharon nada que los convenciera de parte de la Presidenta. “Es que se les fue de las manos y ahora los medios se les están poniendo en contra”, sostenía el funcionario.

El corte sobre la ruta 135 cumplirá el 20 de febrero un año y tres meses. La asamblea le dejó a la Presidenta la invitación para que visite la ciudad para apoyar su reclamo, pero en el encuentro realizado en la Casa Rosada quedó claro que el viaje no se concretará mientras el corte continúe. Los vecinos ratificaron su continuidad, pero al mismo tiempo están buscando acciones que den nuevo impulso al pedido de relocalización de Botnia. El uso del Código Aduanero y la ley de la madera no consiguieron el respaldo oficial. En cambio, el Gobierno dijo que apoyará la presentación de nuevas demandas contra la pastera ante tribunales europeos. Las denuncias serían impulsadas por argentinos residentes en el exterior, con el fin de cuestionar públicamente a la empresa en escenarios del Primer Mundo.